Una tibia respuesta de la Cancillería habla de un “plan de contingencia”, pero no hay nada concreto. En la práctica, según cifras oficiales, hay vuelos de ecuatorianos deportados de dos a tres veces por semana; sin embargo, no hay nada claro sobre la nueva política de Trump.
POR: Juan Camilo Escobar
No fue uno más de los discursos incendiarios sobre migración irregular que marcaron su campaña electoral para llegar por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos. Esta vez, ya como el presidente número 47, lanzó una advertencia a la comunidad internacional con la puesta en marcha de sus estrictas políticas antiinmigración.
El viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en su cuenta de X fotografías de inmigrantes esposados y alineados mientras abordaban un avión militar. En su mensaje, Leavitt afirmó que “los vuelos de deportación han comenzado” y enfatizó que “el presidente Trump está enviando un mensaje fuerte y claro al mundo: si entras ilegalmente a Estados Unidos, te enfrentarás a severas consecuencias”.
Así, para nadie quedaban dudas de la contundencia de las medidas que Trump estaba dispuesto a aplicar. Apenas dos días después, quedó en evidencia que no era una simple demostración de fuerza: el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se retractó luego de que ordenara no recibir a un avión militar estadounidense con deportados colombianos.
La reversión de Petro ocurrió pocas horas después de que la administración Trump respondiera con aranceles a productos colombianos, una sanción económica que demostró la presión ejercida por Estados Unidos.
Aunque el impasse fue resuelto rápidamente, el episodio generó nuevas incertidumbres sobre la capacidad de los países latinoamericanos para enfrentar las consecuencias de la renovada política migratoria de Washington.
RESPUESTA GENERAL
En el caso de Ecuador, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, anunció que se implementará un plan de contingencia dirigido a los compatriotas que regresen al país de manera forzada, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
“Por primera vez, en Ecuador se crean paquetes de asistencia para recibir a los ecuatorianos que retornen de forma forzosa al país”, dijo Sommerfeld en declaraciones recogidas por Teleamazonas.
Según la funcionaria, el plan contempla medidas de apoyo integral, incluyendo acceso a educación para niños repatriados, servicios de salud, apoyo psicológico para los migrantes, un chip de teléfono móvil y asistencia económica para facilitar su traslado a sus hogares.
Hasta el cierre de esta nota, la Cancillería ecuatoriana no respondía a un pedido de información sobre las medidas concretas que tendrá este plan de contingencia.
De manera general, el departamento de Comunicación del Ministerio señaló que los vuelos de deportación de ecuatorianos desde Estados Unidos “se vienen realizando desde hace más de una década y continúan hasta la actualidad, con una frecuencia de dos a tres veces por semana”.
“Esta situación, hasta el momento, no ha cambiado. La llegada de las personas deportadas se coordina con varias instituciones del Gobierno, como los ministerios de Inclusión, de Salud, del Interior y la Cancillería, con la finalidad de darles asistencia y apoyo”, respondió la entidad.
CRÍTICA
El presidente del Frente Unido de Migrantes Ecuatorianos en Estados Unidos, Antonio Arízaga, calificó como insuficiente la respuesta del Gobierno ecuatoriano. Según él, las deportaciones masivas han generado angustia entre miles de ecuatorianos en territorio estadounidense.
“Es muy importante que la Cancillería agilice el trámite y la entrega de pasaportes y otros documentos que, en este momento, son más necesarios”, declaró el representante del colectivo migrante.
También expresó su preocupación ante la falta de información oficial sobre un plan de contingencia para los ecuatorianos deportados. Citó estimaciones de organizaciones que señalan que alrededor de 1,4 millones de personas tienen órdenes de deportación en Estados Unidos, de las cuales 32.000 serían ecuatorianos.
“Las deportaciones no sólo están dirigidas contra personas con órdenes de deportación o antecedentes criminales. En muchos casos, cuando buscan a alguien específico, también se llevan a las personas que se encuentran en la misma casa o en el lugar de trabajo. Es una deportación masiva que está ejecutando el gobierno de Estados Unidos”, afirmó.
Organizaciones como 1-800 Migrante estiman que en Estados Unidos residen al menos 500.000 ecuatorianos en situación irregular. Estos migrantes, según dichas entidades, aportan cerca de 6.000 millones de dólares anuales a la economía ecuatoriana a través de remesas.
“Sería muy grave, un impacto económico directo para las familias ecuatorianas y para el país entero, que los migrantes regresen deportados en las actuales condiciones de violencia, extorsiones e inseguridad que enfrenta Ecuador”, advirtió el representante.
El colectivo migrante también hizo un llamado a las autoridades ecuatorianas para que desarrollen un plan de contingencia que priorice el transporte digno de los deportados. “No es aceptable que sean trasladados encadenados de pies y manos, como si fueran delincuentes comunes”, enfatizó. Además, instó al Gobierno a formar una comisión especial que evalúe las condiciones médicas y sociales en las que los migrantes están siendo deportados.
