Aunque serán las directamente afectadas, la voz de las organizaciones no ha sido escuchada. Para el informe de primer debate, sólo se oyó al oficialismo.
POR: Hugo Constante
El primer debate del proyecto de ‘Ley de Fundaciones’ se cumplió hoy en el Pleno de la Asamblea, en medio de alertas sobre la inconstitucionalidad de la propuesta, las ambigüedades que presenta el texto, los riesgos de usar la norma como instrumentos de persecución y la posibilidad de que genere inseguridad jurídica, entre otros elementos. El oficialismo, sin embargo, mantuvo en el debate la narrativa de que es una Ley necesaria para combatir el lavado de activos que se estaría dando a través de ciertas organizaciones.
Y, aunque la Ley está dirigida a las organizaciones sociales, en la construcción del informe para primer debate las voces, aportes y observaciones que tendrían sus representantes están ausentes, ya que no han sido recibidos en comisión general a pesar de que han pedido audiencia.
En el informe aprobado por la Comisión y presentado al Pleno consta que se recibió a los siguientes representantes: Julio José Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); Christina Murillo, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; Sariha Moya, ministra de Finanzas; Damián Larco, director del Servicio de Rentas Internas (SRI); Ricardo Palacio, experto en pŕevención de delitos y cumplimiento anticorrupción; y César Moya, registrador mercantil de Guayaquil. En el borrador del informe consta un nombre más que, por error de tipeo, se omitió en el informe suscrito por los miembros de la Comisión: Jaime Mendoza, director de la Fundación Nueva Democracia.
Es decir, de las siete personas que fueron convocadas a la Comisión para que den sus criterios e insumos, y con base en los cuales se elaboró el informe, cinco son funcionarios que responden al oficialismo, al sector que presentó el proyecto de Ley, o que mantienen un criterio institucional.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, a cuyo cargo está dirigir el tratamiento de esta normativa, aseguró que “es completamente falso” que haya ausencia de voces de la sociedad civil ya que también, dijo, se recibió el testimonio de “un representante de 140 organizaciones sociales”; agregó que recién es un informe para primer debate.
Centeno se refiere a la Fundación Nueva Democracia, que según los registros fue creada en 2017. En su página web se define como una plataforma de alcance nacional para fomentar el diálogo, el debate y la formación para fortalecer los procesos democráticos. En linkedin se definen como una plataforma ciudadana.
Centeno aseguró que en la elaboración para el segundo debate se recibirá a las organizaciones sociales, a quienes invitó a que sean parte del debate para que tengan “voz en la Asamblea”.
El primer debate
En este primer debate el legislador del Partido Social Cristiano Alfredo Serrano dijo que los argumentos del Ejecutivo son contradictorios: por una parte, agregó, se justifica el proyecto de Ley con el argumento de evitar que se lave dinero; pero, por otro lado, se impulsa a través de la consulta popular el retorno de los casinos, donde afirmó que se lava el dinero de la forma más fácil y perversa que existe en todo el mundo. Serrano dijo que el contenido del proyecto genera inseguridad jurídica y que, por eso, al país no vienen las inversiones, al contrario de lo que sucede con Colombia y Perú.
Gustavo Mateus, del correísmo, aseguró que el Gobierno viene presentando una serie de proyectos de ley que son aprobados por su bloque, pero que luego son observadas por la Corte Constitucional. “En este proyecto, bajo el pretexto de la transparencia se pretende regular a las organizaciones sociales, ampliar las facultades de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, endurecer regímenes sancionatorios e introducir reformas tributarias que no guardan relación alguna con el objetivo de declarado en la norma”, dijo el legislador.
Aseguró que esta mezcla de reformas rompe con el principio de unidad de materia que debe contener un proyecto de Ley, por lo que constituye una infracción constitucional. Mateus indicó que el oficialismo se acostumbró a aprobar leyes con vicios de legalidad para luego denunciar a la Corte Constitucional por bloquear sus iniciativas “hasta exhibiendo el rostro de los jueces como si ellos fuesen enemigos públicos”. “En realidad no es la Corte la que bloquea, es la Constitución la que pone límites”, agregó.
Otros legisladores como Franklin Samaniego, del correísmo, y Cecilia Baltazar, de Pachakutik, esperan que la Ley no se convierta en un instrumento para cerrar a las organizaciones que le resultan incómodas al poder. Les preocupa que en la normativa se mantenga como causal de disolución a través de una reforma a la Ley de Participación Ciudadana, cuando la organización incurra en cualquier actividad que atente contra los derechos fundamentales de las personas, el orden público o la seguridad del Estado.
Cerrado el primer debate, la Comisión deberá recoger las observaciones planteadas en el Pleno y presentar el informe para segundo y definitivo debate de este proyecto de Ley calificado por Noboa como urgente en materia económica.
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