Desde el crimen organizado y la falta de acceso a información, hasta ataques directos desde el Gobierno a medios de comunicación. Este 3 de mayo se celebra el Día de la Libertad de Prensa y te traemos un balance del estado de estos derechos en el país.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Ecuador ocupó el puesto número 110 de los países respecto a su libertad de prensa en el mundo en 2024. Una cifra que lo coloca entre los que mantienen una puntuación más baja en la región y en el mundo, a la par de Colombia, Bolivia y Perú y sólo por delante de Venezuela. Y es que la libertad de prensa y de expresión han sido dos temas que han salido a debate cada año y que varían, según diferentes factores, pero que todavía no vislumbran un futuro pleno en el país.
En su más reciente Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, Reporteros Sin Fronteras (RSF) —que será actualizada mañana— no sólo alertó de una caída sostenida en las condiciones para el ejercicio periodístico en Ecuador, sino que también advirtió de un deterioro “brusco y preocupante”. El país descendió 30 posiciones en un solo año, desde el puesto 80 en 2023 al 110 en 2024, el retroceso más pronunciado en toda América Latina. ¿Las razones? RSF las sintetizó en una frase contundente: “La crisis política y el auge del crimen organizado han alterado el funcionamiento de la democracia”. La prensa está pendiente de los datos de este año, que presentará RSF, para ver la evaluación de este derecho en el país.
A esa lectura se suma el análisis interno. Según el Informe Anual de Fundamedios 2024, titulado ‘Mil rostros del crimen organizado contra la libertad de expresión en Ecuador’, el año cerró con 194 agresiones contra la prensa, una cifra inferior a los 265 casos de 2023, pero que, lejos de representar una mejora, muestra una mutación: ya no sólo se agrede desde el poder político, ahora se agrede desde el crimen organizado. De ese total, el 44,8% de los ataques provinieron de actores estatales, incluidos funcionarios públicos, pero más del 50% se perpetraron en el espacio digital, donde el anonimato y la impunidad crecen como una infección.
Lo que preocupa no es óolo el número, sino la naturaleza de los ataques. Hubo ocho periodistas exiliados en el año por amenazas creíbles contra su vida, lo que suma un total de 14 reporteros forzados al exilio en los últimos dos años. Además, se reportaron casos emblemáticos, como el asalto armado a TC Televisión en enero de 2024, en pleno horario en vivo, cuando un grupo criminal irrumpió en el set con fusiles y granadas. O la cancelación de espacios informativos por decisión estatal, como ocurrió con el programa ‘Gente en Acción’, retirado por el Municipio de Quito sin explicación transparente.
El informe también identificó que Pichincha y Guayas concentran la mayoría de agresiones, aunque el fenómeno se ha dispersado a otras zonas de alta conflictividad. La organización reiteró que, aunque la Ley Orgánica de Comunicación fue reformada en 2022 para eliminar las figuras de censura directa, el Estado ecuatoriano aún no ha implementado de forma efectiva el Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico, contemplado legalmente pero aún sin recursos ni personal operativo.
Desde la academia, la preocupación es la misma. Tania Orbe, periodista y coordinadora de la carrera de Periodismo en la USFQ, lo describe así: “Las familias y estudiantes se cuestionan si vale la pena estudiar periodismo en este contexto de alto riesgo. Sin libertad de expresión, no hay democracia, y Ecuador vive una situación crítica”. Ella, desde el Observatorio Interuniversitario del Medio Ecuatoriano, advierte también sobre la creciente desinformación en contextos electorales, el uso de inteligencia artificial generativa para manipular discursos, y el debilitamiento institucional como barrera directa a la libertad de prensa.
Los organismos internacionales coinciden. Human Rights Watch reconoció los avances legales tras la derogación de la ‘ley mordaza’ en 2022, pero subrayó que los cambios normativos no han sido suficientes para garantizar un ambiente seguro para los periodistas, especialmente cuando el crimen organizado marca nuevas líneas rojas informales: zonas a las que nadie entra, temas que nadie toca. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido alertas reiteradas sobre la impunidad, el uso excesivo de la fuerza contra reporteros durante protestas y la lentitud del sistema judicial para investigar ataques.