Asimismo, exigió que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar el traslado de los deportados desde ciudades como Guayaquil y Quito hacia sus lugares de origen, ya que llegan sin pertenencias ni dinero, sólo con la ropa que llevan puesta.
El líder migrante argumentó que existe la falta de esfuerzos diplomáticos por parte del presidente, Daniel Noboa, y su administración, señalando que no se han realizado reuniones directas con el expresidente Joe Biden y las autoridades estadounidenses para gestionar la concesión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ecuatorianos.
“Hacemos un llamado a evitar la difusión de información falsa en redes sociales, como aquellas publicaciones que aseguran que, debido a las buenas relaciones entre los presidentes Noboa y Trump, los ecuatorianos no serán deportados. Estas afirmaciones están causando pánico y dañando a nuestra comunidad. No se puede jugar con algo tan serio como un proceso de deportación”, concluyó.
CRITERIO
La magíster en Relaciones Internacionales y Cooperación Karina Guerra calificó de insuficiente la reciente declaración de intenciones de la Cancillería ecuatoriana sobre las consecuencias del retorno de los migrantes deportados al país, advirtiendo que el Gobierno no ha diseñado un plan de contingencia ni un programa integral de atención y acompañamiento.
Guerra, especialista en temas migratorios, señaló que los ministerios de Relaciones Exteriores e Inclusión aún no han implementado medidas adecuadas para abordar la situación. “No existe un verdadero programa que permita a los migrantes enfrentar las difíciles condiciones sociales, económicas e incluso las secuelas psicológicas que pueden durar meses o años”, señaló la experta.
La especialista subrayó la vulnerabilidad de los migrantes deportados, afirmando que, para muchos de ellos, retornar al país implica “volver a migrar, muchas veces en condiciones más dolorosas de las que se fueron”. Explicó que, además de regresar sólo con la ropa puesta, muchos migrantes enfrentan deudas con los traficantes de personas, conocidos como «coyoteros», a quienes contrataron para migrar de manera irregular.
Guerra también mencionó que la falta de opciones reales para conseguir empleo en el corto plazo agrava aún más la situación de los deportados. “Llegan sin medios para cubrir necesidades inmediatas, como alquilar una vivienda o comprar alimentos”, apuntó.
La experta comparó la respuesta de Ecuador con los esfuerzos de México, que implementó el plan ‘México te acoge’, que incluye campamentos equipados para acoger temporalmente a los deportados, así como una tarjeta telefónica. “Ecuador debería considerar un plan similar, que incluya asistencia jurídica y un apoyo económico básico, de 100 dólares para reencontrarse con sus familias”, dijo Guerra.
Advirtió sobre los efectos psicológicos que el retorno forzoso puede generar. “El daño psicológico que tiene un migrante retornado es bastante grande, y no se puede recuperar en una semana. Se necesita un acompañamiento que dure varios meses”, señaló.
Además, criticó la falta de un plan de acogida en Ecuador para los migrantes deportados, especialmente considerando que, durante los últimos 25 años, los ecuatorianos en el exterior han sido clave para mantener la estabilidad económica del país, principalmente a través de las remesas. “Ecuador no puede hacerse de la vista gorda de los migrantes que sostuvieron la dolarización para que hoy les boten en el aeropuerto y no pase nada”, afirmó Guerra.
Por último, Guerra también cuestionó la declaración de la Cancillería ecuatoriana sobre el envío de más personal para ofrecer asesoría legal en las embajadas y consulados en Estados Unidos. “Es un facilismo decir que el que quiere ayuda vaya al Consulado. Lo que deben hacer es ofrecer una respuesta más efectiva y adecuada para quienes están enfrentando esta situación”, añadió.
En cuanto a las políticas migratorias de la administración Trump, tanto Guerra como Arízaga coincidieron en que, aunque graves, no resultan sorprendentes para una gran parte de la sociedad estadounidense, que respaldó las promesas de “mano dura contra la migración”. Ambos señalaron que, durante la primera semana de la administración Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo redadas masivas, deteniendo y deportando a migrantes sin importar si tenían antecedentes penales.
“En las redadas iban en busca de migrantes con órdenes de deportación, pero, en realidad, detenían a todos los migrantes que encontraban”, afirmó Arízaga, quien denunció que estas acciones representan una deportación masiva indiscriminada.
RÉCORD
Según el informe anual de 2024 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), citado por The Washington Post, el Gobierno del presidente Joe Biden alcanzó un récord de deportaciones de inmigrantes durante el año fiscal 2024, que terminó en septiembre pasado.
Con un total de 271.484 deportaciones, esta cifra representa la mayor cantidad en una década, superando los números alcanzados durante la primera administración de Donald Trump (2017-2021), que deportó a 142.580 personas en el mismo período.
Este aumento en las deportaciones refleja las políticas migratorias continuas bajo la administración de Biden, que han generado controversia tanto dentro como fuera del país, particularmente entre los defensores de los derechos de los migrantes.
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