El Colegio de Abogados de Pichincha considera que la declaratoria de nulidad insanable parcial en el concurso para elegir jueces nacionales no es suficiente. ¿Qué implica la decisión, qué sigue en el proceso y cómo garantizar la transparencia?
En la madrugada del 8 de diciembre de 2004, el Congreso Nacional destituyó a 31 jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y nombró a sus reemplazos, varios de los cuales tenían vínculos públicos con los partidos de la mayoría legislativa. El país despertó ante un escándalo internacional. Tras meses de presión y con algunas manifestaciones en contra de la que fuera llamada ‘Pichi Corte’, el 30 de noviembre de 2005, la CSJ designó a nuevos magistrados a través de un proceso de selección supervisado por observadores nacionales e internacionales.
Estos eventos marcaron dos hitos: reflejó la politización de la justicia y un intento de garantizar la selección basada en méritos. Dos décadas después, en medio del actual concurso para seleccionar a 20 de los 31 jueces de la Corte Nacional de Justicia, ambos precedentes han recobrado relevancia, especialmente tras los casos ‘Metástasis’ y ‘Purga’, que han revelado no sólo corrupción, sino también vínculos entre el sistema judicial y el narcotráfico.
¿Este concurso marcará un nuevo hito en la historia de la justicia ecuatoriana? Pero antes de eso, ¿cómo procederá y cuándo concluirá, luego de que una parte clave de este concurso, como es el examen de confianza, se anulara? ¿En qué consiste esta última decisión y cómo impacta al proceso?
Anoche, tras casi cinco meses de concurso, el Consejo de la Judicatura declaró la «nulidad insanable parcial» del proceso, específicamente del examen de confianza realizado el 15 y el 16 de julio. La entidad también ordenó a la Contraloría que realice un examen especial sobre esa etapa del concurso.
Como es de dominio público, el 22 de julio, la Judicatura informó que 70 postulantes superaron las pruebas de confianza, 35 no aprobaron y 2 no se presentaron. De los 70 postulantes que superaron estas pruebas y realizaron la prueba teórica el 27 de julio de 2024, 59 solicitaron una recalificación. Finalmente, seis de estos postulantes obtuvieron entre dos y cuatro puntos adicionales, un notable incremento en comparación con el máximo de dos puntos adicionales obtenidos por los otros 52 postulantes.
“La nulidad insanable parcial significa que no puede ser corregida”, explicó Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. “Por lo tanto, se deberán repetir las pruebas de confianza, y para ello se convocará y contratará a una empresa con experiencia en este tipo de evaluaciones. Sólo entonces se podrá avanzar a la siguiente fase, que incluye la prueba práctica”, acotó.
Consultados por Ecuador Chequea, tres fuentes del sector judicial ofrecieron diferentes perspectivas, desde calificar la resolución como insuficiente, al considerar que se debería declarar la nulidad total del concurso, hasta solicitar que la Judicatura permita una supervisión pública para garantizar la transparencia y la correcta aplicación del proceso.
Ocaña calificó como indispensable la declaratoria de nulidad total del concurso para que reinicie desde cero, pero ahora sí con garantías para evitar todas las irregularidades cometidas durante el actual proceso.
“Esa resolución para nosotros es insuficiente; incluso, al determinar una nulidad insanable parcial ya están aceptando, a través de los informes técnicos y jurídicos, que existen estos yerros que deslegitiman el concurso. Por el bien del Consejo de la Judicatura, del sistema judicial y de sus usuarios, debería declarar la nulidad total e iniciar un nuevo proceso en donde no exista esta deslegitimación”, expresó el dirigente.
“Con esto se resta la confianza del sistema judicial. La gente ve que el sistema de justicia no actúa de una manera eficiente y eficaz y se está tomando la justicia por sus propias manos, como fue el caso reciente de un muchacho que, tras ser asaltado, atropelló a quienes eran sus victimarios”, comentó.
Ocaña aclaró que los resultados de las pruebas de confianza no determinan si un postulante es corrupto, sino que evalúan la probidad de los candidatos al cargo de juez en la Corte Nacional.
Úrsula Jumbo, abogada quiteña y analista de temas judiciales, subrayó la importancia de las pruebas de confianza para asegurar que los candidatos estén realmente capacitados para asumir el rol de jueces nacionales. Destacó que estas pruebas “están diseñadas para evaluar la adecuación de un candidato para el cargo, considerando aspectos como conocimiento, probidad, cultura, lealtad y honradez”. Jumbo enfatizó que es crucial que estas pruebas sean administradas por especialistas calificados y añadió: “Si se llevan a cabo correctamente, pueden contribuir a un desarrollo más sólido del sistema judicial en su conjunto”.
