Los plazos que se definieron en la Ley para la interrupción voluntaria del embarazo no dejan conforme a nadie.

Grupos feministas aseguran que la Ley para regular la interrupción voluntaria del embarazo por violación que aprobó la Asamblea no es ni justa ni reparadora, ya que el 78,6% de menores de 18 años no habrían podido acceder al procedimiento si la normativa estaba vigente. 

Después del “regateo” legislativo y con el fin de lograr los votos para aprobar la Ley, se estableció como plazo máximo las 12 semanas de gestación para las mujeres en general; y las 18 semanas en caso de niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades.

A esto se suma que, debido a la condición especial de personas con discapacidad mental víctimas de violación, se observará y cumplirán las mejores prácticas médicas.

Plazos que para las activistas implicarán que muchas sobrevivientes de violación no podrán acceder a la interrupción del embarazo y se quedarán por fuera de la Ley, condenadas a maternidad forzada o a la clandestinidad para el aborto. 

Las cifras así lo demuestran. Desde abril de 2021, cuando se despenalizó el aborto por violación, hasta el 31 de enero de este año, el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos – Surkuna, ha acompañado a 21 mujeres en la solicitud de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por violación. De ellas, 14 fueron niñas o adolescentes. 

Según esa organización, con los plazos que constan en la Ley sólo 3 de esas 14 niñas o adolescentes habrían podido acceder antes de las 18 semanas de gestación, es decir el 21,4%. Mientras que otras 11, el 78,6%, no habrían podido ser atendidas, ya que sobrepasaban los plazos legales.  

Sin tomar en cuenta la edad, de las 21 sobrevivientes que interrumpieron su embarazo por violación, cinco (23,8%) lo hicieron en el primer trimestre, hasta las 12 semanas; 13 (61,9%) lo hicieron entre las 13 y 24 semanas de gestación. Y en tres de los casos (14,3) se practicaron el aborto despues de las 25 semanas.

Lo que se viene

Las organizaciones de defensa de derechos de las mujeres analizan acciones legales frente a la aprobación de la Ley, ya sea a través de una demanda de inconstitucionalidad o a por una  demanda de inclumplimiento de sentencia. 

Ana Cristina Vera, activista, aseguró que la fijación de plazos por parte de la Asamblea no respondió a criterios técnicos ni estándares internacionales, sino a intereses personales o políticos.

Agregó que la Ley va en contra de la sentencia de la Corte Constitucional, ya que, al despenalizar el aborto por violación, los jueces constitucionales argumentaron que el objetivo era evitar una discriminación sin justificación entre mujeres violadas con discapacidad y mujeres sin discapacidad.

Sin embargo, asegura, los asambleístas no sólo pusieron plazos diferenciados para las niñas y mujeres en general, sino que vuelven a poner esa división con las mujeres con discapacidad, al constar que en esos casos “se observará y cumplirán las mejores prácticas médicas”.

Para Verónica Carrillo, activista, la Asamblea no cumplió con la sentencia de la Corte Constitucional, ni con las niñas, adolescente y mujeres víctimas de violencia sexual. 

Mientras que desde los grupos autodenominados provida esperan el veto total por parte del Ejecutivo. Geovanna Salvador manifestó que también analizan acciones legales para dejar sin efecto la Ley. E invoca principios religiosos para defender su postura. “En el Ecuador más del 95% somos creyentes, no importa de qué religión, y tenemos el mandato de defender la vida”, manifestó. 

El regateo legislativo

La ponente del proyecto de Ley, asambleísta Johanna Moreira (ID), fue directa al informar los plazos finales. “Hemos tenido que ceder en contra de nuestra voluntad para llegar a un consenso”, manifestó.

Después de varios cambios en la temporalidad, el  informe para votación entró al pleno con plazos entre 16 y 18 semanas, pero no alcanzó los 70 votos mínimos que se requería para su aprobación.

Fueron 66 votos positivos, 40 en contra y 27 abstenciones. Moreira pidió una hora de receso para reformular los plazos que quedaron entre las 12 y 18 semanas lo que fue aprobado con 75 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones. 

Las dos votaciones se realizaron con un intervalo de dos horas aproximadamente, por eso resulta extraño que en la primera votación hayan existido cuatro ausencias y en la segunda estas aumentaron a siete. Otros en cambio optaron por mandar a sus suplentes. 

