Tras el asesinato de 11 militares, los ojos se pusieron sobre el Alto Punino. Pero la minería ilegal está en otras zonas, muchas veces ligada a grupos armados, que han hallado en esa actividad un sustento para sus economías criminales.
Las voces en el país no han dejado de hablar de la muerte de once militares en una incursión armada llevada en contra de la minería ilegal en la zona del Alto Punino, un área amazónica ubicada entre Napo y Orellana. Allí, a lo largo de los años se ha formado un caldo de cultivo que ha encontrado a la minería ilegal y la explotación de oro con grupos armados que, hasta hoy, buscan controlar la producción del metal como una fuente de financiamiento para sus propias trincheras.
La muerte de los once uniformados pone en esta ocasión sobre la palestra de debate y conversación el avance de estas actividades ilícitas en el país. Pero, para comprender esta problemática, hay que ver desde los lentes del Alto Punino hacia otras zonas del país, donde la misma minería ilegal ha expandido sus territorios y, según expertos, corren el mismo riesgo de ser alcanzandas por el control de grupos armados.
Informes de organizaciones, reportes de inteligencia y estudios satelitales dan una vista de estos puntos calientes, donde la minería ilegal va ganando territorio. Te lo contamos.
Despunte de la minería
Entre 1993 y 2023, según datos de la iniciativa MapBiomas —enfocada en el estudio del avance de la minería y actividades extractivas a partir de análisis satelitales— el país ha pasado de un área minera de 9,3 hectáreas a una de 12.944 hectáreas. Este dato analiza la pérdida de cobertura vegetal en todo el territorio por actividades, una cifra que puede compararse con 23 veces el Parque Metropolitano Guangüiltagua de Quito.
Sin embargo, estos datos son aún más preocupantes si se analiza la Amazonía. “Nunca antes, la minería había alcanzado una extensión tan grande (en esta zona del país)”, según destaca el informe de MapBiomas publicado en 2023. Y es que sólo entre 2015 y 2021 se incrementaron 5.616 hectáreas de nueva minería en la Amazonía, alcanzando una superficie total de 7.495 hectáreas dedicadas a la minería en el verde tropical. Esto, en otras palabras, podría compararse con 13 veces el mismo parque de la capital o un total de 10.555 canchas de fútbol profesional. Este incremento drástico de la minería en este periodo, lo que también ha representado un aumento del 300%; es decir, las áreas se cuadruplicaron en este lapso.
Este mismo informe identifica tres focos de actividad minera en la Amazonía, donde el avance de la extracción de metales como el oro ha cobrado más fuerza en este periodo. Entre estos se encuentran Napo, Zamora Chinchipe y Sucumbíos. Y cada una de las provincias presentó una dinámica distinta.
En Napo, por ejemplo, MapBiomas detectó el mayor crecimiento de la superficie minera de los últimos años. La provincia pasó de una extensión de 270 hectáreas en 2015 a 1.125 en 2021; lo que representa un incremento de 885 hectáreas, o del 316%.
En Zamora Chinchipe, sin embargo, se ha detectado una ampliación considerable de extracción minera en extensión o superficie. Con un área total de 5.034 hectáreas en 2021, esta provincia se posiciona como la que más concentra esta actividad, cubriendo el 67% de la minería en la Amazonía ecuatoriana. El incremento en esta provincia ha sido de 270% entre 2015 y 2021.
Por último, Sucumbíos es la provincia que tiene la mayor tasa de crecimiento de los últimos años. Esto, llegando al 750% de incremento, con un total de 610 hectáreas dedicadas a la minería. Esta está casi a la par de Morona Santiago, que cuenta con un total de 646 hectáreas dedicadas a esta actividad.
Asimismo, se puede ver cómo la expansión minera en los últimos años ha sido aún más acelerada. De hecho, 2021 rompió el récord de crecimiento con un incremento de 1.915 hectáreas dedicadas a la minería sólo ese año.
Este estudio realizado por MapBiomas se da con el apoyo de un análisis satelital, en el que se evalúa la pérdida de cobertura vegetal por acciones de minería en zonas identificadas como de riesgo. Esta, quizá, es una de las formas que se han ingeniado para mapear esta actividad, que se mantiene entre el silencio y el secreto a voces.
Sin embargo, esta misma información no determina si se habla de minería ilegal o legal; aunque una estimación del informe determina que alrededor del 70% de la minería registrada en el análisis se encuentra fuera de áreas concesionadas para la realización de esta actividad. Y, de igual manera, otros informes detallan que entre el 70% y 80% de la minería en la Amazonía podría ser ilegal o informal, especialmente en estas provincias.
La Procuraduria General, por su parte, ha vinculado la expansión minera no autorizada con redes de crimen organizado y, según el Ministerio de Energía, en 2023 había identificadas más de 5.000 operaciones mineras ilegales en el país.
