El pasado 7 de octubre, en una entrevista con El Comercio, el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, advirtió que: “La percepción de los ecuatorianos es que la justicia ha mejorado”.
El pasado 7 de octubre, en una entrevista con El Comercio, el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, advirtió que: “La percepción de los ecuatorianos es que la justicia ha mejorado”.
La encuesta del Latinobarómetro 2016 muestra que un 7% de los ecuatorianos consultados expresaba “mucha” confianza en el poder judicial y un 27% “algo” de confianza. Esos índices han disminuido frente al 2015 en 2 y 4 puntos, respectivamente, mientras que la “poca” o “ninguna” confianza aumentó en 2 y 3 puntos porcentuales.
Por otra parte, según esa misma encuesta, el 57% de los ecuatorianos consideró que el Poder Judicial está haciendo ‘mal’ o ‘muy mal’ su trabajo en 2015. Si bien, este índice de desempeño sí refleja una mejora respecto a 2008, cuando el porcentaje era del 62%, o respecto a 2006, cuando era del 88%, los datos no reflejan un apoyo a la labor del Poder Judicial.
En 2014, una encuesta no técnica y rechazada por el Consejo de la Judicatura, el Colegio de Abogados de Pichincha señalaba que el 11,22% de la población cree que el sistema de administración de justicia en Ecuador ha mejorado, mientras que el 83% consideró que el avance ha sido «regular y nada».
El Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt, también reflejaba una caída en la confianza del sistema judicial en su informe sobre Ecuador 2014: “Entre las instituciones del orden público –las Fuerzas Armadas, la policía nacional y el sistema de justicia– el sistema de justicia es el que tiene el menor nivel de confianza del público, y esa confianza se ha reducido más que ninguna otra desde 2012”, señala en la página 110. De acuerdo con ese informe, el grado de confianza en la justicia ecuatoriana es del 48,2%.
Por último, el último informe nacional del INEC sobre este tema es la Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad, de 2011, que reflejaba una percepción de confianza en el poder judicial de 4,96 en una escala de 1 a 10, donde ‘1’ significa ‘ninguna confianza’ y ‘10’, ‘total confianza’.