“Para que estas pruebas sean efectivas, deben ser realizadas por profesionales especializados con profundo conocimiento en diversos tipos de juicio, derecho y jurisprudencia. Existen casos controvertidos que deben resolverse considerando múltiples leyes. Por lo tanto, se supone que un ministro de la Corte tiene un amplio conocimiento y puede distinguir entre lo que es un engaño, falsedad o error frente a lo que los abogados o procesados podrían intentar inducir”, dijo Jumbo.
LO QUE VIENE
Previo a anunciar el nuevo cronograma, a la Judicatura le espera contratar a los responsables de repetir las pruebas de confianza realizadas el 15 y 16 de julio a los 107 de los 266 postulantes iniciales que quedaron en el concurso. Aunque su resolución del 26 de agosto parezca un juego de palabras, el Consejo expresó su desconfianza en la empresa encargada inicialmente de esta tarea, que resultó en la eliminación de 35 participantes.
El cronograma inicial, que establecía que a mediados de octubre concluyera la selección, voló en mil pedazos tras la resolución de la Judicatura de anular parcialmente el concurso debido a denuncias de que Métricas Web, empresa contratada por alrededor de 7.000 dólartes para realizar la pruebas no tenía experiencia en la materia.
¿La nueva fecha para saber quienes son los elegidos? Si no hay nuevas sorpresas, para el martes 17 de septiembre la Judicatura anunciará el nuevo cronograma, según confirmó la entidad en un comunicado: “Se dejó sin efecto la aprobación del informe de la fase del examen de confianza. Y se otorgó, a partir de la presente resolución, un término de 15 días para que la Dirección de Talento Humano realice los cambios administrativos y normativos, la implementación de una nueva metodología y demás instrumentos que permitan retomar el concurso; así como la modificación del cronograma general”.
En todo caso, al convocar a estas fallidas pruebas, la Judicatura especificó las tres partes en que consisten:
- Formulario de declaración de conflicto de intereses: un documento obligatorio que los postulantes debían entregar físicamente y firmar. Aunque no se calificaba, era un requisito indispensable para poder rendir las pruebas de competencias laborales y de honestidad.
- Prueba de competencias laborales: esta evaluación medía las habilidades de los postulantes con relación a los parámetros establecidos para el cargo de juez y conjuez de la Corte Nacional.
- Prueba de honestidad: diseñada para evaluar la integridad de los candidatos, esta prueba determinaba su idoneidad para ocupar los puestos en la Corte.
La siguiente etapa, de acuerdo con el proceso organizado por la Judicatura, corresponde a la toma de pruebas prácticas. Ocaña recuerda que se trata de simulaciones de resoluciones de casos judiciales elaborados por un comité de expertos, que los postulantes deberán resolver.
OBSERVACIÓN
Andrés Murgueytio, representante del Observatorio de Derechos y Justicia, expresó su preocupación por los problemas que han afectado el concurso. «Desde hace ya bastante tiempo, este proceso ha tenido una serie de tropiezos que han impedido la conformación definitiva y completa de la Corte Nacional», dijo Murgueytio.
«Es aún más preocupante que el concurso se vea afectado en estas etapas que, aunque relativamente pequeñas, tienen una incidencia significativa en la selección final. Además, la falta de una corte definitiva está provocando la pérdida de un tiempo valioso, lo que implica un gasto de recursos que podrían destinarse a mejorar la situación de las unidades judiciales y a coordinar esfuerzos con otros organismos para proteger a los jueces», añadió.
“El desafío es cómo la Judicatura organizará y protegerá estas etapas del proceso, que son susceptibles a la corrupción y a actos irregulares que, en última instancia, afectan la administración de justicia”, comentó.
Murgueytio también afirmó que “los incidentes recientes subrayan la necesidad urgente de una participación más activa de la sociedad civil, las universidades y los ciudadanos en el proceso. Es crucial establecer mecanismos que permitan la observación directa de las pruebas de confianza y el seguimiento de las audiencias y entrevistas a los postulantes. La transparencia en el proceso es fundamental. Además, se debe fomentar la formación de veedurías compuestas por diversos actores nacionales e internacionales, más allá de la norma y la convocatoria establecidas por el Consejo de Participación”.
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