El pronunciamiento de la Embajada sobre el retiro de visas a jueces ecuatorianos provoca un nuevo remezón, tras el escándalo de los narcogenerales.

La confianza en el sistema judicial ecuatoriano está en un punto crítico tras el anuncio de la Embajada de Estados Unidos de que ha revocado las visas a varios jueces y a otras personas de los sectores legal y judicial.

Ese es el criterio de Ángel Orna, vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha; y el coronel (sp) Mario Pazmiño, experto en seguridad. 

Tras las declaraciones, en diciembre, del embajador Michael Fitzpatrick, en las que afirmó la existencia en Ecuador de narcogenerales, el 10 de enero la Embajada emitió una declaración anunciando el retiro de visas a jueces, sin mencionar los nombres, en uso de su derecho soberano. 

“La Embajada de los Estados Unidos toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas”, consta en el comunicado.

Agrega que la corrupción amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos; impide el crecimiento económico, socava los derechos humanos y destruye la confianza en las instituciones. 

 Análisis

Orna aseguró que la medida constituye un tema ético y genera dudas en la ciudadanía, ya que inmediatamente se lo relaciona con los narcogenerales, ya que se podría presumir que los afectados son jueces vinculados a temas de narcotráfico y corrupción.

“Siempre quedará la duda sobre la razón para haberles quitado la visa, (…) Queda la duda, y debe preocuparnos, si el sistema judicial realmente está metido en actos de corrupción”, manifestó Orna. 

Aunque el Consejo de la Judicatura informó que ha solicitado la colaboración de la Cancillería para que realice el contacto con la Embajada para el intercambio de información y verificar si los servidores afectados ya han sido destituidos por ese organismo, Orna dice que es una medida reactiva antes que proactiva, cuando es deber de ese organismo vigilar y garantizar la transparencia del sistema de justicia. 

Por su parte, Pazmiño aseguró que las acciones de la Embajada son sumamente graves, porque han tomado medidas similares en Venezuela, Nicaragua y México, donde el Gobierno de Estados Unidos ha retirado visas a funcionarios por estar relacionados con la corrupción y el crimen organizado, que ha penetrado a esas sociedades y gobiernos. 

“A mi criterio es un jalón de orejas, sutil pero enérgico, al Gobierno nacional, ya que le está diciendo que su sistema de Inteligencia y Contrainteligencia no sirve para nada”, afirmó Pazmiño. 

Aseguró que el panorama se puede complicar dado el antecedente de los narcogenerales. 

La reacción institucional 

Aparte de solicitar los nombres de los operadores de justicia a los que se les ha retirado la visa, la Judicatura informó que pedirá a todos los jueces que informen de manera oficial si sus visas a Estados Unidos han sido revocadas.

El organismo recordó que desde el 2019 ha destituido a 240 funcionarios, entre jueces, fiscales, defensores públicos y servidores administrativos y que ha expedido 177 sanciones de suspensión y 417 de multa, amonestación o eliminación del registro de peritos.

Por su parte, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió un comunicado en el que afirma que es respetuosa de la decisión soberana de cada Estado, pero que el retiro de visas no constituye una infracción disciplinaria y que los jueces están dispuestos a que se investigue su proceder, por lo que sus declaraciones patrimoniales están a disposición de la Contraloría para que las audite. 

La Corte aclara que a ningún juez o conjuez de esa instancia se le han retirado las visas. Pide que el sistema de justicia, a través del debido proceso, sancione los actos reñidos con la Ley por parte de cualquier servidor, pero que no se generalice en presuntas irregularidades a la Función Judicial.

En cambio, la Contraloría dispuso el inicio de acciones de control a las declaraciones patrimoniales juramentadas de los jueces.

El contralor, Carlos Riofrío, dijo que los exámenes especiales iniciarán luego de una evaluación preliminar, en la cual se determinará el periodo a examinar, el alcance, la nómina de jueces y, de ser el caso, servidores de la Función Judicial que serían auditados, con base en las declaraciones presentadas ante este organismo de control. 

Para Orna, la investigación patrimonial debe extenderse a fiscales, a otros servidores judiciales e inclusive a las autoridades de la Judicatura.

El caso narcogenerales 

El miércoles, durante una comparecencia a la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, manifestó que el Embajador de Estados Unidos reiteró que de acuerdo con su legislación no podía informar los nombres de los generales a los que se les ha retirado la visa.

Sin embargo, añadió Vela, se le había comunicado que el Gobierno estadounidense podría considerar la entrega de esa información a través de la asistencia penal internacional producto de un proceso judicial.

La Ministra aseguró que, de las investigaciones internas, se desprende que en la Policía Nacional no hay generales activos involucrados con bandas criminales.

Agregó que los 20 generales que integran el alto mando han puesto a disposición de la Contraloría sus declaraciones patrimoniales juramentadas y que se investiga también todo el proceso de ascensos desde el rango de subtenientes. 

De lo que se ha hecho público, a cinco generales de Policía se les ha retirado la visa: Víctor Araus, Fabián Salas, Pablo Rodríguez, Édgar Correa y Paulo Terán.

En medio de toda esta investigación, el presidente, Guillermo Lasso, a través del Decreto Ejecutivo N. 318, cesó en el cargo al general Marco Villegas Ubillús, por solicitud voluntaria del oficial.

Villegas formaba parte de la cúpula policial y entre los cargos desempeñados constan director nacional Antinarcóticos, director nacional de Educación y director nacional Financiero, que ocupaba hasta el cese de funciones. Según su declaración juramentada su patrimonio asciende a 360.232,53 dólares. Posee cuatro terrenos, dos departamentos y una casa. 

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