Cinco de las demandas son en contra de la Ley de Integridad Pública, cuatro en contra de la de Solidaridad Nacional y una en contra de la Ley de Inteligencia.
POR: Hugo Constante
“Consideramos que las leyes de Solidaridad Nacional, de Inteligencia y de Integridad Pública violentan derechos fundamentales no sólo de los trabajadores, sino del pueblo ecuatoriano”, aseguró esta mañana el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya.
El dirigente acudió hasta la Corte Constitucional para presentar la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Inteligencia y se prevé que la próxima semana presente una acción similar en contra de la de Integridad Pública. Bedoya aseguró que las tres normativas no han servido para combatir ni la inseguridad ni la corrupción, ya que no hay política de inversión social, de empleo, de fortalecimiento del sistema educativo.
Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) agregó que son tres leyes que han sido aprobadas por la Asamblea sin mayor análisis, sin mayor debate y sin mayor participación ciudadana.
Las tres leyes cuestionadas fueron remitidas por el presidente de la República, Daniel Noboa, y, aunque abordan temáticas diferentes y reforman normativas tan distintas como la ley de Transporte, el Código de la Niñez, la de Movilidad Humana y de la Función Legislativa, tiene un argumento común: que son necesarias para combatir la inseguridad, al crimen organizado, a la narcodelincuencia y para devolverle la paz a los ecuatorianos.
Sin embargo, Arellano aseguró que no tienen nada de “seguridad, de inteligencia ni de integridad”. Según la dirigente, el contenido está orientado a la flexibilización laboral, a la reducción de impuestos al sector privado con un “componente de autoritarismo y de control”.
El detalle
Desde que se instaló la nueva Asamblea, dominada por el oficialismo, Noboa remitió los proyectos de Ley de Solidaridad Nacional y Integridad Pública con el carácter de urgente en materia económica, lo que reduce su tiempo de tratamiento a máximo un mes cada una. Por su parte, la Comisión de Seguridad, con mayoría oficialista, “desempolvó” la Ley de Inteligencia, que se venía trabajando desde 2023 y logró aprobarla en este nuevo periodo legislativo.
Una vez aprobadas por la Asamblea, las tres normativas recibieron “visto bueno” de Noboa, quien de inmediato ordenó su publicación en el Registro Oficial para que entren en vigencia tal cual lo redactó la Asamblea.
Estas tres normas han acumulado hasta el cierre de esta edición un total de 10 demandas de inconstitucionalidad, según el portal web de la Corte Constitucional. De ellas, cinco están presentadas en contra de la Ley de Integridad Pública, cuatro en contra de la Ley de Solidaridad Nacional y tan solo uno en contra de la Ley de Inteligencia.
De las planteadas contra la Ley de Integridad Pública, una está a nombre de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidaria. Se pide que se declare la inconstitucionalidad de la disposición transitoria décimo primera, que ordena a la Junta de Política Monetaria que emita la regulación para identificar las cooperativas de ahorro y crédito que, con la finalidad de proteger los ahorros y aportes de la ciudadanía de las localidades y preservar la estabilidad financiera, deben transformarse en sociedades anónimas
del sector financiero privado, bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos.
El resto de demandas a esa Ley están presentadas por personas u organizaciones afines al sector público y los artículos que son cuestionados tiene relación, principalmente, con aquellos que reforman la ley que les rige en temas como la estabilidad laboral o a la evaluación de su desempeño.
Análisis
Para Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el que haya apenas una sola demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Inteligencia o en contra de artículos relacionados con seguridad que constan en otras leyes aprobadas pero que violentan derechos fundamentales, respondería que la ciudadanía en este momento tiene temor de iniciar acciones en ese sentido por temor a represalias, amenazas o por que la seguridad se está invocando como un interés nacional superior para mantener el orden en un estado de Derecho.
Por su parte, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen (ADN), ha manifestado que la Legislatura tiene un gran equipo de abogados que defenderán hasta el último “cada punto y coma” de los diferentes proyectos de Ley. “Hoy los ecuatorianos piden seguridad y esta Asamblea está trabajando para darle las herramientas al Ejecutivo para devolverle la seguridad a cada uno de los ecuatorianos”, dijo Olsen durante un conversatorio con la prensa.
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