Un informe de Fundamedios reconstruyó el contexto del crimen: publicaciones sobre contratación y tierras, un atentado previo con explosivos, advertencias directas sobre su seguridad y un proceso penal por extorsión que, según su entorno, fue usado para neutralizar su actividad digital.
La tarde del 20 de noviembre de 2025, Robinson del Pezo, comunicador ciudadano y fundador de la página digital La voz del pueblo vuelve por ti mi provincia, fue asesinado a tiros dentro de su negocio de venta de carnes, cerca del mercado número 4 del cantón La Libertad, en la provincia costera de Santa Elena. El caso, según un informe titulado Un crimen contra la palabra, no puede leerse como un hecho aislado en un territorio atravesado por el incremento de la violencia, disputas por recursos públicos y un ambiente cada vez más hostil para quienes denuncian irregularidades.
Del Pezo tenía 50 años y desde 2020 sostenía una plataforma digital que, sin auspiciantes ni respaldo institucional, se consolidó como un espacio de denuncia local. En sus publicaciones se describía como “un ciudadano común” que decidió hablar cuando otros callaban. Su trabajo se concentró en fiscalizar a autoridades del cantón La Libertad y de la provincia de Santa Elena, con un tono frontal y persistente que, con el tiempo, se volvió más confrontativo. Según Fundamedios, la escalada de tensión se evidenció en episodios de bloqueo de contenido, campañas de descrédito, amenazas y llamados anónimos que el propio Del Pezo reportó en redes.
El informe ubica el asesinato en un contexto provincial marcado por el deterioro acelerado de la seguridad y la superposición de conflictos políticos y económicos. Según el documento, en 2025 Ecuador fue catalogado como el sexto país más violento del mundo en el Índice de Conflicto de ACLED, y Santa Elena refleja esa tendencia con crudeza. En esa provincia —siempre de acuerdo con el informe— la tasa de muertes violentas aumentó un 1126% entre 2020 y junio de 2025, con base en datos del Ministerio del Interior y del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. El mismo reporte añade que la extorsión (“vacuna”) se incrementó un 83% entre 2023 y 2024, en un escenario de expansión del control territorial asociado al narcotráfico.
A ese telón de fondo se suman disputas por tierra y contratación pública que han escalado al debate nacional. El informe menciona dos casos emblemáticos de 2026 que tensionaron la discusión pública en Santa Elena: la compra de 93 hectáreas en La Libertad por USD 2,7 millones por una joven de 24 años, y el caso conocido como “Bellitec”, sobre la venta de 745 hectáreas de terrenos municipales a precios muy por debajo de los valores oficiales, a partir de reformas normativas y decisiones administrativas cuestionadas por sectores ciudadanos. En ese entorno, activistas y comunicadores locales —incluido Del Pezo— comenzaron a recopilar escrituras, actas municipales y expedientes judiciales para sostener denuncias.
Fundamedios afirma haber sistematizado más de 80 publicaciones de Del Pezo que apuntaban a cinco núcleos: presunto direccionamiento de contratos y posibles conflictos de interés; ventas o transferencias de terrenos municipales y áreas verdes; obras inconclusas o de baja calidad; uso de recursos públicos para publicidad y propaganda; y cuestionamientos sobre incremento patrimonial y estilo de vida de autoridades locales. Entre las denuncias citadas en el informe se incluye el señalamiento a un contrato de combustible (Contrato No. 038) y un entramado societario que, según Del Pezo, configuraría un posible conflicto de interés por vínculos familiares y comerciales alrededor de la Alcaldía. También se describen publicaciones sobre compraventas directas de solares y terrenos municipales, así como denuncias sobre asfaltados deteriorados, anticipos elevados en obras sin resultados visibles y proyectos paralizados.
Del Pezo no solo denunció hechos: dejó constancia pública de que se sentía en riesgo. Según el informe, el 2 de septiembre de 2025 reportó un atentado en su domicilio con un artefacto explosivo y atribuyó el ataque a represalias por su línea de denuncias. El 23 de octubre de 2025, en un video, afirmó temer por su vida y la de su familia, e hizo un señalamiento directo: dijo que, si algo le ocurría a él o a los suyos, responsabilizaba al alcalde de La Libertad, Francisco Eugenio Tamariz Guerrero, a su círculo de empresarios y a personas a quienes —según su declaración— se habrían entregado terrenos. Cuatro semanas después, fue asesinado.
El informe añade un detalle que refuerza la idea de que el crimen ocurrió “a la vista de todos”: el día del asesinato, Del Pezo publicó cuatro contenidos más en su página, centrados en fiscalización y corrupción. Cuestionó sueldos y desempeño de funcionarios, interpeló a un concejal por el rol de control político, reposteo un video sobre presunto tráfico de tierras y compartió contenido relacionado con el caso Odebrecht. Tres días antes, el 17 de noviembre de 2025, publicó un mensaje de tono distinto —más cívico y menos confrontativo— en el que llamó a no dividirse y reafirmó su compromiso de “seguir informando con transparencia, dentro de la ley”, según el documento.
Una parte sustancial del informe reconstruye, además, un proceso penal previo por extorsión que marcó la trayectoria reciente del comunicador. Según la sentencia citada, la Fiscalía abrió una instrucción fiscal el 11 de febrero de 2025 por el presunto delito de extorsión, y el caso culminó con una condena dictada el 6 de agosto de 2025 en la Unidad Judicial Penal de La Libertad. La acusación sostuvo que Del Pezo habría exigido USD 10.000 a una funcionaria provincial a cambio de no publicar material que afectaría su honra, con reuniones presenciales y entregas parciales de dinero que desembocaron en un operativo de la UNASE en un centro comercial, donde fue aprehendido. La sentencia incluyó, según el informe, una pena de cinco años, multa, reparación material y medidas que llegaron incluso al cierre de la página digital como garantía de no repetición.
Sin embargo, Fundamedios recoge una versión distinta de fuentes cercanas al comunicador, que interpretan el caso como una “trampa” para neutralizarlo: relatan un contexto de dificultades económicas, presiones de prestamistas informales y una reunión que, a su juicio, habría sido usada para montar un operativo que permitió incautar dispositivos y documentación sensible vinculada a sus denuncias. El informe también describe violencia y amenazas durante su paso por prisión —incluidas exigencias de dinero a familiares para proteger su integridad— y sostiene que ese componente compromete obligaciones estatales sobre custodia y garantías básicas.
En sus conclusiones, Fundamedios plantea que “el Estado es el responsable” en un sentido amplio: no como autor material, sino por obligaciones de prevención, protección e investigación cuando un actor que realiza actividades informativas es asesinado. El informe exige una investigación exhaustiva e independiente con enfoque de libertad de expresión, indagación sobre la violencia sufrida bajo custodia estatal, protección para familiares y fuentes, protocolos diferenciados para comunicadores digitales —incluidos quienes no pertenecen a medios tradicionales— y garantías estructurales de no repetición.
El asesinato de Robinson del Pezo, sostiene el documento, sintetiza una vulnerabilidad particular: la de voces locales que nombran, documentan e insisten en territorios donde convergen intereses políticos, económicos y criminales, con baja visibilidad nacional y altos márgenes de impunidad. Su muerte, concluye el informe, no solo silenció a un denunciante: dejó una pregunta sobre el costo real de fiscalizar en Santa Elena cuando la violencia dejó de ser un riesgo abstracto y se convirtió en una posibilidad cotidiana.
