Microestados delictivos, ‘protogobiernos’ criminales o ‘santuarios del crimen’. No importa el nombre que se les dé, el caso de Nueva Prosperina —como otros— es un ejemplo de zonas sometidas a una gobernanza ilegal, en donde la ausencia del Estado permite que las mafias regenten la ‘seguridad’ y la ‘tributación’ por medio de diversos tipos de extorsión. Entre el miedo, la Ley formal cede terreno ante la ‘ley del más fuerte’. ¿Cómo se forman estas zonas y cómo podríamos salir de ellas?
POR: Redacción Ecuador Chequea
Poco a poco, el nombre de Nueva Prosperina deja de sonar nuevamente; deja de estar en conversaciones, deja de llenar las redes sociales, de causar sensaciones; deja de ser tendencia. Pero la noticia no ha pasado. La masacre que dejó 22 muertos en Socio Vivienda 2 y otros barrios de esta zona de Guayaquil sigue latente y continúa expandiendo el temor en la población. Todo, según la Policía, resultado de un enfrentamiento directo entre dos facciones de los Tiguerones, una guerra que no ha terminado.
La violencia en estos barrios es un goteo constante de terror. El domingo un dron permitió al Bloque de Seguridad, que patrulla el sector, dar con el paradero de 11 secuestrados en Guayaquil y ocultos en el distrito Nueva Prosperina, en Socio Vivienda, un barrio que alguna vez nació como un proyecto social para acoger a personas en pobreza y víctimas de desastres naturales, pero que hoy se encuentra atrapado entre el crimen y el abandono estatal.
El rescate de las víctimas ocurrió casi por accidente. Durante un control rutinario, los agentes detectaron el vuelo sospechoso de un dron y lo siguieron hasta la casa desde donde era operado. Al entrar, los secuestradores escaparon y se descubrió que en su interior estaban retenidos nueve adultos y dos menores de edad. Las víctimas contaron que fueron interceptadas en la Entrada de la 8 y El Fortín, golpeadas, encapuchadas y transportadas hasta ese punto bajo la amenaza de armas largas. A una de las mujeres, relataron, intentaron violarla. Más de 20 personas habrían participado en el secuestro, pero sólo se detuvo al dueño del inmueble.
Este es apenas uno de los tantos hechos que definen el día a día de barrios como Nueva Prosperina. Sectores donde la Policía no entra sin un despliegue masivo, donde los comerciantes pagan ‘vacunas’ para poder trabajar y donde los habitantes viven bajo un régimen de terror impuesto por las bandas criminales.
Para el experto en seguridad Mario Pazmiño, estas zonas ya han dejado de ser sólo focos de delincuencia. “Son microestados delictivos, territorios donde el crimen organizado ha reemplazado al Estado”, afirma. Pero, ¿qué significa realmente este concepto y qué impacto tiene en las poblaciones que habitan estos espacios?
¿Estado paralelo o gobierno criminal?
Para Pazmiño, la definición de microestado delictivo es clara: un territorio donde el Estado ha perdido autoridad y el crimen organizado ha tomado el control. “En estos espacios, las organizaciones criminales reemplazan las competencias del Estado y ejercen funciones que van desde la seguridad hasta la tributación”, explica. La delincuencia cobra impuestos, impone normas de convivencia, regula el comercio y decide quién puede entrar o salir. “Es un ‘estado’ dentro del Estado, donde las bandas reemplazan incluso a las fuerzas de seguridad”.
Pero esta es sólo una parte de la discusión. Agustín Burbano, especialista en seguridad y ciencias políticas, rechaza la idea de que estas zonas sean verdaderos microestados. Para él, el crimen organizado no ha establecido estados paralelos, sino “protogobiernos criminales” que ejercen formas rudimentarias de control sobre la población. No es un detalle menor: si se acepta que estos grupos han llegado a consolidar un verdadero ‘estado’, se cae en la idea de que su poder es definitivo. Él asegura, sin embargo, que en estas zonas el Estado ha dejado de tener ciertos monopolios, como el de la seguridad, el de la tributación y el del desarrollo económico. Esto, a través de vacunas, extorsiones y el brindar oportunidades de empleabilidad en sus bandas, a través de reclutamiento, a personas que no encuentran otros espacios para desarrollarse a futuro.
