Sectores políticos y constitucionalistas consideran que se afectaría la independencia judicial y la Corte estaría sujeta al vaivén político.
POR: Hugo Constante
La pregunta propuesta para consulta popular por el presidente, Daniel Noboa, sobre la posibilidad de que la Asamblea pueda enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional, es considerada peligrosa para la independencia de funciones por parte de sectores políticos y expertos constitucionales que no son afines al Gobierno.
De acuerdo a los anexos remitidos a la Corte para que determine la vía a seguir, la interpelación podrá proponerse cuando se considere que han incumplido funciones por la violación flagrante y reiterada del cumplimiento de los deberes o atribuciones inherentes a su cargo; cuando hayan cometido delitos sancionados mediante sentencia ejecutoriada; o cuando se determine una arrogación manifiesta de funciones.
De aprobarse la pregunta, la Asamblea podrá censurarlos y destituirlos con mayoría absoluta. De acuerdo a la nueva conformación de la Legislatura, la mayoría absoluta representa 77 votos, un número que el oficialismo ha logrado conseguir hasta el momento.
Diversos sectores ven a la propuesta como una revancha del Ejecutivo ante la decisión de la Corte de suspender provisionalmente varios artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, de Inteligencia y de Integridad Pública con las que, según el oficialismo, se buscaba combatir al crimen organizado y devolver la paz al país. Además, consideran que desde algunos periodos atrás se está fiscalizando a la “carta”. Con la nueva mayoría oficialista, por ejemplo, el Consejo de Administración Legislativa no dio paso a la solicitud de enjuiciar políticamente a la Ministra de Energía, Inés Manzano, presentada por la bancada correísta; pero está en marcha la sustanciación del proceso en contra del consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán, solicitada por el oficialismo bajo causales aún no tan claras.
Los elementos políticos
La asambleísta de Pachakutik, Cecilia Baltazar, indicó que la Corte Constitucional es un órgano de garantía de derechos, por lo que no es pertinente que los jueces tengan que someterse a juicio político por esas acciones de control, y mucho menos por las sentencias que dicte. Baltazar agregó que al dejar abierta la posibilidad de una interpelación, estarán sometidos al vaivén de la política, a lo que dicte un determinado poder del Estado porque de lo contrario se puede dar paso a la persecución o presión.
Desde el Partido Social Cristiano, el legislador Otto Vera manifestó que el anexo propuesto no deja en claro cuál sería el incumplimiento de funciones para que un magistrado constitucional pueda ser llamado a juicio político. Vera indicó que el anexo debería ser modificado y mejorado para evitar interpretaciones que puedan dar paso a un proceso de esta naturaleza, por decisiones legítimas que toma en ejercicio de sus funciones.
Por su parte, al asambleísta independiente Cristian Benavides, la propuesta le suena más como un recurso de presión para empujar a los jueces a que tomen decisiones afines a la política del oficialismo, por lo que es necesario que ante esta arremetida la Corte Constitucional mantenga su independencia, transparencia de sus decisiones jurídicas – constitucionales, que es el filtro que permite que no haya excesos y que se respete la Constitución.
Los criterios constitucionales
A través de sus redes sociales, los constitucionalistas Rafael Oyarte y José Chalco, entre otros, han cuestionado la propuesta. Oyarte escribió que la pregunta tiene algunos problemas como por ejemplo, qué implica la arrogación de funciones. Por su parte, Chalco calificó de “aberración” y que no procede ya que restringe la garantía de independencia judicial reconocida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Gabriela León, constitucionalista y docente universitaria, indicó que la pregunta demuestra dos situaciones. Por un lado, que Noboa en su práctica política está usando a la Corte Constitucional para crear un “enemigo” común del Ejecutivo y de los ecuatorianos, por no permitirle la vigencia de normativas que de antemano el Gobierno sabe que son inconstitucionales. Mientras que por otro lado, presenta una pregunta a la que León califica de grave ya que la Corte, independientemente de los jueces que integren el organismo, tiene la misión de controlar que el Presidente de la República, entre otros, respete la Constitución. “La Corte no se pronuncia por llevarle la contraria al Presidente, o por llevarle la contraria a la Asamblea. Lo que busca la Corte es que esas leyes que manda el Presidente o que manda la Asamblea respete los derechos de las personas”, dijo la especialista.
León agregó que de aprobarse la pregunta dejaría de existir la separación de poderes para dar paso a una Corte cooptada por el poder de turno y que los jueces no puedan hacer su trabajo, ya que a la primera sentencia que no le guste a la Asamblea, promoverá su juicio político, ya que se ha demostrado que se presentan ese tipo de iniciativas en contra del que opina diferente, no necesariamente al que incumple sus funciones.
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