Dos días después del Informe a la Nación del presidente Lenín Moreno, desde el 26 de mayo, se viralizó información engañosa sobre privatización. A través de grupos de Facebook se difundió una imagen del Mandatario con el texto: «Universidades públicas se privatizarán a finales del 2019».
La fotografía utilizada se tomó el 11 de abril de 2019 y pertenece a la Agencia France Press (AFP). Corresponde al Presidente durante la presentación oficial del Plan Nacional de Riego y Drenaje 2019–2027, desarrollado en Latacunga (Cotopaxi). Allí Moreno se refirió a las razones que motivaron al Gobierno ecuatoriano a retirar el asilo diplomático concedido a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio de 2012.
En el marco de la aplicación de las políticas públicas para fortalecer el acceso al derecho humano al agua, inicia el evento “Agua Segura para Todos” y la presentación del Plan Nacional de Riego y Drenaje 2019–2027, presidido por el Jefe de Estado, @Lenin Moreno. #AguaParaTodos pic.twitter.com/1gxbUVFwlX
— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) April 11, 2019
¿Es posible que el Presidente privatice la educación superior en Ecuador?
Para Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista y docente universitario, es imposible tomar esta medida privativa con el derecho a la educación. «La Constitución no permite que se pueda privatizar la educación pública. No podría hacerse ni vía reforma ni enmienda, pues sería una modificación regresiva».
El artículo 26 de la Constitución indica que «la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible del Estado».
El artículo 28 ratifica el acceso universal a la educación. Además, señala que será «gratuita inclusive hasta el tercer nivel de educación superior». Lo anterior desvirtúa la afirmación falsa sobre las intenciones de privatizar.
La Constitución puede cambiarse a través de enmienda o reforma; pero, la privatización de la educación no cabría en ninguna de las dos opciones pues significa una «restricción a los derechos». La modificación limitaría el acceso la educación superior.
Es inconstitucional privatizar la educación pública en Ecuador. Según el experto constitucionalista, sería necesario tener otra Carta Magna que estableciera esa condición. Para ello, se precisa una Asamblea Nacional Constituyente.
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) a través de su oficina de comunicación al calificó la propuesta de «inconstitucional» porque viola el artículo 28 de la Constitución. y la ley no permite la restricción de derechos.
