Desde que se decretó la muerte cruzada salieron a la luz vacíos jurídicos en la normativa electoral, que han llevado a diversas interpretaciones del Código de la Democracia. Con ese peso, los ecuatorianos volverán a las urnas este domingo.
“El tiempo avanza, los casos corren y la Constitución y la Ley no están escritas para tomar decisiones en esas circunstancias”, manifestó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, al referirse a los últimos acontecimientos electorales, que incluyen el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y su reemplazo, en los plazos justos que da la Ley. Atamaint ha destacado que al organismo le tocó organizar un proceso con límites de tiempos impuestos por la Ley.
El vicepresidente del organismo, Enrique Pita, ha agregado que el CNE ha actuado de acuerdo con la Ley, ya que en derecho público sólo se puede hacer lo que está contemplado en la normativa.
Vacíos legales
Ecuador regresa a las urnas este domingo para elegir al binomio presidencial y a los asambleístas que deberán completar los mandatos del presidente de la República, Guillermo Lasso, y de la Asamblea disuelta por él. Se trata de la figura conocida como muerte cruzada, decretada por Lasso el 17 de mayo de este año, que obligó a la convocatoria casi inmediata a elecciones anticipadas, en un plazo menor a 90 días.
Tanto la muerte cruzada como el plazo para nuevas elecciones están contempladas en la normativa, ya sea en la Constitución, como en el Código de la Democracia, por lo que parecía que todo iba a fluir.
Sin embargo, apenas iniciado el proceso electoral salieron a la luz los vacíos legales. Por ejemplo, la norma no contempla explícitamente la realización de una segunda vuelta presidencial, o las fechas exactas para la posesión del mandatario electo.
Arturo Cabrera, expresidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), indicó que hay que estar conscientes de que este proceso tomó de manera inesperada al país: “A la autoridad electoral, al Gobierno, que tiene que brindar las garantías de seguridad, a las organizaciones políticas”, dijo Cabrera.
El hoy observador electoral agregó que el decreto de muerte cruzada, inédita en el país, demostró varias cosas. Por ejemplo, una Legislatura que por 15 años no dictó una Ley especial que reglamente y especifique cómo proceder luego de dictada la muerte cruzada. “Está vigente desde el 2008 y nadie se preocupó de decir cuáles son los caminos legales a seguir”, dijo Cabrera, para quien estas omisiones se deben, en parte, a que nadie pensó en su momento que en realidad se podía recurrir a esa figura, por lo que hoy, sobre la marcha, se van ajustando los tiempos.
Róger Celi, del Observatorio Legislativo, coincide en que hay vacíos legales que dan paso a diversas interpretaciones jurídicas, por lo que no descarta que se haya puesto la muerte cruzada en la Constitución de 2008 como un elemento de presión, sin pensar que podía llegar ese momento. “Si bien es cierto fue una salida a la crisis económica, política y social, ha generado bastante incertidumbre institucional”, dijo el especialista en temas legislativos.
Otro momento de incertidumbre normativo
El asesinato de Villavicencio, a una semana del proceso electoral, también sorprendió a todos y, en lo juridico, levantó una serie de polémicas: si la candidata a la Vicepresidencia podía asumir automáticamente la candidatura presidencial; si su reemplazo debía participar en el debate aunque no este (al momento de la polémica) inscrito y calificado en firme; qué pasa si el reemplazo de Villavicencio es uno de los dos finalistas a la segunda vuelta pero, en el presunto caso de que su candidatura sea impugnada, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) le desacalifica, a quién le correspondería asumir la candidatura para una segunda vuelta, entre otras dudas.
La presidenta del CNE evitó comentar cómo se procedería de darse ese último escenario. “Yo no quiero pronunciarme sobre lo que puede resolver el TCE, esa es una competencia exclusiva de los jueces (electorales)”, dijo Atamaint.
Para Celi, es una demostración de que la seguridad jurídica en el Ecuador todavía deja mucho que desear, lo que implica que difícilmente el país vaya a tener tranquilidad después de las elecciones, ya que se abrirá un gran debate sobre el resultado.
“Es poco probable que la Legislatura haya podido prever escenarios tan delicados, tan extraordinarios como los que han ocurrido”, como para normar en ese sentido dijo Celi, por lo que el gran reto de la Asamblea, la del 2025, será la de generar reformas al Código de la Democracia con base en las duras experiencias por la que ha pasado el país, aseguró.
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