POR: Hugo Constante
El presidente de la República, Daniel Noboa, insiste por segunda vez en su propuesta de fortalecer a la fuerza pública a través de donaciones de la empresa privada, que a su vez se beneficiarán de una rebaja del impuesto a la renta.
Noboa remitió a la Asamblea su proyecto de Ley económico urgente “para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”. De apenas cuatro artículos, la propuesta normativa es una réplica del artículo 4 de la Ley de Solidaridad Nacional, donde se establecía que las fuerzas del orden podrán recibir donaciones de bienes inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, en condiciones óptimas para su uso, que serán destinados a la protección interna, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana; y que cuando esas donaciones sean realizadas por contribuyentes nacionales darán lugar a una rebaja de su impuesto a la renta causado en el respectivo período fiscal.
La Ley de Solidaridad Nacional fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, debido a vicios de procedimiento ya que su aprobación vulneró el principio de unidad de materia, según la sentencia de la Corte.
Al quedar sin efecto esa Ley, el Ejecutivo rescató el artículo 4 de esa normativa y lo remitió como proyecto económico urgente de manera independiente. El asambleísta de ADN Alejandro Lara indicó que este proyecto de Ley es importante, ya que las necesidades de la ciudadanía no esperan por lo que es necesario fortalecer a la fuerza pública para que combata el crimen organizado en sus diferentes facetas. “Hemos visto cómo el sector privado se quiere sumar a esta lucha contra el narcotráfico”, dijo el legislador en referencia a la posibilidad de beneficios tributarios a las empresas que hagan donaciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía.
¿Y los recursos del incremento del IVA?
Los legisladores de oposición aseguran que esta vez el proyecto de Ley si cumple con el principio de unidad de materia y con las características para ser calificado de urgente en materia económica. Sin embargo, al ser un proyecto destinado a fortalecer a las fuerzas del orden con donaciones de la empresa privada para colaborar con la seguridad ciudadana, los asambleístas ahora se preguntan en qué está invirtiendo el Gobierno los tres puntos del incremento al IVA, medida vigente desde abril de 2024, y que se aplicó con los mismos argumentos: combatir la inseguridad y reforzar a las fuerzas de seguridad.
Para el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Alfredo Serrano, esos recursos el Gobierno los destinó al pago de deuda externa y obviaron el propósito del incremento: atender la seguridad del país. “Metieron la mano al bolsillo de los ecuatorianos, principalmente de los más pobres de este país aumentando el IVA del 12 al 15%, y ahora siguen pidiendo ‘caridad’ para las Fuerzas Armadas”, comentó.
El legislador independiente Cristian Benavides dijo que esos tres punto del incremento a ese impuesto debían servir al Gobierno para lograr lo que propone a través del nuevo proyecto económico, a lo que se suman otros recursos, por lo que es una propuesta de normativa que si bien tiene un objetivo loable, lo de fondo es que beneficiaría a las empresas donantes.
“¿Dónde están esos tres puntos del IVA que nos incrementaron para mitigar la inseguridad?”, se preguntó el jefe de bancada correísta, Juan González, para quién esta nueva propuesta es un acto de desesperación del Gobierno con el que busca confundir a la población.
Una propuesta en momento crítico
La propuesta de Ley del Ejecutivo para fortalecer a la fuerza pública llega en un momento en que el país atraviesa por un paro indígena, que ha generado actos de violencia, especialmente en Imbabura, convertida en el epicentro de la protesta. Los indígenas aseguran que han sido reprimidos con violencia por los militares, mientras que estos a su vez aseguran que hasta han sido secuestrados y golpeados por los manifestantes.
Esto ha generado que los legisladores afines al movimiento indígena, Cecilia Baltazar (exasambleísta de Pachakutik) y Álex Toapanta (de Pachakutik) anticipen su oposición rotunda al nuevo proyecto de Ley. Baltazar dijo que la Asamblea ha aprobado todo un marco normativo para que las fuerzas de seguridad puedan combatir a las bandas narco delictivas, pero que ahora los militares usan esas leyes para reprimir y criminalizar la protesta social.
Por su parte, Toapanta agregó que la represión a los manifestantes del paro indígena demuestra que la fuerza pública está “sumamente armada por lo que llegan con fuerza a los territorios”, y que ese mismo contingente se debería aprovechar para combatir la inseguridad sin necesidad de un nuevo proyecto económico urgente.
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