Por lo regular, los proyectos de Ley se tramitan en un año. Pero los cinco proyectos de reforma post consulta deben tramitarse, todos, en 45 días, de acuerdo con la resolución del Pleno. Los tiempos están corriendo.
Optimizar los tiempos, priorizar el tratamiento de los temas en orden de complejidad, convocar a expertos que aporten con criterios puntuales, trabajar en dos jornadas al día o de corrido, son algunas alternativas que sugieren los asambleístas para cumplir con los plazos para el tratamiento de los proyectos de Ley que el Ejecutivo remitió a la Legislatura en cumplimiento de los resultados de la consulta popular.
De acuerdo con la Ley de la Función Legislativa, una Ley económica urgente debe ser tratada en 30 días y una Ley con tratamiento ordinario se demora aproximadamente un año, entre la calificación del proyecto, hasta que es aprobado por el Pleno en segundo debate.
Sin embargo, las reformas producto de la consulta popular tienen sus propios plazos. 60 días según el anexo de las preguntas y 45 días (con opción a prórroga por igual tiempo) según la resolución aprobada por el Pleno con la que se creó la Comisión Ocasional para el tratamiento de las reformas. En los dos casos los tiempos están corriendo para tratar, no uno, sino cinco proyectos de Ley. Los más complejos por sus temáticas y números de articulados son las reformas reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) relacionadas con el incremento de penas, y la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, donde se tratan plazos y la posibilidad de que no haya sentencia condenatoria para iniciar el proceso de extinción de dominio, un tema que en su momento fue muy polémico y de amplio debate en la Legislatura.
Los comisionados
La asambleísta Lucía Posso, vicepresidenta de la Comisión Ocasional, dijo que harán los mejores esfuerzos y oficios para cumplir en los tiempos señalados. “Es una meta que se puede lograr. Deberemos trabajar 24/7, declararnos en sesión permanente”, aseguró. A su criterio, el trabajo fluirá, ya que no hay la posibilidad de incorporar temas, ya que son aspectos específicos los que se deberán tratar. “A nombre del sector que represento (independientes), no permitiré la incorporación de temas que no sean parte de lo que la ciudadanía aprobó en la consulta popular”, dijo la legisladora.
El mismo criterio mantiene el presidente de la Comisión, el socialcristiano Carlos Vera Mora, quien garantizó llevar un proceso democrático en las sesiones de la Comisión, para cumplir con el pronunciamiento popular en las urnas. Vera Mora aseguró que el propósito es darle a los administradores de justicia los elementos necesarios para luchar contra el crimen organizado y la inseguridad. Reconoce que los tiempos están corriendo para el tratamiento de las reformas, pero confía en mantener un trabajo dinámico para alcanzar los objetivos.
Mientras que Patricia Mendoza, asambleísta del correísmo e integrante de la Comisión, considera que el tiempo dado por el Pleno —45 días— es demasiado corto, ya que tendrán que generar dos informes (primer y segundo debate). Mendoza dijo que muchos de los temas de reforma al COIP que el presidente de la República, Daniel Noboa, incluyó en las preguntas constaban en el proyecto de reformas a ese cuerpo normativo que entró a segundo debate en la Asamblea, cuyo trámite en el Pleno se suspendió en febrero de este año y no se retomó. La legisladora correísta agregó que si esas reformas hubiesen sido aprobadas, el Gobierno se hubiese ahorrado una consulta popular que costó al país 60 millones de dólares.
La aprobación de la Comisión con la lista de sus integrantes se cumplió el martes de esta semana. Esa tarde la Mesa eligió a sus autoridades y, desde entonces, no se ha difundido alguna otra convocatoria para sesionar. Extraoficialmente, se conoció que lo harían el martes que viene y que en estos días se reunirían los asesores de cada asambleísta miembros de la Comisión para tratar el mecanismo de trabajo. Las labores regulares en la Asamblea se interrumpieron desde la tarde de este martes, ya que iniciaron los trabajos para la sesión solemne de mañana en la que Noboa presentará su informe a la Nación. Mientras tanto los plazos están corriendo.
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