Noboa anunció que la demanda se puso en Estados Unidos, pero los legisladores de oposición indican que en Ecuador se debería investigar a los presuntos responsables de la suscripción de los contratos.
La decisión del presidente de la República, Daniel Noboa, de ordenar que se demande a Progen en los Estados Unidos, llega a destiempo y deja sin sanción a los responsables en el país de los contratos para la adquisición de generadores eléctricos, aseguran legisladores de oposición a ADN.
A través de su cuenta «X» Noboa informó que ha dispuesto que «el Estado ecuatoriano demande a PROGEN en Estados Unidos. (…) Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación, de acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral al país», escribió el mandatario.
En 2024 CELEC firmó con la empresa estadounidense Progen dos contratos, para la generación de 150 MW en total, en las centrales de Salitral y Quevedo por más de 149,1 millones de dólares para superar la crisis eléctrica.
Sin embargo, la Contraloría halló perjuicios por 100 millones de dólares: 70 millones por Salitral y 30 millones por Quevedo, debido a que los equipos eran antiguos, incompletos, sin soporte técnico entre otras irregularidades.
Las reacciones legislativas
Lenin Barreto, asambleísta de la Revolución Ciudadana, manifestó que es irrisorio que Noboa haya ordenado que se ponga la demanda después de un año de que se presentó el perjuicio y recordó que las suscripciones de los contratos se hicieron con el beneplácito de las ministros de Energía de ese entonces y de las empresas eléctricas.
Por su parte Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, indicó que lo óptimo era que, así como se demandó a la empresa en el exterior, también lo haga en Ecuador, donde se cometieron los incumplimientos en los contratos. «Yo hubiera querido que el presidente ya presente una acusación particular aquí en Ecuador, a nombre de los ecuatorianos por este gran ‘lleve’ por este gran robo que ha sido para el país este caso de Progen», aseguró Serrano. A su criterio, es necesario que se investigue a los funcionarios de alto, mediano y bajo nivel que permitieron este atraco al país.
Mientras que Andrés Castillo, de la bancada oficialista, comentó que el país está ante el caso de un contratista incumplido por lo que como Gobierno acudirán a todas las instancias para identificar a autores, cómplices y encubridores. A su vez, considera que es una señal positiva el ordenar la presentación de la demanda. Recordó que, en la Asamblea la Comisión de Participación Ciudadana, presidida por su coidearia Diana Jácome, lleva adelante un proceso de fiscalización cuyo informe está a punto de concluir en esta mesa legislativa.
Según la Ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, la demanda se presentó bajo la ley RICO, una conducta penal con indemnización, creada en 1970 bajo el nombre Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act.
Manzano, escribió que esta ley es para sistemas de corrupción criminales y se puede solicitar triple indemnización.
La Ley RICO (por sus siglas en inglés) fue promulgada en Estados Unidos en 1970 con el fin de combatir el crimen organizado.