Desde su visión, el concepto de microestado delictivo no se ajusta del todo a la realidad ecuatoriana. Explica que, en términos de ciencia política, un Estado requiere ciertos elementos que estos grupos aún no han alcanzado.
Según su análisis, lo que ocurre en Nueva Prosperina y otras zonas no es la consolidación de un estado paralelo, sino el inicio de una forma de gobernanza ilegal, una estructura que aún depende de la violencia para sostenerse. Comparándolo con las cárceles dominadas por las bandas, señala que estas organizaciones han aprendido a administrar el miedo y el control, reduciendo los espacios de libertad de la población y ejerciendo mecanismos de coerción similares a los de un gobierno.
Sin embargo, sea un microestado delictivo o un protogobierno criminal, la situación apunta a la misma problemática, una ausencia estatal que pone en condiciones de vulnerabilidad a las poblaciones y genera espacios donde las bandas criminales no hacen más que seguir consolidándose con más fuerza. Pero este es un proceso que no ha llegado de la noche a la mañana.
La lenta construcción de un imperio criminal
Pazmiño describe un proceso progresivo. Primero, una organización criminal se asienta en el vecindario vulnerable. Luego comienza la escalada: “Se va a incrementar el nivel de vacunas, extorsiones y secuestros”, e incluso surgen “acciones de sicariato” en las disputas por el microtráfico de drogas. Con el tiempo, la presencia delincuencial “crece y va tomando una preponderancia en un espacio territorial más grande, como un cantón, como un barrio entero”. La pandilla pasa de dominar una cuadra a controlar barrios completos, y “poco a poco las bandas delictivas se convierten en el ‘estado’ de estos espacios”. El Estado, mientras tanto, se retira gradualmente: las patrullas dejan de entrar, las autoridades abandonan sus oficinas locales, y la Ley formal cede terreno a la ‘ley del más fuerte’. Para cuando varios santuarios conectados conforman un mosaico amplio bajo mando criminal, el microestado delictivo queda instaurado.
Las condiciones estructurales de esos barrios facilitan esta toma territorial. “No hay buena educación, no hay salud, no hay oportunidad de trabajo, las condiciones de vida son paupérrimas”, señala Pazmiño, haciendo énfasis en que la pobreza y la falta de servicios crean el caldo de cultivo perfecto para el reclutamiento delincuencial.
En Nueva Prosperina o Durán, por ejemplo, la precariedad ha sido la norma por años, lo que deja a la población a expensas de quien llene ese vacío. Burbano coincide en que la ausencia del Estado es un factor central, pero añade que “no es sólo el Estado el que falla, sino el mercado”.
Él observa que las zonas con mayor auge del crimen suelen ser también aquellas donde prosperan industrias extractivas o agroindustriales, bananeras, camaroneras, que no benefician a sus comunidades. “¿Por qué los barrios donde hay industria camaronera y bananera no han participado de las rentas de esos negocios trayendo prosperidad?”, cuestiona, mientras habla también de explotación laboral y la falta de desarrollo local pese a la riqueza que generan.
Cuando la economía formal margina a la gente, el narco aparece como empleador y autoridad. A esto se suma el debilitamiento de las instituciones encargadas de la seguridad: no hay patrulleros, ni gasolina, ni chalecos suficientes, la Policía carece de recursos básicos y forma agentes en apenas seis meses.
La justicia, por su parte, se ha convertido en un eslabón roto. “La justicia acá no sirve”, lamenta Burbano, sin rodeos. De nada vale capturar a un delincuente si “a la semana ya sale” libre por obra de la corrupción o la ineficacia judicial. Todos estos factores: abandono estatal, inequidad económica y colapso institucional; confluyen en la gestación de territorios dominados por el crimen.
