Con cambios, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para primer debate de la reforma propuesta por el Gobierno de Daniel Noboa. Se propone que las investigaciones para determinar si un bien es de origen ilícito tomen máximo 6 meses.
Seis meses es el tiempo que la Comisión de Régimen Económico propone como plazo para que se cumpla con la fase de investigación patrimonial para determinar si un bien es o no de origen ilícito. Es parte de los cambios que presenta el informe para primer debate sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, que fue aprobado con 8 votos a favor y uno en contra. El proyecto fue remitido a la Asamblea por el presidente de la República, Daniel Noboa, con el carácter de económico urgente, el cuarto de esa característica.
La Comisión estableció así un punto medio entre lo que señala la normativa actual (12 meses) y que tenía el respaldo de la fiscal general, Diana Salazar, y lo que planteaba Noboa (3 meses) en su proyecto de Ley. Durante una comparecencia a la Comisión, Salazar dijo que el plazo propuesto por el Ejecutivo era muy corto, ya que se trata de una investigación compleja.
Nathaly Farinango (ADN), presidenta de la Comisión, aseguró que los seis meses es un plazo razonable para que la Fiscalía pueda armar un “expediente robusto” con relación a una investigación patrimonial. Agregó que el informe recoge todas las observaciones y recomendaciones que se plantearon en la socialización del proyecto de Ley.
Otro cambio es la imprescriptibilidad. La Ley actual señala que la extinción de dominio prescribe a los 15 años, mientras que en el informe se señala que la acción prescribirá después de transcurridos 80 años desde la fecha en que se adquirió el o los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, el cual es de naturaleza jurisdiccional y de carácter patrimonial, y se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial.
Con relación a la distribución de los recursos producto de la venta de los bienes por aplicación de la Ley Extinción de Dominio, la propuesta de la Comisión es que el 80% se destine a programas sociales, especialmente para la niñez; el 10% para modernización y desarrollo tecnológico de la Fiscalía; y el 10% restante a infraestructura y desarrollo de las juntas parroquiales rurales.
La actual normativa señala que la totalidad de los recursos debe destinarse a programas de desarrollo infantil, con énfasis en primera infancia y erradicación del trabajo infantil. Por su parte el Ejecutivo quería que el 90% vaya a programas sociales y el 10% para el desarrollo tecnológico de la Fiscalía.
El debate
La mayoría de legisladores que aprobó este informe para primer debate argumentó que era necesario despojar de sus recursos al crimen organizado y que eso se lograría a través de esta reforma.
Patricio Cisneros (ADN) manifestó que el país necesita el uso inmediato de esos bienes adquiridos de manera ilícita para invertirlos en recomponer “el tejido social”. José Luis Vallejo, de la bancada correísta, agregó que el movimiento apoyará todas las acciones destinadas a recuperar la seguridad nacional y que detengan el flujo de recursos que “alimentan” a la delincuencia organizada. Jorge Álvarez, del PSC, el único que votó en contra, dijo que lo hacía ya que, si bien es necesario que el Estado recupere aquellos bienes ilícitos productos del narcotráfico y otros delitos, la acción debía iniciarse luego de que se dicte sentencia condenatoria ejecutoriada, para evitar que se persiga bienes de personas que lo obtuvieron respetando la Ley.
Otras observaciones de los legisladores fueron la ampliación de 15 a 80 años de la imprescriptibilidad y que el destino de los recursos vaya a la Fiscalía, ya que quien maneja el aspecto financiero de esa institución es el Consejo de la Judicatura.
Este informe pasará al Pleno de la Asamblea para el primer debate, tras lo cual regresará a la Comisión para que prepare el informe para segundo y definitivo debate.
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