Desde noviembre de 2021 no se había producido una masacre, pero todo fue lo mismo: muertes, violencia, armas, drogas y todos los objetos prohibidos fueron hallados dentro de esta prisión.
La cárcel de Turi, en Cuenca, está bajo control de las autoridades desde la tarde de ayer, según la versión del secretario de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla. Su pronunciamiento se da luego de que desde la madrugada de ayer se registró un nuevo enfrentamiento entre internos, que dejó como saldo 20 asesinados, 19 de ellos en ese acto de violencia y uno por ingesta de un producto químico.
Los fallecidos pertenecían a la banda delincuencial Los Lobos, confirmó el general Carlos Cabrera, comandante general de Policía. Además hay cinco heridos. Según las autoridades, el conflicto se generó por una disputa interna por el liderazgo de la banda de Los Lobos.
Durante las investigaciones y el registro de las instalaciones se encontraron cinco armas de fuego, que habrían sido usadas durante el amotinamiento. Tres de ellas marca Glock y dos calibre 9 milímetros. Tanto la marca como el calibre son similares a las de dotación de la Policía Nacional, pero se descartó que pertenezcan a la Institución. Las autoridades realizan un intercambio de información con otros países para saber si las armas fueron usadas en otros hechos delictivos.
La realidad de la cárcel de Turi
Durante el operativo para retomar el control de esta cárcel se identificaron 197 indicios balísticos (vainas de armas de fuego), 50 celulares, 329 dosis de sustancias estupefacientes, 127 armas cortopunzantes y 1.312 litros de alcohol en procesamiento para ingerir en el interior de este lugar.
Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de febrero de este año, una de las falencias del sistema penitenciario del país es el control efectivo por parte del Estado de los centros penitenciarios, ya que las cárceles donde ocurrieron los hechos más violentos durante el 2021, año en que se registraron 316 reos asesinados, son dominadas por grupos del crimen organizado. “Al mismo tiempo —señala el informe— la falta de control en los centros facilita el ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios”.
En efecto, otro informe que elaboró la Comisión de Seguridad de la Asamblea sobre la crisis carcelaria, para el que se realizaron visitas a distintas cárceles del país, identifica algunas debilidades en el control que se realiza en la cárcel de Turi. Por ejemplo, filtro de seguridad con sensores que no funcionan desde hace muchos meses; no funcionan ni los escáneres de objetos, ni el corporal ni el de vehículos, tampoco había inhibidores de señal. La comisión legislativa que elaboró el informe verificó además que se encontraba dañado todo el sistema de cámaras en el interior de pabellones y que “los protocolos de seguridad parecen más rutinarios que de verdadero control”.
Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI) aseguró que han sido identificadas las debilidades estructurales, de seguridad y tecnológicas para generar proyectos que permitan asegurar el monitoreo de todos los pabellones, como la adquisición de inhibidores de señal.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que este centro de detención no registra hacinamiento, por lo que responsabilizó de los actos violentos al comportamiento de cabecillas de las bandas.
Según la cifras oficiales que se entregó a la Comisión de la Asamblea, Turi tiene capacidad para 2.740 internos y hasta octubre del año pasado habían 2.043. El complejo penitenciario se compone de 9 pabellones con 66 celdas cada uno. En el informe elaborado se hace la siguiente observación: “Existe una incongruencia cuando nos dicen que no hay hacinamiento. Nos dicen que la construcción fue planificada para 1700 personas y ahora están 2043. No se nos da una justificación de cómo subieron la capacidad de 1.000 personas más”.
Lo de fondo
La primera masacre se registró el 23 de febrero del 2021, con un saldo de al menos 79 reos asesinados. Los hechos se dieron en la Penitenciaría del Litoral y se extendieron a la cárcel No. 4; luego a la cárcel de Turi, y a la de Cotopaxi.
El 22 de julio se suscitó una nueva masacre en la cárcel de Cotopaxi y Penitenciaría del Litoral, en las que fueron asesinadas, al menos, 22 personas.
Una tercera masacre ocurrió el 29 de septiembre en la Penitenciaría del Litoral, en la que fueron asesinadas, al menos, 119 personas. Y entre el 12 y el 13 de noviembre ocurrió otra masacre, también en la Penitenciaría del Litoral, que dejó un saldo de 61 detenidos fallecidos y más de 45 heridos. Desde esa fecha no se habían registrado incidentes de esa magnitud.
A mediados de marzo de este año, cuando se presentó el informe de la CIDH sobre la crisis carcelaria, Mario Carrillo, experto en seguridad y exdirector de la cárcel de Latacunga, ya anticipó que era una “paz mentirosa” la que se vivía en las cárceles. El experto aseguró que en la última masacre de noviembre hubo muestras de la utilización de un gran arsenal y jamás las autoridades informaron que las mafias que controlan las cárceles entregaron las armas.
Además, dijo que ni la comisión de pacificación ni la delegación de la CIDH que visitó el país en diciembre, lograron entrar a los pabellones conflictivos. “Quiere decir que los problemas siguen ahí, dormidos; bajo una situación engañosa que cualquier momento vuelve a repetirse con igual nivel de violencia”, aseguró en su momento. Y eso es lo que ocurrió la madrugada de este domingo en Turi.
Por su parte, el asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, que preparó el informe sobre la crisis carcelaria, también aseguró que se vivió una calma ficticia, ya que el Gobierno se tardó en tomar soluciones, como la creación del Ministerio del Interior, para que se encargue netamente de la seguridad.
Mientras que Carrillo asegura que junto a su equipo de trabajo presentó, ocho meses antes, tanto a Narváez como a la Presidencia de la República, un diagnóstico similar al de la CIDH y que además contenía soluciones a la problemática.
Ante las críticas, el director del SNAI respondió que “el descuido por parte del Estado no se puede solucionar en una semana o en un mes”. Además, aseguró que de enero hasta la fecha se han prevenido 83 muertes violentas a través de los traslados de presos de una cárcel a otra. Ramírez informó que dentro de estas reubicaciones se encuentran cinco cabecillas de las bandas delincuenciales.
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