La emboscada que terminó con la vida de 11 militares es apenas la punta del iceberg: el oro ilegal, con grupos irregulares armados y solapado por la corrupción, han carcomido este sector. La onza de oro pasó de 2.200 a 3.500 dólares, ¿es la minería ilegal más rentable que el narcotráfico? ¿Qué debe hacer el Estado?
POR: Redacción Ecuador Chequea
La noticia retumbó los oídos como el eco de un disparo: 11 militares fueron asesinados en una emboscada en la zona del Alto Punino. Así lo anunciaban las mismas Fuerzas Armadas, el 9 de mayo, a través de sus redes sociales con un comunicado que sacudió al país entero.
“Mientras cuatro equipos de combate conformados por 80 efectivos militares armados ejecutaban operaciones en varios puntos contra la minería ilegal en el sector denominado Alto Punino; un equipo de combate fue emboscado por un grupo ilegal armado denominado Comandos de la Frontera, con explosivos, granadas y fusiles. Como resultado se conoce que existen once militares fallecidos y un herido; además de un fallecido perteneciente al GIA”, se leía en el comunicado que dio a conocer el hecho. “No descansaremos hasta que los responsables sean juzgados ante la ley y rindan cuentas de este crimen en contra de valientes ecuatorianos que han entregado su vida por el bien de la Patria”.
El mensaje era claro: Ecuador había sufrido la emboscada más letal contra sus fuerzas en las décadas recientes. El país entero, entonces, dirigió su mirada hacia el Alto Punino, un lugar escondido en lo recóndito de la Amazonía, entre la frontera de Napo y Orellana. Un lugar olvidado, aunque allí este último hecho es apenas la punta del iceberg.
Contexto del Alto Punino
El Alto Punino, una franja de selva profunda entre las provincias de Napo y Orellana, ha mutado en los últimos años. Lo que antes era un territorio remoto, cubierto por la espesura del bosque amazónico, hoy se ha convertido en uno de los epicentros más violentos y codiciados por las redes criminales que persiguen un sólo objetivo: el oro.
Desde 2019 hasta mediados de 2024, la minería ilegal arrasó con al menos 1.422 hectáreas de selva, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). La expansión ha sido tan veloz como voraz. El 90% de esta deforestación ocurrió fuera de las áreas legalmente autorizadas, lo que confirma que no se trata de pequeños buscadores informales, sino de estructuras criminales organizadas que actúan con maquinaria pesada y logística militarizada.
Esta fiebre del oro no sólo ha invadido los márgenes del río Punino, sino que ha trepado sobre las áreas protegidas del Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y el Área de Conservación Municipal de El Chaco. Ha penetrado incluso en territorios de la nacionalidad Kichwa, donde las comunidades ven ahora sus ríos turbios por sedimentos, sus caminos tomados por extraños y su seguridad hecha añicos.
Para facilitar estas operaciones, los criminales han abierto más de 90 kilómetros de caminos ilegales en medio de la selva.
La rentabilidad del oro ha atraído a las bandas delincuenciales y a grupos armados a operar en la zona, donde la presencia de este metal es indudable. El grupo colombiano Comandos de Frontera, vinculado a las disidencias de las FARC, y bandas locales como Los Lobos y los Choneros, han establecido alianzas para controlar la extracción y comercialización del oro ilegal en estos espacios. Estas organizaciones han venido usando a la minería como una fuente de ingreso y una estrategia para lavar dinero y financiar otras actividades ilícitas. Así lo explican los expertos consultados.
El coronel Mario Pazmiño, experto en inteligencia militar, ha sido una de las voces que más ha advertido sobre esta situación. «Lo que ocurre en el Alto Punino no es nuevo. Desde hace cuatro años venimos detectando la presencia de los Comandos de la Frontera, una estructura armada que opera en territorio ecuatoriano con el respaldo del Comando Vermelho de Brasil, y con alianzas directas con bandas como Los Lobos y Los Choneros», explica.
Para Pazmiño, lo que se ha instalado allí es un ecosistema criminal completo: un sistema de explotación minera a gran escala, protegido por grupos armados, financiado con oro ilegal y sostenido por la corrupción y la impunidad. «El precio del oro lo explica todo. Hace apenas unos meses la onza estaba en 2.200 dólares. Hoy, ronda los 3.500.
Eso convierte al oro en un negocio incluso más rentable que el narcotráfico».
Y es que los campamentos mineros en el Alto Punino no son improvisados. Según informes de inteligencia, muchos cuentan con chancadoras, retroexcavadoras y generadores eléctricos, operando día y noche. Se estima que hasta 300 máquinas pesadas se despliegan a lo largo de los ríos Punino y Sardinas, en un circuito de extracción y lavado de oro que se articula con redes transnacionales. “Estos grupos ya no están sólo extrayendo oro, están lavando dinero, controlando rutas y desplazando a comunidades”, dice Pazmiño.