Para Pazmiño, este proceso es largo y tarda décadas en consolidarse. Detalla que es un proceso que viene desde hace varios gobiernos, que han desatendido a estas zonas ya de por sí vulnerables.
Asimismo, el experto pone otros ejemplos en los que está dinámica se está replicando en el país y donde la construcción de microestados delictivos se ha convertido en una realidad. “Además de Nueva Prosperina y Durán, tenemos La Guacharaca, en Esmeraldas. También hay zonas en Manta, Puerto Bolívar, Portoviejo, Quevedo y Santo Domingo. En estos lugares, las fuerzas del orden evitan ingresar porque pueden ser atacadas”, dice.
Por otro lado, barrios marginales urbanos, como Monte Sinaí, Bastión Popular o Isla Trinitaria, en Guayaquil, son ejemplos donde grupos criminales ejercen control territorial casi absoluto. En Esmeraldas, cercana a la frontera con Colombia, operan facciones de bandas que controlan zonas como Isla Piedad, 15 de Marzo, entre otros, con una violencia extrema. Incluso en Quito, tradicionalmente más segura, se han identificado “santuarios criminales” en al menos 10 barrios, con presencia de pandillas migradas desde la Costa, que han incrementado robos y extorsiones. Pazmiño, en un texto publicado en la revista PlanV, también estima que existen aproximadamente 167 zonas en el país donde las organizaciones delictivas ejercen una gobernanza criminal y la presencia estatal es mínima o nula.
Diversos factores estructurales han facilitado que el crimen organizado eche raíces profundas en estos territorios marginados. En Esmeraldas, por ejemplo, 4 de cada 10 habitantes viven en pobreza extrema y más de la mitad en pobreza por ingresos. En este contexto, las economías ilegales de microtráfico, extorsiones y contrabando se vuelven una de las pocas fuentes de ingreso. Una generación completa de jóvenes en estas comunidades crece sin expectativas y es vulnerable al reclutamiento por bandas criminales, según explica Burbano. “Estamos condenando a toda una generación de niños y adolescentes de barrios urbanos marginados a ser cuerpos de sacrificio de los mercados ilegales”, con vidas truncadas al servicio de la violencia. La ruptura del tejido familiar agrava el problema: las pandillas aprovechan hogares disfuncionales y la ausencia de alternativas educativas o recreativas para atraer o forzar a adolescentes hacia sus filas.
Las consecuencias para la sociedad en estas comunidades son devastadoras. En Nueva Prosperina, por ejemplo, el miedo no cesa. Medios como diario Expreso han reportado que casi “el 100% de la población está vacunada”, es decir, extorsionada, “por temor a represalias” de las mafias. En la práctica, cada familia debe pagarle al grupo delincuencial de turno una cuota para “estar a salvo”, drenando sus pocos ingresos. Pese a ello, la población termina atrapada en medio de las balaceras como la vivida la semana pasada.
Un problema que no se detendrá solo
“Cada vez hay más zonas donde el Estado ha perdido el control y, si no se hace algo, el crimen organizado seguirá ganando territorio”, alerta Pazmiño. Con el tiempo, esto puede llevar a que el Gobierno pierda la capacidad de gobernar ciertas regiones del país, facilitando la consolidación de redes de narcotráfico y economías ilícitas a gran escala.
La historia de otros países muestra el camino que Ecuador podría seguir, si la situación no cambia. En México, hay municipios enteros donde los cárteles dictan las reglas. En Brasil, las favelas han sido controladas por facciones criminales durante décadas. Y en Honduras y El Salvador, las maras lograron dominar barrios enteros, estableciendo toques de queda y castigos para quienes desobedecieran sus normas.
