Las estadísticas son claras: 2025 se ha convertido en el año con más homicidios entre enero y julio. Conoce más sobre esta realidad y sus matices en el país.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Robos, secuestros, balas perdidas, balaceras, homicidios. Todos, parte de un escenario que en Ecuador se ha vuelto cada vez más fuerte, en el que la violencia se ha tomado no sólo los titulares, sino también las conversaciones de las personas. Y, de hecho, se ha convertido en una de las preocupaciones más importantes para los ecuatorianos.
Según encuestadoras como Ipsos, el desempleo y la inseguridad han sido las dos principales preocupaciones de los ecuatorianos. Y esto ha ido de la mano con el aumento de los índices de muertes violentas en el país, algo que se ha venido agravando en los últimos años.
De hecho, 2025 se va convirtiendo en el año más violento de la historia reciente de Ecuador, desde que se tiene registros. Esto, incluso superando los datos alcanzados en 2023, que ya se había abanderado de esta posición en el país.
Pero, ¿cómo están las cifras y cuál es la realidad que se vive en torno a la violencia en el territorio? Aquí te contamos.
Evolución de los datos
Entre enero y julio de 2025, Ecuador ha registrado 5.268 muertes violentas, la cifra más alta reportada en el mismo periodo de los últimos 11 años, desde 2014. En 2024, el dato fue de 3.753 y en 2023, el pico histórico de los homicidios, alcanzó los 4.510 casos.
En otras palabras, entre 2024 y 2025 el aumento de las muertes violentas ha sido de 40,36%; mientras que entre 2023 y 2025 el incremento ha sido del 16,8%. Además, esta estadística refleja un incremento continuo de los homicidios en Ecuador, que en 2014 alcanzaron apenas los 805 casos, por lo que hoy el país vive una panorama que ha aumentado las muertes violentas en un 554,41%.
Para José Beltrán, analista en seguridad, las estadísticas que hoy vive el país reflejan un aumento casi exponencial de la violencia, “marcada por el crecimiento y fortalecimiento del crimen organizado y el narcotráfico”, pero también por la reestructuración y crecimiento de las propias organizaciones criminales.
“Este es como un efecto bola de nieve, en el que la muerte o captura de grandes líderes ha causado una dispersión y reagrupación de las organizaciones, lo que contribuye a la violencia, de la mano con la lucha por el control de rutas de narcotráfico y de territorios, diversificación de fuentes de ingreso de las bandas —con delitos como trata de personas, secuestros, extorsiones—, y también por el espacio que han ganado los grandes grupos organizados, tanto territorial como institucionalmente hablando”, dice. “Todo contribuye a que la violencia tenga un repunte que, así como nos demuestran las cifras, no va a parar”.
De hecho, toda esta dinámica se refleja en las cifras, en las que se registra una ligera reducción en 2024, que el experto atribuye a la declaratoria del conflicto armado interno y a la militarización de las calles, algo que dio un resultado temporal, pero que es “imposible de mantener en el tiempo”. De hecho, esta ha sido la evolución de los datos anuales:
Asimismo, se puede ver que la dinámica ha variado en el análisis provincial. Y es que algunas provincias han tenido un aumento aún más considerable en los últimos años cuando de violencia se trata, como es el caso de Orellana. Allí, entre enero y julio de este año se han reportado 75 muertes violentas, frente a las 69 de 2024 y las 25 de 2023. Es decir, allí se excluye lo ocurrido tras la declaratoria de conflicto armado interno. Y es que entre 2023 y 2025, el aumento ha sido del 200% en este espacio; y desde 2014, año en el que se alcanzaron apenas 16 casos, el incremento ha sido del 368,75%.
Y casos similares se pueden ver en provincias como Santa Elena, donde el incremento de las muertes violentas entre 2014 y 2025 ha sido del 2.050%; convirtiéndose en la provincia que más crecimiento presenta en los últimos 11 años.
Se puede ver, de hecho, que en 2025 diez provincias han presentado un incremento en las muertes violentas, sean estos bajos o considerables, en comparación con el pico de violencia registrado a lo largo de los últimos 11 años; mientras que en once provincias la cifra se ha reducido este año, con diversos márgenes.
Uno de los casos en los que se han presentado reducciones de homicidios es Santo Domingo, provincia en la que la disminución entre 2022, que tuvo un pico de 139 casos, y 2025, que registró 62 muertes violentas, es del 95%.
Además, se puede ver que Guayas es la provincia que más concentra homicidios en el país, registrando este año un total de 2.547 casos entre enero y julio; frente a las 1.680 reportados en el mismo periodo de 2024 y los 2.106 registrados en 2023. Estos datos convierten a 2025 en el año más violento de la historia de esta provincia.
De hecho, dos cantones de esta provincia lideran las estadísticas. Por un lado está Guayaquil, que este año reportó 1.607 muertes violentas entre enero y julio; frente a los 1.003 de 2024 y los 1.465 de 2023.
Pero también está Durán, que registró 370 muertes violentas entre enero y julio de 2025, frente a los 275 casos reportados en 2024 y los 275 registrados en 2023. Además, las estadísticas convierten a Durán en el cantón con uno de los mayores índices de incremento de la violencia desde 2014, cuando registraba apenas 9 homicidios; por lo que el aumento fue de 4.011% en los últimos 11 años.
