La crisis institucional del Consejo llegó hoy hasta la Asamblea. En una acalorada sesión, se ofrecieron explicaciones.

«Los problemas deben resolverse de acuerdo con los canales constitucionales y legales. (…) No deben esperar, de ninguna manera, que este Gobierno les dé resolviendo los problemas que deben solucionarse en una mesa de diálogo, con las normas legales”.

Así se refirió la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, a la crisis del Consejo de Participación; y negó cualquier intervención política o de otra índole por parte del Gobierno en ese grave conflicto interno. Vela hizo un llamado para que se dejen de lado las “camisetas políticas”. 

La funcionaria y el comandante general de la Policía, Carlos Cabrera, comparecieron ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea para explicar el despliegue policial que se dio en el edificio del Consejo de Participación el 9 de febrero, fecha en que la mayoría de consejeros removió del cargo de presidenta a Sofía Almeida y designó, en su reemplazo, a Hernán Ulloa. 

El detalle 

La tarde y la noche de ese día, grupos afines a Almeida difundieron por la redes sociales videos sobre un supuesto intento de la Policía por ingresar a la fuerza al edificio.

De hecho, la convocatoria de la Comisión legislativa, integrada por correístas y socialcristianos, menciona que se requiere la presencia de los dos funcionarios “para que expliquen los motivos por los cuales se destinó un alto contingente policial  y elementos de Policía vestidos de civil, para irrumpir en la quinta función del Estado de forma injustificada y arbitraria, violentando toda norma legal y constitucional”.  

Términos y contenido de la convocatoria que fueron cuestionados por la Ministra, ya que aseguró que la intervención de la Policía se cumplió en el marco constitucional y legal. “De ninguna manera se ha cometido un acto de arbitrariedad”, aseguró.

El comandante de Policía dijo que a los exteriores del lugar fueron destinados 25 uniformados de la Unidad del Movimiento del Orden, debido a que recibieron alertas de posibles manifestaciones o enfrentamientos y afectaciones a la seguridad; pero que, luego de comprobar que el ambiente estaba relativamente en calma se quedaron seis policías y un patrullero para el control externo del edificio. 

El correísmo en escena 

Asambleístas del correísmo, como Ricardo Ulcuango, Ricardo Chávez y Luisa González, aseguraron que hubo una acción premeditada por parte del Gobierno para favorecer a la mayoría que había removido a Almeida y tomar el control del organismo,  a través de Ulloa.

“El Gobierno está interviniendo en el Consejo de Participación, de acuerdo con su conveniencia y con el apoyo de la Policía y del Ministerio”, dijo Ulcuango.

Y González preguntó cuál es la norma que faculta a la Ministra de Gobierno decidir cuál de los dos grupos que se disputan la Presidencia tiene la razón o para definir cuáles son las autoridades que dirigen el organismo.

Mientras que Ronny Aleaga, también del correísmo, agregó que dirimir el conflicto le corresponde a un juez de lo Contencioso y Administrativo, y no al Gobierno.

Vela contestó que no estaban poniendo presidente del organismo, pero que, al estar en democracia y no haber consenso en un determinado cuerpo colegiado, procede lo que define la mayoría y que esa mayoría había escogido a Ulloa.

“No es competencia de la Comandancia ni mía definir quién es presidente, pero cualquier ciudadano puede pedir apoyo a la Policía” para cuidar su seguridad, dijo. 

El conflicto 

Ante la misma Comisión comparecieron los cuatro consejeros que removieron a Almeida de la Presidencia del Consejo y a David Rosero de la Vicepresidencia. Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira relataron las causas por las que tomaron esa decisión: apagarles los micrófonos, suspender sesiones, no avanzar en los concursos de selección de autoridades, entre otros motivos. 

Informaron que la Presidencia de Almeida, en la sesión ordinaria 003, había sido apelada y que Rosero asumió la conducción de la sesión, que fue declarada permanente; que él la suspendió y no la reinstaló a pesar del pedido de los cuatro consejeros, por lo que le removieron como vicepresidente.  

Ulloa informó también que el juez multicompetente de Samborondón, Leonardo Cevallos, había revocado la medida cautelar autónoma que la jueza Karly Vargas había otorgado a favor de Almeida, por lo que el expediente se acumula al proceso principal de la acción de protección presentada por Ulloa.

Cevallos actúa en reemplazo de Vargas, quien fue suspendida por el Consejo de la Judicatura. 

Sin embargo, la asambleísta Nathalie Viteri (PSC) aseguró que, al haberse dejado sin validez las medidas cautelares recién hoy, todo lo actuado en el Consejo por la nueva mayoría vuelve a cero.   

Lo cierto es que ha pasado una semana y la situación en el Consejo de Participación Ciudadana no se aclara. Los dos grupos en disputa mantienen sesiones, convocatorias y actividades paralelas. Incluso cada sector mantiene su propio chat de prensa.

A esto se suma que la noche de ayer la Fiscalía, a través de un acto urgente, allanó las oficinas del Consejo de Participación para recabar evidencia documental, física y digital, tras haber recibido una denuncia por un presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos.

La denuncia la pusieron los cuatro consejeros de mayoría, lo que para Almeida implica que se están inventando supuestos delitos para desprestigiarla y atacarla. “Son estos cuatro golpistas que quieren apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana. Es una denuncia infundada simplemente porque no les dejo designar a dedo”, aseguró.

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