En suma, el balance no es alentador. Ecuador vive en una contradicción sostenida: posee un marco legal relativamente progresista, con una Ley de Comunicación garantista y mecanismos de protección en papel, pero la práctica se ve erosionada por la inseguridad, la violencia, la inacción estatal y la precarización de los medios. El resultado es un ecosistema informativo frágil, donde la libertad de expresión es más una declaración de principios que una garantía efectiva. Y donde el periodismo, muchas veces, sobrevive más por convicción que por condiciones reales.
Y aunque la situación, según informes de organizaciones y expertos, es mejor que la vivida durante la década correísta que suponía varios riesgos estatales para los medios de comunicación y líderes de opinión; los riesgos contra estos derechos siguen vivos. ¿Cuáles son?
Riesgos constantes
El riesgo no siempre se anuncia con disparos o amenazas directas. A veces llega como silencio, como acceso denegado, como una orden no escrita que impide preguntar. A veces, ni siquiera es una prohibición: es un clima. Un ambiente donde los periodistas aprenden a callar antes de que alguien los mande a hacerlo.
En Ecuador, la libertad de prensa y expresión ya no está solo en disputa entre medios y gobiernos. Hoy se juega en un triángulo desigual, donde el crimen organizado, el Estado debilitado y la precariedad estructural del ecosistema mediático compiten por imponer sus límites. Y el periodismo, en medio, busca sobrevivir sin renunciar a su razón de ser.
Crimen organizado:
El primer gran riesgo, y el más creciente, es la penetración del crimen organizado en zonas del país donde ni la justicia ni las Fuerzas Armadas logran tener control. Según Paúl Mena, periodista de investigación, hoy hay “vastos territorios en el país donde el Estado no puede entrar, y donde el periodismo tampoco puede contar lo que ocurre sin arriesgar la vida”. Lo que antes eran coberturas de alto riesgo, hoy son directamente zonas silenciadas.
La consecuencia inmediata ha sido la autocensura. Lo explica con crudeza Arahí Vega, periodista de La Hora: “Te arrincona la autocensura. Sabes algo, tienes la información, pero dices: mejor no la publico, mejor no pregunto. Porque el sistema judicial y policial está contaminado, y no sabes si quien recibe tu solicitud de información es parte de una red criminal”. Menciona el caso de Mayra Salazar, funcionaria de la Corte del Guayas, hoy procesada por vínculos con la trama criminal conocida como ‘Metástasis’. “Era ella quien recibía nuestros pedidos de información”, dice Vega. “Y ahora sabemos que trabajaba para las mafias. Eso cambia todo”.
Esta presencia difusa pero tangible del crimen organizado no solo limita coberturas. También genera miedo estructural. En palabras de informes de organizaciones de defensa de la libertad de prensa, “el narcotráfico ha comenzado a operar como un regulador informal del periodismo”, y lo hace mediante amenazas, mensajes cifrados, presencia intimidante en coberturas judiciales y agresiones directas. En el informe anual de Fundamedios se detalla que al menos ocho periodistas se vieron obligados a exiliarse en 2024 por amenazas vinculadas al crimen organizado, y que en varias provincias, como Esmeraldas o Guayas, ya se habla de “zonas silenciadas”, donde los medios han optado por no publicar investigaciones sensibles para evitar represalias.
Violencia institucional:
El Estado, mientras tanto, se ha vuelto un actor ambiguo. Ya no opera con los niveles de agresión sistemática vistos durante el correísmo, pero sigue representando un riesgo, ya sea por omisión o por prácticas puntuales que alimentan la desconfianza.
Uno de los principales problemas actuales es la falta de garantías para el ejercicio periodístico, incluso durante coberturas normales. Arahí Vega lo ejemplifica con una escena: “Me han agredido frente a policías, presentándome como prensa, y no han hecho nada. No hay protocolos, no hay coordinación. Terminamos regresando solos de coberturas peligrosas, mientras la Policía ya cumplió su parte y se retira”. La periodista también denuncia que, durante coberturas judiciales, no existen filtros para proteger la integridad de los reporteros. “Nos encontramos en los pasillos con gente que no sabes quién es, que te toma fotos, que te sigue”, dice.
Tania Orbe, desde la academia, confirma esta lectura: “Eso, más allá de una debilidad normativa, es una quiebra ética del Estado”.