Pero el oro no viaja solo. Viaja con sangre, con pólvora y con silencios forzados. La tasa de homicidios en Orellana se duplicó entre 2023 y 2024, pasando de 58 a 108 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Las bandas disputan el control del negocio como quien se enfrenta en una guerra. “Esto ya no es delincuencia común, advierte Pazmiño, esto es una guerra por el territorio, por el poder y por el dinero”.
El Estado, mientras tanto, ha llegado tarde y débil. “Hubo alertas, hubo inteligencia, pero no hubo acción coordinada. Incluso se sospecha que hubo fuga de información antes del operativo del 9 de mayo. No sólo las Fuerzas Armadas sabían de esa misión. También lo sabían otras instituciones, así que se puede pensar en filtración de información”, denuncia.
Lo ocurrido, para Pazmiño, es apenas una muestra de lo que viene si el Estado no reacciona con fuerza y estrategia. “Esto no se va a resolver en un año, ni en diez. Estamos ante un conflicto armado interno que durará décadas, y que necesita una política de seguridad, desarrollo y justicia a largo plazo. De lo contrario, vamos directo a convertirnos en lo que ya algunos analistas llaman un narcoestado”.
Sin embargo, también es necesario preguntarse qué se está haciendo desde las Fuerzas Armadas tras lo ocurrido en el Alto Punino. Todo para comprender el tema de forma integral y completa.
Grupos criminales
En la selva del Alto Punino, no manda el Estado. Manda quien tiene el control de los caminos ilegales, de las retroexcavadoras, de los ríos, de las armas. Allí, el oro no sólo se extrae: se defiende a tiros. Lo han entendido las comunidades, los operadores clandestinos y, sobre todo, quienes se disputan ese botín desde estructuras criminales de alcance regional.
Según los informes de inteligencia y las declaraciones recogidas, el principal actor armado en esta zona es el grupo colombiano Comandos de la Frontera (CDF). Se trata de una disidencia de las FARC con entrenamiento militar, armamento de guerra y vínculos comprobados con economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. El coronel Pazmiño lo resume sin rodeos: “Los Comandos de la Frontera operan hace años en Ecuador. No lo hacen solos. Tienen respaldo del Comando Vermelho de Brasil, que controla parcialmente sus acciones en la región, y alianzas activas con bandas ecuatorianas como Los Lobos y Los Choneros”.
Esta red criminal no sólo extrae oro, sino que lo utiliza como plataforma de financiamiento y expansión territorial. La presencia de los Comandos de la Frontera en zonas como Puerto El Carmen, Tipisca, Palma Roja y Tarapoa ha sido evidenciada con documentos, armamento y panfletos encontrados en campamentos desmantelados. Su estructura responde a una lógica militar: cuentan con mando, logística, inteligencia y reclutamiento. No son simples delincuentes. Son actores armados con objetivos estratégicos y capacidad de combate.
A ellos se suman Los Lobos, una banda criminal ecuatoriana que ha ampliado su influencia desde el narcotráfico hasta la minería ilegal. En esta alianza, los CDF proveen la fuerza de choque y el control en tierra, mientras Los Lobos facilitan logística local, informantes y redes de comercialización. El control de este corredor minero es tan rentable que ha despertado la respuesta de otro actor: Los Choneros, quienes desde hace más de dos años buscan disputar el territorio aliándose con operadores mineros desplazados por sus rivales.
El resultado es una guerra silenciosa y fragmentada en lo profundo de la Amazonía. Una guerra donde no hay trincheras visibles, pero sí cadáveres, amenazas y maquinaria que cambia de manos según quién pague más o dispare primero. En palabras del experto en seguridad Daniel Pontón, “estos grupos ejercen auténticas soberanías criminales. Tienen poder territorial, armado, económico y social. Reclutan, cooptan autoridades, infiltran instituciones. En zonas como Alto Punino, el Estado está en retirada”.
La minería ilegal ha sido la llave que ha abierto el territorio a estas organizaciones. Pero lo que ocurre ya no puede entenderse solo como una economía ilegal: es un sistema de control, violencia y sustitución del Estado. “Lo que vemos es el nacimiento de estructuras paralelas de poder que compiten directamente con el Gobierno. No es casualidad que hayan podido organizar una emboscada como la del 9 de mayo. Sabían cuándo, cómo y por dónde. Hay inteligencia, infiltración, y sobre todo, hay impunidad”, señala Pontón.
En Alto Punino, los fusiles custodian el oro. Los caminos están vigilados, y quien entra sin permiso se convierte en objetivo. En los márgenes de esta guerra, la población queda atrapada: silenciada por el miedo, presionada por el hambre, contaminada por los ríos turbios que arrastran el polvo dorado. Mientras tanto, en los mapas oficiales, ese territorio aún se pinta de verde, como si la selva estuviera intacta.
Acciones
Tras la emboscada del 9 de mayo en Alto Punino, que resultó en la muerte de 11 militares ecuatorianos, el Estado ha implementado una serie de medidas para enfrentar a los grupos armados ilegales que operan en la región.