Todo esto da una breve idea de cómo ha avanzado la minería en Ecuador y cómo estos espacios también cuentan con una alta presencia de minería ilegal, un indicio también reportado en lo que ha ocurrido en zonas como el Alto Punino. Pero, ¿dónde están exactamente concentradas estas actividades?
Zonas con presencia de minería ilegal
Según los informes de MapBiomas, algunas de las zonas en las que se encuentra una alta presencia de minería ilegal se encuentran en Zamora Chinchipe. Allí, incluso territorios indígenas cuentan con este tipo de actividades.
Por ejemplo, Tundayme es uno de los espacios en los que la minería ilegal ha cobrado fuerza, ocupando el 26% del territorio de la comunidad Shuar; lo que representa un total de 1.042 hectáreas. De igual manera, cerca de este espacio, en el Área del Proyecto de Desarrollo C, donde el 5% del territorio está ocupado por minería.
La reserva shuar Kenkium también ha visto el crecimiento de estas actividades, con una minería comunal y de mediana escala, con un total de 432 hectáreas. De igual manera, el Centro Shuar Shaime, donde 380 hectáreas se destinan a la minería, que colinda con Bosque Protector Nangaritza.
Machinias, Churuwia, Pacchus, Callamasa, Wampiashu y Arutam; pertenecientes al Pueblo Shuar Arutam, también son espacios donde la minería ilegal ha encontrado espacios. A esto se suma la parroquia Conguime, ubicada en la misma provincia.
En Napo, se puede ver cómo el río Jatunyacu y áreas cercanas a Tena y Archidona también han tenido un aumento de la minería ilegal. En Sucumbíos, por otro lado, espacios cercanos a la frontera también han visto este crecimiento en los últimos años.
Mario Pazmiño, experto en seguridad e inteligencia, también cita otros espacios donde la minería ilegal ya presenta una dinámica fuertemente ligada al crimen organizado.
Uno de esos puntos es Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Allí, según explica Pazmiño, hay entre 3.800 y 4.000 personas que trabajan en actividades mineras, la mayoría de ellas en condiciones de informalidad. La producción de oro en estas zonas alcanza aproximadamente las 65.000 onzas anuales, un volumen que, como destaca el experto, “nos da una idea de la cantidad de producción que tiene ese espacio territorial”.
Este nivel de extracción ha llamado la atención de estructuras delictivas de alcance internacional. “Se han posicionado en este espacio territorial disidencias de las FARC, Lobos, Tiguerones”, advierte Pazmiño. En julio de 2019, de hecho, un operativo en conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía logró desalojar a 2.300 personas que trabajaban ilegalmente en esta zona, especialmente en el Cerro Pucul.
Otra zona identificada como crítica es Buenos Aires, en Imbabura, descrita por Pazmiño como una “zona minera por excelencia”. En ella convergieron durante un tiempo distintos actores vinculados tanto a la explotación de oro como al crimen organizado. Aunque no existen datos claros sobre la producción exacta en esta área, la preocupación es mayor por el tipo de presencia criminal detectada.
“Ahí hubo presencia del ELN, Oliver Sinisterra, Comandos de la Frontera, Lobos, Choneros y Tiguerones”, señala Pazmiño, agregando que estos grupos “tratan de cooptar este santuario minero para poder controlar la producción”.
Zaruma y Portovelo, en El Oro, también forman parte de este mapa de riesgo. Estas zonas representan el 86% de la producción nacional de oro, con 2,9 millones de gramos extraídos anualmente. Aunque no se ha registrado la presencia de grupos internacionales en este punto, el control lo disputan estructuras locales como los Lobos, Choneros y Tiguerones. Según Pazmiño, estas bandas buscan apropiarse del negocio minero imponiendo sus propias reglas, muchas veces a través de extorsión o violencia directa.
Zamora Chinchipe, por otro lado, pese a contar con zonas de minería legal, como Fruta del Norte, controlada por la empresa Aurilán, subsidiaria de la canadiense Lundin Gold, también ha visto el surgimiento de enclaves de minería artesanal sin regulación. Aunque por ahora no se ha confirmado una presencia dominante de organizaciones criminales, el experto advierte que “los Tiguerones tienen un acercamiento por ese sector”.
La amenaza en estos espacios es latente, incluso en operaciones legales, porque, como lo expresa Pazmiño, estas infraestructuras pueden ser visitadas y presionadas por grupos armados que “quieren tener una parte desatadamente” y que podría llegar a imponer “vacunas o cobros”, tanto a mineras legales como ilegales. Por esto, Pazmiño asegura que la expansión de la minería legal y artesanal también abre puertas a la minería ilegal operada por grupos delincuenciales armados.
Asimismo, la zona del Alto Punino, epicentro del reciente ataque armado, es para Pazmiño un reflejo del nuevo mapa de conflictividad. “La minería ilegal ha crecido considerablemente en esta área”, explica, al referirse al triángulo minero que comprende Napo, Orellana y Sucumbíos. “Hay presencia de grupos ilegales armados ahí, presencia de Comandos de la Frontera, que responden a una estructura de una proto mafia brasileña llamada Comando Vermelho. Hay también facciones nacionales que operan en este sector”, dice.
