A siete meses de las elecciones locales en Ecuador, analistas advierten tres riesgos: fragmentación de candidaturas, decisiones polémicas del CNE y desconfianza electoral. Claves, calendario y escenarios en Quito, Guayaquil y prefecturas.
A siete meses de las elecciones de autoridades locales previstas para el 29 de noviembre de 2026, el proceso electoral avanza en medio de la dispersión de postulaciones, dudas sobre la seguridad jurídica y la necesidad de que la ciudadanía revise con mayor rigor la trayectoria de quienes aspiran a alcaldías, prefecturas, concejos y juntas parroquiales, según coincidieron dos analistas consultados por Ecuador Chequea.
Se trata de tres alertas principales que deben preocupar a los electores mientras se espera la etapa formal de inscripción de candidaturas, indicaron la directora de la organización Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, y el analista político Giuseppe Cabrera.
Por ahora, según el calendario actualizado por el Consejo Nacional Electoral, las organizaciones políticas deberán realizar sus procesos de democracia interna entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026; la convocatoria oficial será el 1 de agosto; y la inscripción de candidaturas se realizará del 2 al 17 de agosto. La votación general está prevista para el domingo 29 de noviembre de 2026.
Por fuera de este calendario, este fin de semana, el pleno del Consejo Nacional Electoral, CNE, resolvió borrar de los registros electorales a Unidad Popular y Construye. La primera reaccionó hoy con un anuncio que presentará acciones legales.
Sobre esta cancelación Hidalgo cuestionó la solidez técnica de la decisión del CNE. Recordó que si Construye pudo presentar candidaturas en procesos anteriores, incluida una candidatura presidencial, el organismo electoral debió haber validado previamente sus procesos internos. Así, consideró que la decisión abre preguntas sobre la consistencia de los registros del propio CNE y sobre el criterio usado para medir a unas organizaciones frente a otras.
El analista político Giuseppe Cabrera fue más allá y planteó que el proceso arranca con un problema de confianza democrática. Sostuvo que no existen condiciones mínimas de competencia si organizaciones opositoras enfrentan suspensión o cancelación en la antesala electoral.
Cabrera afirmó que la eliminación de organizaciones políticas y la suspensión de Revolución Ciudadana alimentan la percepción de incertidumbre y pueden instalar el “fantasma del fraude” en el debate público. Considera que la confianza en el árbitro electoral es una condición básica para la legitimidad del proceso.
También señaló que las precandidaturas se están definiendo en clave de “supervivencia”. Según Cabrera, ser candidato en ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca implica enfrentar un contexto de inseguridad, judicialización, presión política y recursos limitados para sostener una campaña corta.
Las organizaciones que siguen legalmente vigentes, en cambio, todavía deben definir alianzas, hacer primarias, registrar postulaciones y superar eventuales objeciones o recursos.
Frente a este escenario, Hidalgo comentó que el punto central no es solo quiénes competirán, sino bajo qué estándares serán evaluados. Consideró que el votante debe ejercer un “voto responsable” basado en información, exigencia y evaluación ética de los perfiles.
“Los gobiernos locales tienen poder de decisión sobre temas bien puntuales y súper importantes como seguridad, ambiente, transparencia y democracia”, señaló Hidalgo. Por eso, agregó, los ciudadanos deberían exigir candidatos “preparados en el ejercicio de la función pública” y con “idoneidad ética” y “moral”.
Hidalgo también advirtió que el exceso de candidaturas puede repetir un patrón de fragmentación. A su juicio, ciudades como Quito deberían avanzar hacia candidaturas de unidad, aunque reconoció que el escenario actual apunta más bien a una dispersión de opciones.
“Lo que estamos viendo es que es probable que se vaya a repetir la triste realidad de que van a haber muchos candidatos. Nosotros siempre tenemos la visión de que lo ideal debería ser que ya se empiece a gestar candidaturas de unidad”, comentó.
Por ahora, en Quito, el escenario más visible gira alrededor del actual alcalde Pabel Muñoz, quien ha manifestado su intención de buscar la reelección, pero enfrenta el obstáculo de que su organización, Revolución Ciudadana, permanece suspendida; del exalcalde Jorge Yunda, quien confirmó su aspiración de volver al Municipio; y de otros nombres mencionados de manera insistente en semanas recientes como el exvocal del Consejo de Participación, Juan Esteban Guarderas, el concejal Wilson Merino, el exasambleísta y exministro de Trabajo del gobierno de Guillermo Lasso, Patricio Donoso, el exasambleísta Andrés Páez
A estos nombres se sumó ayer el exalcalde del correísmo, Augusto Barrera, que ayer confirmó en sus redes sociales su postulación.
En Guayaquil, la disputa está marcada por el peso político de la ciudad y por la situación judicial del alcalde Aquiles Álvarez quien permanece con prisión al interior de la cárcel de máxima seguridad El Encuentro mientras enfrenta dos procesos legales por comercialización ilegal de combustibles y por delincuencia organizada y defraudación tributaria.
Asimismo, en semanas recientes han sonado los nombres de la exalcaldesa socialcristiana Cynthia Viteri, la actual aambleísta y madre del presidente Noboa, Annabella Azín, y del excandidato a ese mismo puesto, Pedro Pablo Duart. Viteri y Azín aparecen como opciones relevantes en una reciente encuesta preelectoral de la encuestadora Click, mientras Álvarez figura en el escenario pese a sus procesos judiciales.
En Pichincha, la Prefectura muestra menor definición que la Alcaldía de Quito, sin proclamación de nombres por parte de organizaciones políticas ni de posibles alianzas.
En Guayas, la Prefectura quedó abierta tras el anuncio de Marcela Aguiñaga de que no buscará la reelección y presentará su renuncia. Con esa salida, el nombre que más ha sonado en semanas recientes para una posibles candidatura para sucederla es el de Roberto Luque, actual ministro de Infraestructura y Transporte, aunque él no ha confirmado una candidatura.
En cualquier caso, la campaña electoral será de apenas 15 días, entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026, con silencio electoral del 27 al 29 de noviembre. Antes de la votación general, el calendario contempla el voto de personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada el 26 de noviembre y el voto en casa el 27 de noviembre.
Según su propio calendario, e CNE deberá publicar el registro electoral depurado el 2 de julio; seleccionar a los miembros de juntas receptoras del voto el 2 de septiembre; notificar y capacitar a esos miembros entre septiembre y noviembre; publicar el listado oficial de candidaturas inscritas el 9 de noviembre; y organizar los simulacros nacionales previstos para el 1 y 15 de noviembre.
La posesión de las nuevas autoridades seccionales y del CPCCS está prevista para el 14 de mayo de 2027, pese a que la votación fue adelantada desde febrero de 2027 a noviembre de 2026.
