La caída del precio del petróleo, que descendió de 67 a 56 dólares por barril en el primer cuatrimestre del año, ha debilitado los ingresos fiscales y obliga al Gobierno a enfrentar un déficit proyectado de 5.500 millones. Esto, a pesar del aumento en la recaudación tributaria. ¿Qué opciones quedan para el resto del año?
POR: Juan Camilo Escobar
A inicios de este 2025, los tanqueros que zarpaban desde los terminales del Pacífico ecuatoriano cargaban crudo con un precio que rondaba los $67 por barril. Era un comienzo de año alentador para las finanzas públicas de un país que depende en gran medida de lo que extrae del subsuelo. Pero, en apenas unas semanas, ese optimismo comenzó a evaporarse.
En marzo, la cotización del petróleo ecuatoriano cayó a $61,31. En cifras, fue una baja del 8,9%. En contexto, significó una advertencia: los ingresos por exportaciones se reducían justo cuando el gobierno de Daniel Noboa necesitaba mantener a flote un presupuesto marcado por los compromisos de deuda.
En abril, la situación empeoró. Las tensiones entre Estados Unidos y China se avivaron —una reedición contemporánea de la Guerra Fría, esta vez con aranceles— y la incertidumbre volvió a permear los mercados internacionales del petróleo. En ese clima enrarecido, Petroecuador redujo su precio de venta referencial a 56,49 dólares. Fue un golpe seco, directo al centro nervioso del presupuesto: más de siete dólares por debajo de los 63,70 previstos en el Presupuesto General del Estado para este año.
Como pésima calificó a esta caída el analista económico y exministro de Finanzas Mauricio Pozo. Estimó que cada dólar de caída en el precio del petróleo representa una pérdida de al menos 70 millones de dólares en el presupuesto para este año.
INGRESOS PETROLEROS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE
Así, entre enero y abril, los ingresos por petróleo ascendieron a apenas $312 millones, un aumento de $52 millones respecto al mismo periodo de 2024, pero muy por debajo de lo proyectado para sostener las finanzas públicas. Esta variación representa un crecimiento del 20%, pero las proyecciones anuales se han ajustado a la baja.
En el primer cuatrimestre de 2024, los ingresos por petróleo representaban el 3,4% del total de la ejecución del presupuesto general del estado para ese año ($260 millones de $7.591 millones). En el mismo periodo de 2025, representaron el 4,1% ($312 millones de $7.638 millones). Aunque hubo un leve aumento porcentual, la proyección anual muestra una tendencia inversa: se prevé que los ingresos petroleros caigan de $1.868 millones en 2024 a $1.400 millones en 2025, una reducción del 25%.
En su más reciente informe, con corte a abril de 2025, el Observatorio de la Política Fiscal (OPF), estima que la reducción del precio del crudo podría restar hasta $500 millones adicionales al presupuesto estatal este año, contribuyendo a un déficit fiscal que podría alcanzar los $5.500 millones en 2025, incluso con ingresos extraordinarios y recortes presupuestarios conservadores.
COMPARACIÓN CON LOS INGRESOS TRIBUTARIOS
En contraste, los ingresos tributarios crecieron de $5.484 millones a $5.888 millones en el mismo periodo, un incremento del 7,4%, equivalente a $404 millones adicionales. Este repunte fue impulsado principalmente por el aumento del IVA al 15%, las autorretenciones del Impuesto a la Renta ($670 millones), el impuesto temporal a las sociedades ($292 millones), utilidades del Banco Central ($286 millones) y excedentes de la empresa pública Flopec ($202 millones).
En cambio, los ingresos tributarios anuales se proyectan en $17.362 millones (incluyendo reformas), lo que equivale al 75% del total de ingresos del presupuesto ajustado, que suma $23.068 millones. Por tanto, por cada dólar que el Estado recaude en 2025, aproximadamente 75 centavos vendrán de impuestos y sólo seis centavos del petróleo.
Entre enero y abril, el déficit acumulado llegó a $1.107 millones, en comparación con el superávit registrado en el mismo período de 2024, según el análisis firmado por el economista Jaime Carrera.
CRITERIO TÉCNICO
Carrera considera que el país “tiene pocas opciones” para aumentar ingresos petroleros. Califica de inviable depender de este sector para cerrar la brecha fiscal. La única medida viable en el corto plazo, agrega, sería la reducción de subsidios, especialmente al diésel, combinada con una reforma tributaria estructural.
Carrera también alerta que, sin un manejo responsable del gasto ni nuevas fuentes sostenibles de ingresos, Ecuador enfrentará una creciente inviabilidad fiscal en el marco de un sistema dolarizado, elevando los costos de endeudamiento externo y limitando la inversión pública en sectores clave, como salud, educación e infraestructura.
El experto también señala que la estructura fiscal del país está marcada por una alta rigidez del gasto público y preasignaciones legales, que deja poco margen de maniobra al Gobierno. Así, recordó, que el 10% de los ingresos petroleros, por mandato constitucional, deben transferirse a los gobiernos locales, lo que disminuye aún más los recursos disponibles para cubrir el gasto corriente del Estado.
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA MÁS REALISTA
Pozo advirtió que, en un entorno de escasa probabilidad de repunte en los precios internacionales del petróleo —e incluso con riesgos de nuevas caídas, tras los recientes anuncios de los principales países productores—, Ecuador debe ajustar su política fiscal con criterios más conservadores y realistas.
Pozo subrayó que las estimaciones del precio referencial del crudo, incluidas en la proforma presupuestaria del Estado, deben establecerse con un margen prudente respecto a las cotizaciones del mercado internacional. Esto, dijo, permitiría reducir la exposición de las finanzas públicas a la alta volatilidad del sector energético.
“Mientras más ajustado esté el precio referencial del presupuesto al precio de mercado, mayor será el riesgo de desviaciones fiscales en escenarios de caída”, explicó. “Una disminución sostenida en los precios impacta directamente en los ingresos fiscales y limita la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos de gasto. El efecto dependerá tanto de la magnitud como de la duración del descenso”.
El exfuncionario estimó el impacto fiscal potencial: por cada dólar que el precio del petróleo se ubique por debajo del valor estimado en el presupuesto, las pérdidas para el fisco podrían alcanzar al menos 70 millones de dólares anuales. Si la diferencia llega a 10 dólares por barril, el efecto se amplificaría hasta los 700 millones.
Respecto a la evolución del mercado, Pozo señaló que no existen señales claras de una recuperación significativa en el corto plazo. “La tendencia actual apunta a un incremento en la producción global, lo que probablemente mantendrá los precios deprimidos o, en el mejor de los casos, estables pero sin mayor impulso”, advirtió.
En este contexto, el analista insistió en la necesidad de avanzar hacia un modelo fiscal más predecible, menos dependiente de los ingresos petroleros y con mayor énfasis en fuentes tributarias, que sí están bajo control del gobierno.
“Cuando se generen ingresos extraordinarios por exportaciones petroleras, estos deberían ser canalizados a un fondo de ahorro fiscal, como se planteó hace dos décadas. Sin embargo, esa práctica no se ha mantenido de forma sostenida”, lamentó.
Finalmente, aclaró que este enfoque no implica necesariamente una nueva reforma tributaria. “Lo fundamental es aplicar una política económica que priorice la previsibilidad de ingresos y el ahorro en épocas de bonanza, para fortalecer la resiliencia fiscal en escenarios adversos”, concluyó.
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