Aún hay hermetismo sobre el nuevo rumbo del organismo; Mario Godoy está recibiendo documentación para el proceso de transición. Evitar la corrupción y llevar de manera clara el concurso de selección de jueces y conjueces nacionales. 

«Sabemos que Godoy ya está despachando; lo que no sabemos es cuánto durará la transición», dijo un funcionario del Consejo de la Judicatura (CJ). «Como en todo cambio de cabezas, al principio siempre hay un poco de incertidumbre, pero esperamos que no haya inestabilidad», agregó otro. Un técnico, en cambio, comentó: «Cambian las cabezas, pero siguen los problemas de inversión tecnológica».

Estos son sólo algunos de los comentarios de funcionarios de diferentes áreas administrativas y técnicas de la Judicatura, consultados esta mañana por Ecuador Chequea, sobre el trabajo del organismo bajo la presidencia de Mario Godoy, recientemente posesionado por la Asamblea Nacional.

A pesar de expresar sus expectativas e incluso sugerencias y recomendaciones para el nuevo titular del organismo, los funcionarios consultados responden con reserva. Incluso llegan a reconocer que sobre ellos pesan prohibiciones expresas de hablar con periodistas.

En todo caso, estos mismos funcionarios consultados, quienes en la práctica son los responsables directos del funcionamiento de la Judicatura, recordaron que Godoy asume la presidencia con dos importantes tareas pendientes.

Se trata de dos concursos pendientes para el normal desempeño de la Función Judicial. El primero es para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, con 107 postulantes. Los exámenes de confianza, que comenzaron el 15 de julio, finalizarán el 25 de julio. Los candidatos que superen esta fase pasarán a la etapa de oposición, donde rendirán pruebas teóricas y prácticas. Los ganadores, que cubrirán 10 vacantes, se anunciarán en octubre.

El segundo concurso es para establecer un «banco de elegibles» de la carrera judicial a nivel nacional, con 8.715 postulantes. Actualmente, se está revisando el cumplimiento de los requisitos formales. Este concurso finalizará en enero de 2025, y ofrece 1.090 cupos para el curso de Formación Inicial. Se espera designar a más de 500 magistrados para las cortes provinciales de justicia, tribunales y unidades judiciales en todo el país.

Por ahora, además de sus declaraciones de intenciones al frente del organismo, Mario Godoy no ha presentado un plan de trabajo específico sobre estos temas. Ante una consulta de Ecuador Chequea, su equipo indicó que atenderá a la prensa en los próximos días, una vez que concluya la recepción de informes del funcionamiento del organismo en el marco del proceso de transición.

Mientras concluye esta transición, en sus cuatro ventanillas de atención al público de su edificio principal en Quito, dos para consultas y dos para recepción de documentos, continuaron atendiendo a los usuarios de manera relativamente normal.

VIGILANCIA

José Andrés Murgueytio, abogado y coordinador de proyectos del Observatorio de Derechos y Justicia, destacó tres tareas urgentes que se esperan durante la presidencia de Mario Godoy, las cuales deben realizarse con transparencia y eficacia.

Murgueytio señaló que la primera es el nombramiento de «gente proba y competente» en el proceso de selección de autoridades para la Corte Nacional de Justicia. En segundo lugar, pidió que se inicien «procesos reales de evaluación» del desempeño de los funcionarios judiciales a nivel nacional. Finalmente, enfatizó la necesidad de una depuración administrativa para evitar la corrupción, especialmente en los sorteos de causas y en el orden en que estas se tramitan.

También recordó que el concurso en la Corte Nacional de Justicia está en una etapa avanzada, con la participación de una misión internacional de observación que ha realizado varias evaluaciones sobre el proceso. 

El especialista también calificó como indispensable que la nueva administración siga aplicando el reglamento elaborado por la anterior para todos los procesos de selección de funcionarios judiciales.

“En cuanto a los procesos de depuración, se entendería del discurso de Godoy que tiene un compromiso por mejorar la justicia, Pero más allá de la retórica, se necesitan acciones concretas, que empiezan desde el primer día”, agregó Murgueytio luego de recordar que en la administración de Román si iniciaron procesos de mejora con la escuela de la Función Judicial. 

POLÉMICA

En todo caso, en medio de estas expectativas, Godoy ya cumplió este miércoles un primer acto protocolario como presidente de la Judicatura, al reunirse con la Corte Nacional de Justicia.

La designación de Mario Godoy, hasta 2025, en reemplazo de Álvaro Román, se realizó en medio de controversias y tensiones al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que incluyeron presiones, amenazas y varias acciones legales, como medidas cautelares y acciones de protección.

Godoy asumió oficialmente su cargo el martes, en una ceremonia en la Asamblea Nacional, después de haber sido designado el 10 de julio por una mayoría del Cpccs. Su mandato se extenderá hasta enero.

En su primer discurso, Godoy se comprometió a adoptar una postura de cero tolerancia hacia la corrupción dentro del sistema judicial. «Este es un reto urgente», afirmó. También prometió fortalecer la cooperación institucional y utilizar herramientas avanzadas para prevenir sobornos, además de crear canales seguros para que los ciudadanos denuncien prácticas corruptas sin temor a represalias.

FUNCIONES

El artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial establece las funciones del presidente del Consejo de la Judicatura, incluyendo la designación de jueces y otros servidores judiciales mediante concursos de méritos y oposición, asegurando que los seleccionados cumplan con los requisitos de idoneidad y probidad.

El presidente también tiene la responsabilidad de evaluar periódicamente el desempeño de los jueces y funcionarios judiciales para mantener altos estándares de eficiencia y ética en la administración de justicia. Esta evaluación busca sancionar cualquier incumplimiento de las obligaciones.

Además, el presidente debe investigar y sancionar actos de corrupción, negligencia u otras faltas cometidas por jueces y servidores judiciales. Para ello, debe implementar mecanismos efectivos para recibir denuncias y llevar a cabo las investigaciones de manera imparcial y transparente.

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