La estimación de actividad minera ilegal en esta área, según Pazmiño, oscila entre 11.500 y 20.000 personas.
El factor económico, para el experto, también juega un papel importante. Y es que el precio de este metal ha aumentado significativamente: de $2.400 la onza en 2023 a $3.228 en la actualidad. Para Pazmiño, este incremento “genera un incentivo mayor para que se multipliquen estos puntos de extracción ilegal y la presencia de actores armados”.
Riesgos en la acción y posibles soluciones
El avance de la minería ilegal en el país ha representado un riesgo constante para la seguridad, como se ha dado a conocer con los últimos hechos. Esto, debido a que, según Diego Pérez, experto en seguridad, este mismo avance de las actividades mineras ha encendido las alarmas de autoridades en el país. Y es que lo que ocurre con la minería ilegal en Ecuador es también la consolidación de un sistema económico que sostiene y alimenta a las organizaciones armadas, quienes han ido ganando fuerza en el país. Para Diego Pérez, experto en seguridad, la minería ilegal termina siendo “sumamente beneficiosa” para estos grupos, porque no sólo les provee de ingresos elevados, sino que encaja a la perfección con las capacidades que ya han construido para el control del territorio.
“La participación en el negocio de las economías criminales, especialmente de la minería, permite a las organizaciones obtener grandes ingresos”, detalla. Y es que, si bien el narcotráfico ha sido históricamente la vía más rentable para las estructuras delictivas, el oro, en la opinión de Pérez, ofrece una ventaja adicional: no necesita rutas hacia el extranjero, sino que puede circular dentro del mismo país e incluso ser blanqueadas sus ganancias con más facilidad. “Tanto dinero como hay, termina siendo una motivación en sí misma para que estos grupos participen y busquen quedarse con una tajada del negocio”, dice.
Pero este fenómeno no opera en el vacío. La expansión de estos grupos armados y su incursión en el negocio del oro sólo es posible por los vacíos estatales. “Sus capacidades de presencia y de acceso al Estado se atan a una serie de ausencias estructurales”, destaca. Es decir, allí donde el Estado no llega con presencia sostenida, justicia o servicios públicos, entran estas organizaciones a imponer su ley. La minería ilegal en ese contexto, no es sólo una actividad extractiva clandestina, sino un mecanismo de control territorial y social.
Pérez lo advierte con claridad. Esta economía criminal no es coyuntural, sino de largo aliento. “La minería ilegal es un problema grande, estructural y de largo plazo”, dice. Y los recientes asesinatos en el Alto Punino son sólo una expresión trágica de esa realidad.
“Hay que partir del hecho de que este tipo de ataques también tiene relación con las capacidades reales que tienen nuestras Fuerzas Armadas para responder. No me refiero a lo que ocurrió específicamente, pero sí hay una discusión más profunda del desgaste operativo que arrastran”, señala.
Por otro lado, Pazmiño destaca que, por estos mismos factores, es indispensable desplegar operaciones de control en territorios propensos a ser cooptados por la minería ilegal; donde las fuerzas del orden deben no sólo retomar el control sino tener una presencia permanente para evitar que las cosas se repitan. El experto destaca que esto es justamente lo que ocurre, pues después de que finalicen los operativos los grupos armados retoman actividades en los mismos espacios.
Sin embargo, destaca también que hay factores que complican esta lucha, en especial para las Fuerzas Armadas. Esto, debido al agotamiento operativo que ha tenido esta institución, a la que “se le ha asignado una misión que originalmente corresponde a Policía Nacional”.
“Las Fuerzas Armadas están siendo desbordadas. Tienen una sobrecarga de misiones institucionales que le han ido agregando y esto genera un desgaste operativo y moral del personal”, dice. Y no sólo eso. El experto asegura que Ecuador invierte apenas el 1,3% de su PIB en Defensa, cifra que contrasta con países como Colombia (3% – 4%) o Chile (2%). “Con los 39.000 efectivos que se tienen, las Fuerzas Armadas no pueden cubrir tareas de frontera, control interno, seguridad pública, lucha contra el narcotráfico, minería ilegal y desastres naturales. Son muchas misiones las que tienen y se están desbordando”.
Para Pazmiño, el problema radica en que, si no se toman medidas preventivas, lo que ocurrirá será que las Fuerzas Armadas pueden entrar en una situación de no sostenibilidad. “En cualquier momento se van a paralizar porque ya no tienen ni la cantidad de gente ni los recursos, ni el personal suficiente. Esto puede complicar mucho el escenario nacional”, dice.
Por esto, los expertos coinciden en que es necesario tomar acciones preventivas, antes que reactivas, tomando en cuenta todos estos factores. Esto, sobre todo, para evitar que más espacios como el Alto Punino se multipliquen y refuercen.
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