El comandante general del Ejército, Henry Delgado, trasladó su puesto de mando a la Brigada N° 19 Napo, ubicada en El Coca, para supervisar directamente las operaciones en la zona. “El traslado de mi puesto de mando ha sido para revisar y supervisar la planificación, las operaciones técnicas y tácticas, y los procedimientos que estamos realizando. La finalidad es determinar la ubicación de estos grupos, y ejecutar una operación militar efectiva en el ámbito interno”, dijo a medios de comunicación.
El Ejército ha desplegado aproximadamente 1.800 militares en la región, incluyendo unidades de Fuerzas Especiales. Las operaciones incluyen cerco táctico, reconocimiento ofensivo, rastrillaje territorial y apoyo aéreo con helicópteros de la Fuerza Aérea. Además, se han incorporado sistemas de drones, medios de comunicación encriptados y sensores de rastreo para fortalecer la inteligencia operativa.
Por otro lado, el presidente, Daniel Noboa, declaró tres días de duelo nacional en honor a los militares fallecidos y prometió que “este crimen no quedará impune”. Por su parte, la Fiscalía General abrió una investigación previa por “terrorismo” relacionada con el ataque, buscando identificar y procesar a los responsables.
Pero, más allá de esto, ¿qué otras acciones debería tomar el Gobierno? Sobre todo, tomando en cuenta que el Alto Punino no es la única zona que vive esta realidad en el país.
Consejos
Los helicópteros sobrevolando la selva, las patrullas en formación, los puestos de mando activados y los comunicados de duelo no bastan. Lo han dicho los expertos con claridad: ninguna operación militar será suficiente, si no va acompañada de una estrategia integral, sostenida y realista. Porque el problema de Alto Punino no es sólo de balas; es de abandono, de debilidad institucional, de corrupción y de falta de visión política.
El coronel Pazmiño lo advirtió sin rodeos: “Esto no se va a resolver en un periodo de gobierno, ni en diez años. Es un conflicto para varias décadas”. Para él, lo primero que el Estado debe hacer es activar de forma permanente el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. “No puede reunirse sólo cuando hay una crisis. Debe funcionar las 24 horas, todos los días. Esta es una guerra que no se combate por reacción, sino por estrategia”, enfatiza.
Pazmiño propone también una reingeniería total del sistema de inteligencia nacional. Según explica, el Servicio de Inteligencia del Estado ha sido incapaz de anticipar lo que ocurre en la frontera, a pesar de tener información suficiente sobre la presencia de grupos como los Comandos de la Frontera. “No puede ser que el CIES no tenga ni la menor idea de quiénes operan en el territorio. Esa falla nos está costando vidas”, afirma.
Otra de sus advertencias apunta hacia el interior del Gobierno: se necesita un gabinete con asesoramiento técnico especializado en seguridad. “El presidente debe rodearse de gente capacitada, no de operadores políticos. Sin una visión profesional, cualquier medida será un parche”, sentencia.
Desde el ámbito académico, Daniel Pontón coincide. Para él, el Estado ha fallado en su deber más básico: proteger el territorio. “La minería ilegal no es sólo una actividad clandestina. Es una fuente de poder para grupos armados, una economía paralela que les permite reclutar, armarse, infiltrar instituciones y ganar legitimidad social en ciertas zonas”, explica. Por eso, insiste en que la minería ilegal debe ser abordada como una amenaza a la seguridad nacional, no sólo como un problema ambiental o económico.
Pontón remarca la urgencia de fortalecer la contrainteligencia militar, la encargada de vigilar al propio sistema de inteligencia para evitar filtraciones. “Sin una inteligencia confiable, cada operativo es un salto al vacío. La emboscada del 9 de mayo ocurrió, entre otras cosas, porque el enemigo sabía que iban a llegar. Sin control de información, seguirá habiendo más bajas”, advierte.
Ambos coinciden también en algo fundamental: no basta con disparar. Se necesita una política pública de largo plazo, que combine seguridad con desarrollo, presencia estatal con regulación efectiva. “Hay que pensar en grande. Si no fortalecemos las instituciones, si no damos alternativas a la población, si no limpiamos la estructura del Estado, esto seguirá ocurriendo. Y un día, no sólo será el Alto Punino: serán muchos en todo el país”, dice Pontón.
Para el experto, el asesinato de los once militares no es sólo un hecho trágico: es una alerta máxima sobre la erosión de la soberanía estatal. “Esto ya no es un capítulo más de la crisis de inseguridad. Estamos en una verdadera lucha armada entre el Estado y las facciones criminales con estructura militar y control territorial”, dice. Lo ocurrido, para él, revela que estos grupos no sólo tienen armas, sino inteligencia operativa, capacidad de infiltración y autonomía sobre zonas enteras del país. La emboscada, en ese sentido, no fue solo un crimen; fue una demostración de poder.
El eco de la tragedia aún retumba. Pero más allá del estruendo de los fusiles, lo que queda es una pregunta urgente: ¿puede Ecuador dar pasos firmes para recuperar este territorio?
Te puede interesar:
. Es engañoso decir que volverán los apagones, tras advertencia del Cenace sobre el estiaje
. Control policial en las vías genera expectativa entre transportistas
. La nueva Asamblea se instalará en medio de denuncia de “rebelión”
