Pachakutik defiende la resolución, mientras que grupos de Quito interponen acciones judiciales. Vuelven los intercambios de epítetos. ¿Quedó en el olvido la paz que ofrecieron algunos sectores sociales?
Las amnistías otorgadas por la Asamblea a favor de 268 personas ha polarizado a varios sectores, sobre todo porque se incluyó en el beneficio a quienes tenían abiertos procesos judiciales por la violenta movilización de octubre del 2019, que causó graves daños a Quito.
Lejos de lograr la paz y la reconciliación nacional, cómo lo han manifestado los asambleístas que votaron a favor de la resolución, su efecto ha sido contrario.
Por un lado, Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, y el abogado Andrés Castillo, a nombre de un grupo de ciudadanos y organizaciones de Quito, interpusieron ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad en contra de la decisión de la Asamblea.
En el documento solicitan como primer paso una medida cautelar que suspenda el efecto de las amnistías y que su tratamiento sea prioritario en la Corte.
Los demandantes esperan que el organismo determine qué casos ameritan las amnistías y cuáles no, al estar involucrados ciudadanos acusados de secuestro, uno de los delitos que prohíbe la Constitución para beneficiarse de la medida.
Alarcón manifestó que aparte de esta acción de inconstitucionalidad evalúan la posibilidad de impulsar la revocatoria del mandato de los asambleístas por Pichincha que votaron a favor.
«Los ecuatorianos tienen que entender que los terroristas, los delincuentes no se pueden burlar de los quiteños y de los ecuatorianos. No podemos permitir la destrucción y la violencia como medio de una protesta política. Aquí tiene que haber orden y el cumplimiento de la Ley», manifestó.
La demanda de inconstitucionalidad de suma a una acción de protección que presentó hace pocos días en un juzgado el exasambleísta Andrés Páez.
El Gobierno anticipó que analiza qué medidas puede tomar para oponerse a la decisión de la Asamblea, ya que considera que la resolución, aprobada con 99 votos, es injusta e irresponsable, «pues ha olvidado los ataques que sufrió la ciudad de Quito, los comerciantes, policías, periodistas, se quemaron edificios públicos y privados», según expresó el vocero, Carlos Jijon.
El Gobierno considera que la decisión es injusta al dejar sin que los responsables paguen sus culpas.
Los beneficiados
El Movimiento Pachakutik y su bancada de asambleístas cuestionan las acciones que se interponen en contra de las amnistías. Marlon Santi, coordinador nacional, dijo que es el momento de lograr el encuentro de los ecuatorianos y pidió que no se les estigmatice.
A pesar de su discurso de unidad, de diálogo y su pedido de tregua, Santi calificó de «facistas y racistas» a quienes promueven marchas y plantones en contra de las amnistías. Según el dirigente, son convocatorias que provienen de la oligarquía que busca plataforma política con miras a las elecciones seccionales del 2023.
Aseguró que frente a las acciones de protección y de inconstitucionalidad ellos también acudirán a organismos internacionales para que presenten amicus curiaes y expongan sus argumentos relacionados con los derechos de los pueblos a la resistencia y a la protesta social y defiendan la institucionalidad de la amnistía otorgada por la Asamblea.
El coordinador nacional de Pachakutik reconoció que pidieron los votos del correísmo, —que pasaron de perseguidores a perseguidos, ya que el poder es pasajero, dijo— y del resto de bloques. Aseguró que las 268 personas se merecen la amnistía, ya que no cometieron delito alguno.
No se responsabilizó del incendio en la Asamblea y aseguró que no hubo secuestro ni de policías ni de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura. Para Santi lo que pasó con los policías fue una interferencia de los elementos de Inteligencia; mientras que con la prensa hubo un «encuentro» para pedir que digan la «verdad» de lo que ocurría con la movilización.
Un grupo de amnistiados aseguró que sólo ejercieron su derecho a la resistencia frente a la subida del precio de los combustibles ordenado por el entonces presidente, Lenín Moreno, que encareció todos los productos, pero que, como respuesta, recibieron represión y juicios por delitos que no cometieron. Lenin Yumbay, amnistiado en Bolívar, calificó de «bola de engendros» a quienes cuestionan la resolución de la Asamblea.
Está polarización se refleja también en comunicados de diversas organizaciones. La Corporación Participación Ciudadana considera que hubo una toma violenta de Quito y que los delitos comunes no pueden ser considerados delitos políticos, por lo que rechaza las amnistías.
Mientras que la Cedocut, organización sindical del FUT, afin a los movimientos sociales e indígenas, considera que las amnistías son un paso en contra de la criminalizacion de la lucha social.
Lo de trasfondo
Una de las personas que se beneficiaron de la amnistía fue Paola Pabón, prefecta de Pichincha y alta dirigente del correísmo. Pabón estaba procesada por rebelión pero había negado toda participación en los hechos de octubre, asegurando que se trató de una protesta espontánea y negó que la Prefectura de Pichincha hay incidido en esa manifestación.
Sin embargo, a través de un documental, Carlos Andrés Vera, demuestra que no fue una movilización espontánea la que ingresó a la capital desde el sector de la Villa Flora, sino que estaba bien planificada, con el suficiente apoyo logístico (agua, comida, víveres) para permanecer en la ciudad varios días y que se cumplían turnos o relevos para mantener activa esa zona como focos de protestas de la que no participaron indígenas ni moradores.
Los testimonios de gente de la zona relatan que a los manifestantes se les proveyó de llantas para que bloquearan el redondel. En fotos y videos se observa la presencia de Pabón y de otros dirigentes del correísmo, como Virgilio Hernández, parlamentario andino, también amnistiado.
Los moradores citados en el documental consideran que se armó toda una operación para fomentar el miedo y caos ciudadano, lejos de las objetivos de reinvindicación de los movimientos sociales.
Similares bloqueos se produjeron en otros sectores de la ciudad, lejos del epicentro de la movilización indígena, como fue el parque de El Arbolito y zonas aledañas. Se presume que usaron volquetas para trasladar el material con el que se hicieron los bloqueos.
Aunque la Prefecta afirma que todas las volquetas de la institución tienen GPS para conocer su ubicación, un informe de Contraloría de 2020, difundido en el mismo documental, señala que de 285 vehículos entre pesados y maquinaria, 107 no tenían rastreo satelital. En este tema aún hay mucha tela por cortar.
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