¿Qué se negoció, se cedió, se regateó en busca de votos? Solo al interior del pleno lo saben con certeza. Pero si se pudo evidenciar bastante movimiento en esa hora que de receso que pidió Moreira para consensuar el texto. 

Al final así quedó la votación de la ley que incluía plazos entre 16 y 18 semanas y que no fue aprobada: 

Ausentes (4): 

Pachakutik: Efrén Calapucha, Gissella Molina 

Partido Social Cristiano: Soledad Diab

Bancada de Acuerdo Nacional: Augusto Guamán 

A favor (66): 

UNES: José Agualsaca, Ronny Aleaga, Alexandra Arce, Daniel Barreto, Paola Cabezas, Fernando Cedeño, Esther Cuesta, Jorge Vélez, Cecilia Herrera, Marcela Holguín, Fausto Jarrín, Andrés Jurado, Cristóbal LLoret, Blasco Luna, Belén Mayorga, Franciso Mera, Gabriela Molina,  Pabel Muñoz, Johanna Ortiz. Mónica Palacios, Mariuxi Sánchez, Ricardo Ulcuango, Jhajaira Urresta, José Vallejo, Viviana Veloz, Eduardo Zambrano, 

Pachakutik: Fernando Cabascango, Peter Calo, Isabel Enríquez, Vicente Ludeña, Rafael Lucero, Salvador Maita, Manuel Medina, Mireya Pazmiño, Mario Ruiz, Bertha Sánchez, Sofía Sánchez,  José Chimbo, Guadalupe Llori, Cristian Yucailla.

Izquierda Democrática: María Teresa Velásquez, Marlon Cadena, Rodrigo Fajardo, Edwin Frias, Yeseña Guamaní, Rocío Guanoluisa, Alejandro Jaramillo, Daniel Onofa, Luis Marcillo, Johanna Moreira, Ramiro Narváez, Johanna Pilozo. 

Independiente: Bruno Segovia, Diego Esparza, Rocío Yépez, Daysi Yuquilema. 

Partido Social Cristiano: Jorge Abedrabbo, Miguel Pavón, Javier Ortiz, Dallyana  Passailaigue.

Bancada de Acuerdo Nacional: Juan Fernando Flores, Katherine Estrada, Byron Maldonado, Javier Saquicela, Eitel Zambrano, María José Plaza. 

En contra (40) 

UNES: Joao Acuña, Pierina Correa,  Sofía Espín, Luis González, Eduardo González, Lenín Lara, Gustavo Mateus, Patricia Mendoza, Katiuska Miranda, María Raffo, 

Pachakutik: Joel Abad, Jessica Castillo, Celestino Chumpi, Édgar Quezada, Ricardo Vanegas, 

Bancada de Acuerdo Nacional: Omar Cevallos, María Aquino, Elías Jachero, Guido Chiriboga, Hugo Cruz, Eduardo Mendoza, Ana Belén Cordero, Jorge Pinto, Freddy Rojas, Julio Varela, Pedro Velasco. 

Independiente: Vanessa Freire, Francisco León, Amada Ortiz, César Rohon, Ana León, Lidia Macías. 

Partido Social Cristiano: Luis Almeida, Carlos Falquez, Henry Kronfle, Zalando Plúas, Esteban Torres, Nathalie Viteri, Geraldine Weber. 

Izquierda Democrática: Marcos Molina. 

Abstención (27)

UNES: Pamela Aguirre, Vanessa Álava, Humberto Alvarado, Ferdinan Álvarez, Fernanda Astudillo, Ricardo Chávez, Comps Córdova,  Irina Corral, Roberto Cuero, Patricia Núñez, Víctor Zambrano. 

Pachakutik: Rosa Cerda, Salvador Quishpe, Darwin Pereira, Consuelo Vega. 

Izquierda Democrática: Dalton Bacigalupo, Lucía Placencia, 

Bancada de Acuerdo Nacional: Heinz Linares, Ángel Samaniego, Luis Cervantes, Diana Pesántez, Francisco Jiménez, Blanca Sacansela, Marco Troya. 

Partido Social Cristiano: Johnny Terán, Pedro Zapata. 

Independiente: Eckenner Recalde. 

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