Para Pazmiño, de no contrarrestar el camino, Ecuador estaría dirigiéndose hacia un Estado fallido, algo que desde ya, dice, debe encender las alertas de expertos y autoridades.
Frente a este crítico panorama, los expertos coinciden en que la respuesta debe ser integral, combinando seguridad inmediata con intervención social sostenida.
En lo urgente, Pazmiño insiste en recuperar el control territorial con paso firme. Sugiere desplegar una presencia permanente de la fuerza pública en las zonas tomadas, pero no operativos esporádicos de unas horas, sino patrullajes las 24 horas del día durante “5 años, 7 años, 10 años”, si es necesario. Es decir, establecer bases policiales o militares fijas en estos barrios rojos, para desarticular a las bandas y restablecer la Ley.
Sin embargo, la mano dura por sí sola no soluciona el problema de fondo. “Una vez que se recupere el santuario o microestado, es necesario aplicar acciones sociales para recuperar la lealtad de la población hacia el Estado”, recalca el experto.
Después de años de abandono, los vecinos necesitan sentir que el Estado vuelve no sólo con armas, sino con ayuda y oportunidades. El coronel propone “mejorar las condiciones de vida” de inmediato: salud, educación, vivienda, empleo; todo con un “sinnúmero de acciones” coordinadas para rescatar a esos barrios de la vulnerabilidad. Se trata de ganarse a la comunidad, que la gente vea en el Gobierno un aliado y no sólo en la banda del barrio.
Burbano concuerda con él. Para el experto, el Estado debe actuar con sus dos brazos, “el brazo izquierdo y el brazo derecho”. Junto a ello, detalla que es importante también rehabilitar el sistema judicial, limpiarlo de corrupción y dotarlo de capacidad para procesar y condenar efectivamente a los cabecillas criminales. “De nada sirve capturarlos si los jueces los liberan”, dice.
En el frente social, Burbano destaca la importancia de fortalecer el tejido comunitario desde la base. Propone apoyar a las familias y especialmente a quienes cuidan de los jóvenes. Las madres, abuelas, hermanos mayores que crían y aconsejan son muchas veces “la última barrera invisible para que un chico sea reclutado” por las bandas.
Por esto, detalla que es necesaria la creación de programas estatales que les brinden respaldo: guarderías, ayudas económicas, atención psicológica y oportunidades educativas. Estas, destaca, podrían marcar la diferencia para que un adolescente opte por estudiar en vez de unirse a una banda.
Asimismo, señala que en los barrios más conflictivos ya operan ONGs y organizaciones comunitarias tratando de contener la violencia y ofrecer alternativas culturales, deportivas o económicas. Asegura que es necesario potenciar estas acciones. Menciona experiencias exitosas en ciudades como Medellín, Colombia, o programas sociales en Centroamérica que podrían servir de modelo. Es decir, la solución pasa por una combinación de política de seguridad inteligente, con fuerza pública bien coordinada, inteligencia y justicia eficientes y política social audaz, enfocada en inversión en educación, empleo y reconstrucción del tejido social en las comunidades más golpeadas.
Nada de esto, sin embargo, surtirá efecto de la noche a la mañana. La recuperación de los territorios capturados por el crimen será un esfuerzo de largo aliento. “Esto no viene de un año, esto viene de décadas atrás”, recuerda Pazmiño sobre el inicio del problema, por lo que al Estado “le va a tomar también décadas poder recuperar el control” de esas zonas marginadas.
Desmontar un microestado delictivo no sólo implica arrestar a los delincuentes visibles; requiere revertir años de abandono y violencia, reconstruir la confianza de la gente en las instituciones y ofrecer un proyecto de vida distinto a las nuevas generaciones. Los expertos coinciden en que mientras más se demore en actuar, más difícil será el camino de regreso. Pero con la voluntad política firme, recursos sostenidos y la participación de la sociedad, Ecuador podría frenar la expansión de estos microestados del crimen. Para ellos, la acción debe ser urgente.
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