El proyecto llegó el lunes por la noche a la Asamblea y están corriendo los 30 días para su tratamiento; sin embargo el CAL aún no designa ni la comisión que tratará la propuesta. El reloj sigue corriendo para una normativa que pone a prueba el pacto en el Legislativo.
El miércoles, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) mantuvo su primera sesión, en la que avocó conocimiento de dos solicitudes de juicio político, una en contra del exministro de Energía Fernando Santos Alvite y otra en contra del exministro del interior Juan Zapata.
Desde entonces no se ha vuelto a reunir, a pesar de que el lunes llegó a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, con el carácter de urgente en materia económica.
El proyecto debe ser calificado por el CAL para iniciar el tratamiento, pero, a pesar de lo “urgente” de la propuesta, aún no se conoce ni a qué comisión irá, si a la de Desarrollo Económico o a la de Régimen Económico, que son las especializadas en materia tributaria, que es de lo que trata el proyecto.
La asambleísta Esther Cuesta (RC), integrante del CAL, informó que se han suspendido al menos tres convocatorias a sesionar, incluída una prevista para hoy en la noche de manera virtual. Mientras tanto, el mes de plazo que tiene la Asamblea para tratar la normativa está corriendo. Son 30 días para hacerlo y ya han perdido cuatro.
Paúl Buestán (Construye) asegura que la situación preocupa, pero que demuestra que el resto de bancadas, las que integran la mayoría (PSC – RC – ADN), están enfocadas en cumplir la agenda de “pactos”, como las amnistías en la que se incluiría la solicitada por Ricardo Patiño, cuadro fiel del correísmo, o el mismo juicio político al expresidente Guillermo Lasso, que concluyó ayer, sin una censura, sino con una mera resolución sin fuerza legal. “Pero existen prioridades para el pueblo en materia económica, en generación de empleo que, de una u otra manera, se están abordando en este proyecto de ley urgente”, dijo Buestán.
Franklin Samaniego (RC) espera que el CAL se reúna pronto para remitir el proyecto a alguna comisión para iniciar el tratamiento; argumentó que el pueblo espera que la Asamblea sintonice con sus necesidades, como resolver el tema laboral y el económico.
El proceso
La convocatoria al CAL es potestad del presidente de la Asamblea, el socialcristiano Henry Kronfle. Su coideario Geovanny Benítez, justifica la demora. Recuerda que recién está semana se completó el CAL (esto no le impedía sesionar, ya que se necesitan cuatro integrantes de los siete que son para poder sesionar), que hubo el juicio político a Lasso y que el Pleno trató proyectos de Ley represados de la anterior administración. “Tenemos los tiempos suficientes para el tratamiento de esta Ley. (…) Tenemos un presidente de la Asamblea súper ejecutivo, que ha tenido la capacidad de aglutinar entre tanta divergencia los criterios prioritarios para el pueblo”, dijo. Aseguró que, una vez que el proyecto llegue a una comisión, trabajarán a “tiempo completo” en esta Ley, con lo que garantizó que no entrará por el Ministerio de la Ley. Pero reconoce que, mientras más tarde en llegar el proyecto a una comisión, más se acortan los plazos para desarrollar un análisis y debate a profundidad de una propuesta extensa.
Los plazos generales
Los plazos para el tratamiento de este proyecto de Ley están corriendo. El documento ingresó a la Asamblea el lunes, a las 22:52. La Constitución señala que los proyectos calificados de urgencia en materia económica deberán ser aprobados, negados o modificados dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción.
En la Asamblea, una vez asignada la comisión, esta tiene 10 días para presentar un informe para primer debate. Dentro de ese lapso deberá destinar un tiempo no menor a los cinco primeros días para convocar a comparecencias de sectores interesados en exponer sus argumentos.
Cumplido el primer debate en el Pleno de la Asamblea, a partir del cierre de la sesión, la comisión tiene cuatro días para presentar el informe para segundo debate, con las observaciones que se hayan generado en el primer debate. De por medio están los plazos para distribuir los informes para conocimiento de los asambleístas y para convocar a las sesiones del Pleno.
Si la Asamblea no se pronuncia en los 30 días señalados, el Presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial, por Ministerio de la Ley.
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