Pero los riesgos no se quedan en la pasividad. En palabras de Paúl Mena, la administración de Daniel Noboa ha mostrado señales que ponen en entredicho su respeto por la libertad de expresión: “No se nota ningún compromiso con el derecho a informar. Recordemos que durante la campaña, las organizaciones internacionales solicitaron a los candidatos pronunciarse a favor de la libertad de prensa, y ninguno lo hizo”. En lugar de eso, dice Mena, el Gobierno usó medios incautados, que deberían estar al margen de cualquier partido, como plataformas de propaganda electoral. “Se usaron recursos públicos y canales estatales en favor de la imagen de Noboa. Eso contraviene el principio de equidad informativa y también afecta a la libertad de prensa”, denuncia.
Uno de los casos graves que relata ocurrió también durante la campaña presidencial. El portal digital dirigido por la periodista Catrina Tala fue allanado por la Policía, sin que, según Mena, existiera una orden judicial clara. ¿El motivo? Semanas antes, Tala había publicado una entrevista con la exesposa del presidente, quien realizaba acusaciones sensibles en su contra. Para Mena, este hecho revela un patrón preocupante: “Ese allanamiento, en ese contexto, sólo puede leerse como un mensaje para desincentivar voces críticas”. La operación, ejecutada sin un debido proceso, fue denunciada por organizaciones. que pidieron esclarecer las razones legales detrás de la intervención.
Precariedad y erosión:
A estos riesgos se suma otro, más estructural pero igual de peligroso: la precariedad económica que enfrentan los medios y periodistas, especialmente tras la pandemia y el corte de fondos internacionales para el fortalecimiento democrático. “Muy pocos medios han salido de esa crisis. Hoy, la mayoría sobrevive con clickbait, sin investigaciones profundas. Las unidades investigativas han desaparecido”, dice Mena. “Y los pocos medios digitales que siguen haciendo periodismo serio están golpeados por la falta de recursos y por un entorno hostil”.
Esto no sólo afecta la calidad informativa. Afecta la democracia. En ese terreno de medios frágiles y audiencias vulnerables, la desinformación gana espacio. Tania Orbe, desde el Observatorio Interuniversitario del Medio Ecuatoriano, lo ha documentado: “Durante la campaña de 2025 se usaron herramientas de inteligencia artificial generativa para manipular información de forma nunca antes vista en el país. Más sofisticado incluso que lo que hemos monitoreado en México o Venezuela”.
Lo que está en juego ya no es sólo el derecho a informar o ser informado. Es el derecho a decidir con información verificada, en un país donde la verdad no esté secuestrada por los algoritmos, los fusiles o los discursos de odio. En esto concuerdan los expertos. Porque como lo resume Orbe: “Menos libertad, menos poder sobre la economía, sobre la política, sobre la vida. Menos libertad, menos país”.
A veces la libertad no se mide en leyes ni en rankings. Se mide en minutos de espera frente a una oficina cerrada, en una llamada que nunca devuelven, en un mensaje que dice “ten cuidado” y que nadie firma. Se mide en el silencio que sigue después de que alguien te advierte que esa historia, mejor no la cuentes. O que, si la cuentas, la firmes con otro nombre.
Esa es la libertad, o lo que queda de ella, para quienes ejercen el periodismo desde adentro. No como diagnóstico, sino como oficio. No como un concepto jurídico, sino como una forma de vida donde el miedo, el cansancio y la vocación conviven todos los días. Por esto, los periodistas consultados aseguran que la libertad de prensa en Ecuador se encuentra en situaciones críticas.
Arahí Vega lo sabe de cerca. Para ella, el mayor retroceso en la libertad de expresión no está en las mordazas visibles, sino en los mecanismos opacos de la burocracia que entorpecen el derecho a informar: “No es que haya censura directa, pero sí se ha debilitado mucho el acceso a la información pública. He esperado más de dos, tres meses una entrevista con ministros. Eso no es casualidad: es una forma de impedir que hagamos nuestro trabajo”, relata.
Y no es el único obstáculo. Vega denuncia una práctica cada vez más común en instituciones públicas: exigir las preguntas por adelantado. “Eso no se debe hacer. Y, sin embargo, lo hacen. No solo piden los ejes, sino las preguntas completas. Eso bloquea la repregunta, limita el periodismo real. Y lo peor es que se ha normalizado”.
