Sólo el 3% de los presos del país son venezolanos, según el Ministerio de Gobierno. En 2022, el 93% de los detenidos fueron ecuatorianos. Los expertos recalcan que no se debe asociar a una persona por su nacionalidad a un delito. 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), son alrededor de siete millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela que han tenido que salir de su país en busca de seguridad y estabilidad. De esas, aproximadamente 6 millones viven en 17 países de América Latina. 

El 20 de enero, el candidato a la Alcaldía de Quito por el PSC, Patricio Alarcón, afirmó en una entrevista para GK: “Cuando tú sales a recorrer los barrios de Quito, todos están de acuerdo con que la mayor cantidad de delincuencia viene por parte de los migrantes venezolanos”. Calificamos esta información como falsa.

En octubre del 2022, GK reportó que en Ecuador se registraron 3.333 presos migrantes, es decir, menos del 10% del total de la población carcelaria, según el registro del Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI).  

Además, se detalla que, del total de la población carcelaria que no es ecuatoriana, los venezolanos representan casi el 39%, aunque son superados por los colombianos. En esta investigación también se afirma que, hasta marzo de 2022, en el país se han registrado 513.903 migrantes venezolanos, lo que significa que quienes están en prisión representan al 0,25% de este total.  

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Gobierno, entre enero y noviembre del 2022, el porcentaje de nacionalidades de personas aprehendidas o detenidas se dividía así: 93% ecuatorianos y sólo el 3% para venezolanos y colombianos, respectivamente.

En reportes anteriores, la doctora Rosa Bolaños, miembro de Inredh, una organización que lucha por los Derechos Humanos, dijo a Ecuador Chequea, que es incorrecto asociar a una persona, por su nacionalidad, con un delito.

“Internalizar esta parte proviene desde los núcleos pequeños, incluso entre provincias. Por ejemplo, las diferencias que se establecen entre personas de la Costa y de la Sierra. Ahora imaginémonos las diferencias con nacionalidad en los núcleos pequeños que se van transformando en el pensamiento social de la nacionalidad como algo superior”, afirmó.

Además, mencionó que la política criminal no debería recalcar la nacionalidad de una persona que cometa un delito, sino que se debería analizar por qué se presentan ciertos índices de violencia.

El documento Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador, del Banco Mundial, reconoce que el país ofrece la protección de los derechos de personas en situación de movilidad, pero detalla que los migrantes venezolanos se enfrentan a múltiples vulnerabilidades en el país.

Agrega que, debido a sus condiciones, “la mayor parte de los ecuatorianos tienen conceptos equivocados respecto del impacto de la migración venezolana”.

“Los robos y las tasas de homicidio han sido más bajos durante los últimos cinco años, incluso en áreas donde viven la mayor cantidad de población venezolana”, afirma el análisis.

Un estudio realizado por los centros de estudios Migration Policy Institute (MPI) y Brookings Institution, argumenta que las creencias de que los 4,2 millones de emigrantes y refugiados venezolanos aumentan las tasas de criminalidad en los otros países son infundadas.

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