El proyecto que se votará mañana ha sido cuestionado por organizaciones de Derechos Humanos e incluso por algunos legisladores que han venido votando con el oficialismo. ¿Un proyecto que viola la privacidad de nuestros datos y le da poder sobre ellos al Ejecutivo?
POR: Hugo Constante
El proyecto de Ley de Inteligencia será el “termómetro” para medir mañana en la Asamblea qué tan consolidada está la mayoría legislativa que en las últimas votaciones le ha permitido a la bancada de ADN aprobar las diversas propuestas que ha presentado al Pleno.
Mañana la Asamblea votará este proyecto, que ha recibido serios cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil y de sectores políticos, por considerar que vulnera la privacidad de las personas, al contener normas que permitirán la intercepción de llamadas telefónicas o de correspondencia, sin necesidad de orden judicial previa, con el objetivo de garantizar la seguridad nacional.
En un comunicado conjunto, firmado por 31 organizaciones como Inredh, Yasunidos, Acción Ecológica, Mujeres de frente y Alianza por los Derechos Humanos, exigen el archivo de la Ley y aseguran que no responde a la necesidad de fortalecer la seguridad, sino que establece las bases para un sistema autoritario, lesivo a los Derechos Humanos, que concentra el poder en el Ejecutivo y reduce al mínimo los mecanismos de control y fiscalización ciudadana y judicial.
Para las organizaciones, el proyecto de Ley viola el derecho a la privacidad al permitir el acceso a datos personales y comunicaciones sin orden judicial; obliga a instituciones, empresas y personas a entregar datos bajo amenaza legal; permite el uso político del sistema de inteligencia con un ente rector nombrado directamente por el Presidente y sin mecanismos de supervisión autónoma, lo que puede ser fácilmente instrumentalizado para perseguir a críticos, opositores, periodistas y defensores de derechos.
¿Concentración de poder?
El proyecto de Ley de Inteligencia entrará directamente a votación porque el segundo debate se cumplió la semana pasada. El desarrollo de la propuesta estuvo a cargo de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, de mayoría oficialista, donde el texto final que será conocido por el Pleno fue aprobado con seis votos a favor —del oficialismo—; y cuatro en contra —tres del correísmo y uno del sector de Pachakutik que no apoya al Gobierno—.
El articulado propone la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia, que proporcionará información de inteligencia y contrainteligencia al Presidente de la República. La máxima autoridad tendrá rango de ministro y será designada por el propio Presidente.
Lo que preocupa a los críticos, por ejemplo, es que en esa autoridad nombrada por el Ejecutivo, concentraría un gran poder, ya que podrá solicitar sin mayor trámite la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones.
Inclusive los subsistemas de Inteligencia que se crean en esta Ley, como de las Fuerzas Armadas o de la Policía, si necesitan abrir, interceptar o examinar documentos o comunicaciones, deberán canalizarlo a través de la máxima autoridad nombrada por el Presidente.
Por otra parte, las operadores de telefonía estarán obligadas a proporcionar al Sistema y subsistemas de Inteligencia, sin necesidad de orden judicial sino sólo de una solicitud, información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de sus abonados que facilite su identificación y localización.
Otros detalles
El Sistema tendrá acceso a un fondo permanente de gastos especiales que constará en el Presupuesto General del Estado, pero el uso de esos gatos será información clasificada. El control de esos gastos especiales será trimestral ante el Contralor, quien deberá incinerar la documentación proporcionada.
En la Asamblea los requerimientos de información se podrán hacer sólo a través de la Comisión de Seguridad, observando los estándares y protocolos mínimos de clasificación de la información.
Por razones de seguridad, el Sistema podrá solicitar a entidades públicas la entrega y actualización permanente y vigente de las bases de datos e información que disponga; además, las instituciones públicas y organismos de apoyo, estarán obligadas a suministrar cualquier información que sea solicitada por el Sistema Nacional de Inteligencia.
En cambio, la primera disposición general establece que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, tendrán la obligación de entregar en forma segura, directa, gratuita y oportuna, la información requerida por el Sistema Nacional de Inteligencia o por la máxima
autoridad de los subsistemas de inteligencia militar y policial.
El ambiente legislativo
Entre las organizaciones que rechazan este proyecto de Ley consta la Conaie. Su presidente, Leonidas Iza, cuestionó a los legisladores de Pachakutik que han venido votando con el oficialismo, por lo que habrá que ver cuál es su posición mañana frente a un proyecto, que da amplias herramientas a un sistema de inteligencia que han rechazado históricamente.
Hasta el momento, de nueve legisladores de ese Movimiento, al menos seis han mantenido su respaldo al oficialismo en la Asamblea. Una séptima legisladora, Dina Farinango, había votado en abstención o en contra de las propuestas de ADN. Sin embargo, les apoyó en la votación para permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país, una propuesta que siempre ha sido rechazada por el movimiento indígena. Y estuvo ausente en la votación de la Ley de Solidaridad Nacional.
Para el asambleísta oficialista Andrés Castillo, vicepresidente de la Comisión, el proyecto reglamenta actividades que desde hace años vienen realizando las Fuerzas Armadas y la Policía. Dijo que la propuesta de normativa no vulnera la privacidad de las personas ni podrá ser usada políticamente, ya que está prohibido su uso fuera del Sistema o como prueba en casos judiciales.
Por su parte, los legisladores correistas manifestaron que es una normativa que atenta a los Derechos Humanos, a la privacidad de la ciudadanía y que daría amplios poderes al Ejecutivo.
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