Otras características de los delitos
Del total de 5.268 muertes violentas registradas entre enero y julio de 2025, 94,7% fueron catalogadas como asesinatos; por lo que este es el delito más recurrente reportado en los últimos siete meses. A este le siguen los homicidios, con un 4,3%; los femicidios, con 0,6% y los sicariatos, con 0,3%.
Además, el 95,2% de los casos de homicidios han estado vinculados a la violencia criminal; lo que refleja la importancia de los factores que mencionó Beltrán en el aumento de la violencia en el país. A esto le sigue la violencia interpersonal, con 4,6% y la violencia sociopolítica, con 0,2%.
Y los datos también demuestran otros factores detrás de las muertes violentas. Por ejemplo, el 79,2% de las personas asesinadas en los primeros siete meses de este año son hombres, mientras que el 20,8% son mujeres.
Además, la mayor parte de homicidios se han cometido con armas blancas y armas de fuego, con 37,9% y 30,4% de los casos, en ese orden. Seguidos por armas contundentes, con 14,6%.
Homicidios a menores de edad
En Ecuador, cada vez también se ha convertido en un tema más común el hecho de que balaceras y hechos violentos terminen con la vida de menores de edad. Y esto también se ve reflejado en las estadísticas.
Entre enero y julio de 2025 se ha reportado un total de 336 muertes violentas contra niños, y adolescentes menores de 17 años. Esto representa un incremento del 50% frente a los datos registrados en el mismo periodo de 2024, que contó con 224 muertes violentas en este rango de edad. Además, en los últimos 11 años esta estadística ha crecido en un 522,22%, partiendo con 54 casos en 2014.
Y estas son las estadísticas anuales hasta 2024:
Además, los datos también demuestran que la mayor parte de estos homicidios han sido derivados del crimen organizado. Y es que, según las estadísticas el 96,8% de las muertes violentas contra menores de edad se han dado en contextos de violencia criminal, mientras que apenas el 3,2% responde a violencia interpersonal. Además, el 90% de las víctimas de estos casos son hombres.
Para Beltrán, estas cifras son un reflejo de las dinámicas de reclutamiento infantil que se han visto documentadas en Ecuador. “Están los casos de los niños sicarios, de menores que entran y participan de delitos desde muy jóvenes con organizaciones criminales o el ejemplo de los menores detenidos en la toma de TC Televisión. Las bandas están cooptando niños, niñas y adolescentes, lo que se refleja en las estadísticas”.
El experto, además, asegura que los menores son vulnerables ante las dinámicas de las estructuras criminales por la falta de oportunidades en zonas marginales, lo que ha implementado una cultura del crimen, como única salida; lo que a su vez ha permitido que esta estadística, como se puede ver, siga creciendo.
Esto también ha sido alertado por Unicef, entidad que encendió las alarmas sobre la situación de los niños y adolescentes en Ecuador debido al incremento en las estadísticas.
El organismo señaló que el crecimiento de estas cifras es un reflejo del impacto directo de la inseguridad en la niñez y la adolescencia, con efectos que van más allá de las muertes violentas. Y es que la violencia también está limitando el acceso a la educación, la salud y la protección de este grupo poblacional.
Unicef remarcó que este contexto coloca a los niños en una de las situaciones más vulnerables del país. “El incremento extraordinario de la violencia que afecta a la niñez y adolescencia impacta negativamente en su vida y bienestar, y puede tener consecuencias irreversibles en su desarrollo presente y futuro”, advirtió en un comunicado.
El organismo pidió a las autoridades ecuatorianas fortalecer la prevención de la violencia y garantizar que las políticas públicas protejan a la niñez. Para Unicef, los niños y adolescentes no deben ser vistos como “colaterales” en la lucha contra el crimen organizado, sino como sujetos de derechos que requieren atención prioritaria en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país.
Análisis
El repunte de homicidios que vive Ecuador no sólo responde a la fuerza de las bandas, sino también a la forma en que el Estado ha enfrentado la crisis. Para Diego Pérez, experto en seguridad, las políticas aplicadas hasta ahora han partido de un diagnóstico equivocado: pensar que el país atraviesa una situación excepcional, cuando en realidad el problema es estructural.
“Las herramientas utilizadas no son coherentes con el problema que enfrentamos”, afirma. Mientras las organizaciones criminales han logrado ampliar su rango de acción, aumentar recursos y penetración en distintos espacios, el Estado ha ido perdiendo capacidades. La consecuencia, dice Pérez, es un escenario en el que “vamos a tener un Estado débil, organizaciones fortalecidas y decisiones políticas descentradas, desubicadas, que no permiten atender ni contener el centro del problema”.
El experto añade que enfoques como la propuesta de una base militar estadounidense no atacan la raíz del conflicto. En su criterio, el verdadero problema pasa por la capacidad de control del territorio y la solidez de las instituciones. Sin embargo, se ha extendido el rol de las Fuerzas Armadas a espacios que no les corresponden, como hospitales, mientras se debilitan instituciones que podrían cumplir funciones esenciales en seguridad. Para Pérez, esto refleja un manejo distorsionado del aparato estatal y la ausencia de una estrategia integral.
“Hace falta una discusión más profunda sobre la naturaleza del problema y la manera de abordarlo”, concluye.
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