Desde el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana se han iniciado acciones contra Diana Salazar. Ella acusa a varios sentenciados y procesados, empezando por el expresidente Correa. Lasso, al disolver la Asamblea, aseguró que iban por ella.
“Todo lo que están fraguando es únicamente con la intención de tomarse la Justicia; pero no lo van a lograr porque no tienen la razón ni la verdad”, aseguró la fiscal general, Diana Salazar, durante una entrevista en Ecuavisa.
Se refirió así a una serie de cuestionamientos que se han dado en su contra y que han sido canalizados a través del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana, dominado ahora por afines al correísmo.
Salazar fue designada como Fiscal —para un periodo de seis años— el 1 de abril del 2019 por el Consejo de Participación Ciudadana de transición, presidido por Julio César Trujillo (+), luego de un concurso de méritos y oposición en el que obtuvo 88,17 puntos de 100 posibles.
Durante el tiempo que lleva en el ejercicio del cargo ha estado al frente de connotados casos, como el conocido como ‘Sobornos’, donde logró sentencia condenatoria a ocho años de prisión contra el expresidente Rafael Correa —hoy prófugo de la Justicia—, su exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera y otros altos funcionarios de ese Gobierno, involucrados en una trama de corrupción para posicionar a su entonces movimiento, Alianza PAIS.
En el caso Las Torres procesó y logró sentencia a 13 años de prisión contra el excontralor Pablo Celi, entre otros, por desvanecimiento de glosas a los contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit, a cambio de millonarias coimas. Y llevó el caso contra el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, sentenciado a tres años de cárcel por abuso sexual.
Actualmente, la Fiscalía investiga al vocal del Consejo de la Judicatura Xavier Muñoz, por presunto lavado de activos; y a Maribel Barreno y Juan José Morillo por presunto tráfico de influencias. Mientras que el 19 de mayo notificó a los siete integrantes del recién posesionado Consejo de Participación Ciudadana con el inicio de una investigación previa por un posible intento de alterar o borrar los archivos y documentos que respaldan su proceso de designación.
Salazar aseguró que todas estas acciones “destinadas a que los actos ilícitos no queden en la impunidad” son las que han generado un intento de sacarle del cargo.
Los frentes abiertos
En la disuelta Asamblea no era desconocido el intento de la bancada correísta por llamar a juicio político a Salazar. Las comparecencias de la funcionaria a distintas comisiones de esa Función del Estado eran permanentes, en muchos casos para ser interrogada por los mismos casos, acciones u omisiones.
Días antes de ser disuelto ese poder del Estado, el correísmo y sus aliados captaron todas las autoridades del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que incluye la Presidencia y las dos vicepresidencias de la Asamblea. Y la situación se hubiese, previsiblemente, replicado en la integración de las comisiones, que habrían sido dirigidas por la oposición, dejándole al oficialismo sin margen de maniobra.
Una vez disuelta la Asamblea, en pleno desarrollo del juicio político contra el Presidente Guillermo Lasso, el mandatario respondió en una entrevista a CNN, que tomó la decisión de aplicar la muerte cruzada para detener un plan donde primero venían por él, “luego por la Fiscal, luego por el Contralor, por el Procurador y por más instituciones del Estado”. Aseguró que la oposición buscaba tomarse las instituciones del Estado y viabilizar el retorno del expresidente Rafael Correa.
Disuelta la Asamblea, el Consejo de Participación aseguró, a través de un comunicado, que ejercerá el rol fiscalizador e invitó a la ciudadanía a estar vigilante y ejercer todos los procesos de fiscalización que les permite la Constitución y la Ley que rige al Consejo.
Y dio paso a denuncias impuestas por el colectivo Acción Jurídica Popular, del que forma parte Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión, quien ha venido asegurando un supuesto plagio por parte de Salazar en su tesis de grado.
De hecho, el presidente del Consejo, el correísta Alembert Vera, al tiempo de cuestionar la labor de la Fiscal, indicó que la funcionaria debía presentarse ante el organismo el viernes para una audiencia pública, para responder sobre este presunto plagio. Inclusive la Universidad Central conformó una comisión de auditoría académica que investiga el supuesto plagio. Salazar anticipó que no asistirá, ya que se está mal entendiendo el concepto de audiencia pública y porque el Consejo no tiene competencia para convocarla.
Pero, además, el Consejo aprobó una resolución en la que oficia al Consejo de la Judicatura para que dé respuesta a un ciudadano que solicita conocer si se ha designado al Fiscal General subrogante. En respuesta, la Fiscalía informó que el Consejo de Participación transitorio, a través de una resolución, nombró a Wilson Toainga para ese cargo, por lo que es “evidente que la designación de la autoridad subrogante que cumple funciones actualmente, no le correspondía al Consejo de la Judicatura. Con esta aclaración, está Institución hace un llamado al actual CPC para que actúe conforme dicta la Constitución y la norma”, consta en un comunicado.
La Judicatura en escena
Y el otro frente que tiene abierto Salazar es el propio Consejo de la Judicatura. Una sesión del Pleno de ese organismo estuvo convocada para resolver un informe remitido por el subdirector de control disciplinario de la entidad, Santiago Cueva Jiménez, en el que recomendaba la apertura de un expediente disciplinario en contra de la Fiscal, su suspensión por tres meses sin sueldo y la apertura de un sumario administrativo, que hubiese podido concluir en su destitución.
La sesión no tuvo quórum y luego la Judicatura emitió un comunicado —lleno de faltas ortográficas y gramaticales—, en el que el presidente de la entidad, Wilman Terán, asegura que tal recomendación no es más que una opinión que el Pleno debe tratar, para negar o aceptar. Se añade que la Judicatura respeta la institucionalidad y la independencia de las instituciones.
Salazar aseguró que sólo la Asamblea tiene la potestad de destituirla del cargo. Mientras que Paúl Córdova Vinueza, del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha, aseguró que la Judicatura tiene potestad de control disciplinario contra servidores que pertenecen a las carreras de la Función Judicial, donde se exceptúan a otros servidores, como la Fiscal General del Estado. Además, que no tiene competencia para suspenderla, ni para seguir procesos disciplinarios en su contra.
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