A eso se suma la amenaza constante del crimen organizado. En su experiencia como reportera judicial y en zonas de riesgo, Vega ha aprendido que el miedo ya no es una excepción. “La autocensura es una forma de defensa. A veces sabes cosas, pero no las publicas porque no sabes quién está del otro lado. El sistema está contaminado: Policía, Fiscalía, juzgado ¿cómo investigar si no sabes si quien te recibe es parte de una red criminal? Hoy la el no firmar una nota no es suficiente para garantizar la seguridad”.
Esa falta de garantías es una constante que también denuncia Paúl Mena. Pero él va más allá: no sólo habla del abandono, sino de las señales activas del poder contra la prensa. “No hay compromiso del Gobierno con la libertad de expresión. Durante la campaña, ni Noboa ni González se pronunciaron al respecto. Y Noboa, en lugar de comprometerse, usó recursos públicos y medios incautados como plataformas de propaganda”.
¿Por qué cuidar la libertad de prensa?
La importancia de la libertad de expresión trasciende fronteras y es reconocida por organismos internacionales como un pilar esencial de las sociedades democráticas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) destaca que este derecho es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades públicas y gubernamentales, siendo esencial para el funcionamiento de la democracia y la protección de otros derechos humanos.
Por su parte, Amnistía Internacional enfatiza que la libertad de expresión sustenta otros derechos humanos, como la libertad de pensamiento, conciencia y religión, permitiendo que estos florezcan. La organización subraya que defender este derecho es vital para responsabilizar a los poderosos y garantizar que las voces de todas las personas sean escuchadas.
Todo esto lo explica con claridad Tania Orbe: “La libertad de expresión es transversal a la vida democrática. Si no podemos contar lo que vemos, si no podemos desmentir mentiras, entonces la ciudadanía pierde su capacidad de decisión”. Para ella, el debilitamiento de este derecho ha dejado grietas que no sólo afectan a los medios, sino a la salud del Estado: “Un país sin prensa libre no puede atraer inversión extranjera, no puede garantizar derechos, no puede combatir la desinformación”.
Orbe insiste, además, en que la crisis no es sólo institucional o económica: es cultural. Un problema que se enraíza en cómo se consume información, en cómo se ha perdido la capacidad de dudar, de verificar, de exigir. “Hoy, la ciudadanía se ha acostumbrado a las verdades a medias, a creer lo que le conviene. Eso genera polarización, y la desinformación se vuelve el terreno fértil para el autoritarismo”. Por eso, desde la universidad y el Observatorio, impulsa programas de alfabetización mediática dirigidos no sólo a jóvenes, sino también a adultos y familias. “No basta con saber leer. Hoy necesitamos saber navegar la desinformación, entender los algoritmos, exigir fuentes, contrastar datos. La libertad también se cuida desde ahí”.
Pero el trabajo no puede quedarse solo en las aulas. El Estado tiene responsabilidades ineludibles. La más urgente: garantizar un entorno seguro y justo para el ejercicio periodístico. El Mecanismo de Prevención y Protección a Periodistas, creado por ley en 2022, aún no ha sido implementado plenamente, así lo denuncia Orbe. Fundamedios también destacó que este mecanismo no cuenta con presupuesto asignado ni personal operativo, y que, en consecuencia, es un instrumento inerte. “Una ley sin recursos no protege a nadie”, escribió la organización en su informe 2024.
Paúl Mena señala que cuidar la libertad de expresión implica más que discursos simbólicos. Requiere acciones: “Se necesita financiamiento real para proteger a periodistas, reglas claras que impidan el uso político de medios públicos, sanciones para quienes agreden desde el Estado o el crimen organizado. Y, sobre todo, voluntad política”.
Arahí Vega, desde la calle, desde la redacción, desde el campo judicial, aporta otra mirada. Para ella, cuidar la libertad de prensa también significa tejer redes de colaboración entre periodistas, compartir el riesgo, acompañarse en las coberturas, levantar la voz cuando una colega es atacada.
Así, el camino por un país con más libertad de expresión y de prensa es largo pero debe sumar cada vez más manos. El 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y hoy, más que nunca, es necesario sumar a esta lucha.
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