La Presidenta de la Asamblea presentó una nueva acción de protección. Es la tercera vez que recurre a estas instancias para evitar cualquier intento de removerla del cargo. La crisis legislativa está lejos de solucionarse.
Ha pasado una semana desde que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), sin su presidenta, Guadalupe Llori (PK), ni la vocal Nathalie Arias (BAN), calificó la denuncia administrativa que el asambleísta Esteban Torres presentó en contra de Llori por supuesto incumplimiento de funciones. Sin embargo, el tema no termina por resolverse. Al contrario, Llori no ha dudado en recurrir, nuevamente, a la Justicia ordinaria para frenar todo intento de sacarla del cargo.
El jueves de la semana pasada, a las 17:29, a puertas del feriado, presentó una acción de protección en contra del primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (independiente); de la segunda vicepresidenta, Yeseña Guamaní (ID); de los vocales Darwin Pereira (separado de la bancada de PK), Ronny Aleaga (UNES) y Johana Moreira (ID), integrantes del CAL que en su resolución solicitan a Llori que convoque a sesión del Pleno para integrar la Comisión multipartidista que la evaluará. El ingreso de esa demanda se hizo público hoy, pero su contenido aún se desconocía.
Es la tercera vez que Llori recurre a instancias judiciales. La primera fue el 4 de abril, cuando pidió medidas cautelares en contra del Pleno para que se abstenga de tratar la integración de la Comisión, medidas que le fueron otorgadas.
En la segunda ocasión acudió a la Fiscalía General, el 8 de abril, para presentar una demanda penal contra los mencionados integrantes del CAL por arrogación y usurpación de funciones. Dos días antes la nueva mayoría del CAL había apelado su Presidencia, medida que fue aprobada con cinco votos a favor.
Para Torres, la acción de protección no es más que otra medida “desesperada” a la que se aferra Llori, en un intento por buscar la injerencia de la Justicia en decisiones de la Asamblea. El asambleísta estaba preparando un escrito para que se le permita participar en la audiencia de la acción de protección, que aún no ha sido fijada, con el objetivo de pedir a los jueces que desechen el pedido “por ser improcedente”. “La injerencia de la Justicia en la Asamblea no puede ser tolerada ni permitida”, dijo.
Por su parte, Julio César Sarango, asesor jurídico de la Presidencia de la Asamblea, negó que se busque una injerencia y aseguró que Llori está amparándose en lo que establece la Constitución para que se respete, en toda instancia, el debido proceso.
Entre denuncias
Mientras Llori espera el resultado de la acción de protección, el asambleísta independiente Bruno Segovia prepara una denuncia en su contra por gestionar cargos públicos en Orellana. El legislador informó que estaba pidiendo documentación certificada, ya que tras las acusaciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, de que hay legisladores que le chantajeaban a cambio de votos, recordó que mantuvo una conversación en el despacho de Llori, en la que le había mencionado que había puesto “hasta el último teniente político en Orellana”. “Las denuncias no deben ser selectivas, no hay tramitadores buenos y tramitadores malos”, dijo Segovia. Agregó que a los asambleístas les está prohibido gestionar nombramientos de cargos públicos, por lo que su denuncia deberá conocerla el Comité de Ética de la Asamblea. La causal que invoca Segovia podría llevar inclusive a la destitución de Llori como asambleísta, no sólo del cargo de Presidenta.
Sin convocatoria
La sesión del Pleno para que se integre la Comisión evaluadora no ha sido convocada por Llori, quien aseguró que la resolución del CAL en ese sentido es nula. Criterio con el que coincide la bancada oficialista, cuyo coordinador, Juan Fernando Flores, manifestó que no defienden a Llori, sino la institucionalidad de la Asamblea.
Pero para otras bancadas, si Llori no convoca a esa sesión la alternativa sería la autoconvocatoria, para lo que necesitan 92 firmas de respaldo. En un primer intento de autoconvocarse lograron poco más de 80 firmas. Alejandro Jaramillo (ex ID) aseguró que esta vez ya cuentan con las firmas requeridas. Mientras que Mario Ruiz (separado de la bancada de PK) dijo que es un incumplimiento más de la presidenta Llori. “No hay voluntad, se aferra al cargo, se niega a la evaluación”, dijo Ruiz.
