Desde el por qué le pusieron Ley de Solidaridad Nacional a una norma que habla sobre el conflicto armado interno, hasta su tratamiento como económico urgente fueron los temas tratados en la audiencia de la Corte Constitucional.
POR: Hugo Constante
En la Corte Constitucional se cumplió la audiencia sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de Solidaridad por diferentes sectores sociales y políticos. La audiencia fue telemática para accionantes y accionados, pero los magistrados constitucionales estuvieron de manera presencial en la sede del organismo.
El juez sustanciador, Alí Lozada, informó que se acumularon cinco demandas presentadas a esta Ley, por lo que es necesario conocer los cargos de presuntas inconstitucionalidades. “La Corte va a cumplir un rol de juzgamiento respecto de las demandas, la presentación y sustentación de argumentos de cargo y de descargo”, dijo Lozada.
Los alcances de la Ley, la denominación, las condiciones para reconocer un conflicto armado interno y aplicar un régimen jurídico especial y hasta la relación de la normativa con la urgencia económica fueron algunas de las interrogantes expresadas por los jueces constitucionales a los abogados de la Presidencia de la República y de la Asamblea.
Es que el proyecto remitido con el nombre de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, fue cambiado en la Comisión de Desarrollo Económico a Ley de Solidaridad Nacional.
Durante la audiencia se presentaron argumentos por la forma y por el fondo, esto último porque la normativa permite el reconocimiento de conflicto armado interno con un régimen jurídico especial a través de la emisión de decreto ejecutivo por parte del Presidente de la República. Como accionantes participaron representantes de Unidad Popular, de Inredh, de la Federación de Abogados del Ecuador y de colectivos de Derechos Humanos. Esta Ley fue remitida a la Asamblea por el presidente, Daniel Noboa, con el carácter de económico urgente, por lo que fue tratada en menos de 30 días.
Argumentos en contra de la Ley
La mayoría oficialista de la Legislatura aprobó la Ley de Solidaridad Nacional con 84 votos a favor, a pesar de las alertas que se dieron en relación a que no cumplía presuntamente con el principio de unidad de materia y porque vulneraba principios constitucionales. En esos sentidos, fueron presentadas las demandas de inconstitucionalidad y los argumentos de cargo.
La demandante, Nicole Rojas, manifestó que cuando un proyecto de Ley se califica como urgente en materia económica, el contenido de la norma propuesta debe ir en relación a esa materia y no a temas de seguridad, ya que el Ejecutivo no está facultado para proponer leyes penales a través de la figura del económico urgente. Rojas manifestó que en el tratamiento legislativo se incluyeron reformas al indulto, a los tipos penales, al allanamiento, al régimen penitenciario; quedando muy poco de materia económica. “El 90 % del articulado regula materia de seguridad. La Ley no propone la reactivación económica, sino una figura jurídica con un régimen especial como es el conflicto armado interno que no está en el marco constitucional”, dijo Rojas. Aseguró que es inconstitucional permitir que las Fuerzas Armadas se encarguen del control del orden interno porque eso sería desnaturalizar sus competencias y derivar en casos como el de los niños de Las Malvinas.
Para Vivian Idrovo, activista de Derechos Humanos, a diferencia del Estado de excepción, la figura del conflicto armado interno no contempla un control externo de los requisitos que se deben cumplir para emitir el decreto, y su declaratoria inicia y termina cuando lo decida en el Presidente de la República, sin que se fije una temporalidad.
Mientras que Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, agregó que el proyecto de Ley no cumplió con el requisito de unidad de materia para ser calificado a trámite como urgente en materia económica, ya que incorporó dos materias distintas: lo tributario y las medidas de seguridad. “Lo de fondo es establecer un régimen autoritario y que viola los derechos humanos; establecer un régimen especial diferente al estado de derecho por parte de un régimen que ha sido incapaz de garantizar la vida y seguridad de la población”, comentó el dirigente político.
Los argumentos a favor de la Ley
Mercedes Mediavilla, representante de la Asamblea, manifestó que es necesario actuar rápidamente frente a la inseguridad que vive en el país es lo que justifica que la normativa se haya calificado como urgente en materia económica, Mediavilla manifestó que en la construcción de la norma se recibieron a representantes del Ministerio de Finanzas, del Servicio de Rentas Internas (SRI), de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), incluyendo a un delegado de Colombia quienes explicaron ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura la necesidad de combatir las economías criminales, lo que le dio el carácter con el que fue tramitado el proyecto. La abogada de la Asamblea aseguró que no es cierto que un proyecto económico urgente debe tratar una sola materia para cumplir con el principio de unidad de materia. Indicó que lo económico se justifica porque hay una serie de articulados para debilitar la estructura financiera de los grupos de delincuencia organizada.
Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia de la República, aseguró que la Ley tiene un conjunto de artículos para golpear a la economía criminal que permitieron que sea remitida con el carácter de económico urgente.
Mientras que Douglas Bastidas, del Ministerio del Interior, aseguró que es una norma como respuesta a la grave crisis de seguridad, por lo que el objetivo no es restringir derechos, sino protegerlos, ya que se regula la actuación estatal bajo parámetros claros y legítimos.
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