Organizaciones que luchan por los derechos humanos y de la naturaleza consideran que el Ejecutivo trata de “callar” sus voces.
POR: Hugo Constante
Organizaciones de la sociedad civil cuestionan los argumentos del Ejecutivo para proponer el proyecto de ‘Ley para el control de flujos irregulares de capitales’, que fue remitido a la Asamblea con el carácter de económico, por lo que deberá ser tramitado en 30 días.
Tanto en el proyecto de Ley como en las declaraciones de los legisladores y funcionarios del oficialismo, el argumento central es que la ley está orientada a combatir las economías criminales que estarían financiando a organizaciones de la sociedad civil para que actúen en temas como la minería ilegal, manifestaciones violentas, entre otras expresiones.
Natalia Greene, representante de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma); Ricardo Buitrón, de Acción Ecológica; y Rocío Bastidas, del Cabildo Cívico de Quito, coincidieron en señalar que las leyes urgentes y las medidas promovidas por el Gobierno últimamente, como la fusión de ministerios, buscan desarticular el movimiento social que se dedica a defender derechos laborales, ambientales, de la naturaleza, de las mujeres, por lo que les resulta incómodo al poder de turno.
Los cuestionamientos
Buitrón dijo que, a través del último proyecto de Ley, el oficialismo maneja un discurso en el que asocia a las organizaciones defensoras de derechos con los grupos de delincuencia organizada, cuando son organizaciones que en décadas de trayectoria han trabajado en defensa de valores y principios: además de haber denunciando los atropellos que, dice, han ocurrido en los modelos de explotación de recursos naturales.
“Por esa razón, el mecanismo para acallar a estas organizaciones es ponerles normas y leyes que no son distintas a las que hace una década llevaron al cierre de algunas organizaciones ambientales”, dijo Buitrón.
Por su parte, Greene considera que el Gobierno busca una ley que “acalle” a esa sociedad civil que le pide al Gobierno que rinda cuentas de sus actuaciones, por lo que termina de resultar incómoda. Desde el campo del activismo, Greene recuerda que esas organizaciones que busca controlar el Gobierno son las que, precisamente, se oponen al extractivismo.
“No financiamos a la minería legal; muy por el contrario, la denunciamos y exigimos al gobierno que investigue la relación que existe entre la minería legal y la ilegal con el narcotráfico”, comentó la activista.
Los representantes de las organizaciones indicaron que el proyecto de ley plantea un supercontrol del Gobierno a las organizaciones de la sociedad civil a través de auditorías y facilita que se las disuelva, por lo que consideran que se está regresando al Decreto 16, creado por el correísmo como herramienta de persecución. Estas organizaciones plantean reactivar la asamblea nacional socioambiental y articularse en asambleas provinciales para movilizarse en contra de la propuesta de Ley.
Las voces críticas se suman
Mientras, organizaciones como Fundamedios y Diálogo Diverso, en un comunicado, expresaron su compromiso de contribuir de manera constructiva al debate sobre este proyecto de ley, con el objetivo de lograr una normativa que fortalezca el derecho a asociarse, pero que no imponga cargas desproporcionadas.
“Proponemos que la regulación estatal sea equilibrada, razonable y orientada a crear un entorno que facilite el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo su aporte al fortalecimiento de las democracia y al desarrollo del país”, consta en el comunicado.
También reiteran que apoyan los esfuerzos para prevenir el uso indebido de figuras asociativas con fines ilícitos, como el lavado de activos o el financiamiento de actividades delictivas.
En tanto que la asambleísta Mónica Salazar, excorreísta y ahora en el oficialismo, dijo que el “que nada debe, nada teme”, con lo que justificó que el Estado, a través de instituciones como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), puedan conocer de dónde provienen los recursos que financian a las organizaciones en el país ya que, por ejemplo, las fundaciones son creadas sin fines de lucro y tienen la misión de servir a los ciudadanos.
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