Sólo en los cuatro primeros meses del año ya se alcanzó la mitad de todos los casos de desapariciones registradas el año anterior. La falta de fiscales especializados, la poca diligencia en las investigaciones y los tratos discriminatorios siguen presentes. 

En 2018, los familiares de desaparecidos lanzaron un grito desesperado, un llamado a todos los ecuatorianos para que no los dejaran solos en su incansable búsqueda de sus seres queridos. Aquella súplica resonó con fuerza, pero, seis años después, el eco de ese clamor parece haberse desvanecido en el aire. Ni la sociedad ni el Estado han respondido. Las cifras hablan por sí solas: en los primeros cuatro meses de este año, ya se ha alcanzado la mitad de todos los casos de desapariciones reportados en 2023.

Estas cifras oficiales se presentan en segundo plano, literalmente, en un pequeño recuadro al costado de una fotografía de gran tamaño del rostro del presidente, Daniel Noboa, con una sonrisa que no corresponde con la sensibilidad del tema. La imagen contrasta con la realidad que viven miles de familias, sumidas en la angustia y la incertidumbre.

Tal como ha sucedido en años anteriores, estas cifras no alcanzan a reflejar los testimonios de impotencia y de indefensión de los familiares de desaparecidos. Ellos dicen que se enfrentan a un Estado incapaz de realizar investigaciones efectivas, mientras los organismos de Derechos Humanos denuncian que ese mismo Estado sigue sin implementar mecanismos de prevención adecuados.

RESPONSABILIDADES

Las instituciones responsables de recibir las denuncias e iniciar investigaciones en esta materia son la Fiscalía y la unidad especializada de la Policía Nacional. Y el sustento legal para su trabajo es la Ley de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, aprobada en octubre de 2019, pero que entró en vigencia en enero de 2020.

¿Este trabajo responde al clamor de los familiares? Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía no había respondido a una solicitud formal de información sobre las preocupaciones específicas de los familiares, agrupados en la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), con relación a las trabas burocráticas, las dificultades experimentadas y la falta de continuidad y especialización de los fiscales. 

En este sentido, Asfadec lamenta que los fiscales a quienes se les asignan estos casos deben enfrentar simultáneamente la investigación de robos de vehículos, casos de desaparición de personas y otros delitos, lo cual dificulta su capacidad para responder con eficacia.

Para Karina Pacheco, integrante de Asfadec y hermana de Telmo Orlando Pacheco, desaparecido en 2011, la persistencia de casos de desapariciones en el país es una fuente de dolor profundo. Ella comprende las difíciles consecuencias que esto conlleva para las familias, quienes viven en constante incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos.

“El incremento constante de desapariciones, en lugar de disminuir, es una fuente de dolor y preocupación. Esto plantea la pregunta sobre lo que está ocurriendo y genera una pérdida de confianza en la seguridad, incluso para situaciones cotidianas como enviar a nuestros hijos en transporte público, algo que antes era común pero ahora parece imposible”, dijo Pacheco.

“Como Asfadec, seguimos exigiendo al Estado que cumpla sus compromisos pasados, implementando políticas de seguridad efectivas y aumentando los esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas. En repetidas ocasiones, la Policía no responde de manera adecuada o ignora las denuncias de los familiares, pidiéndoles esperar periodos prolongados, de 24 o 28 horas antes de actuar, a pesar de que este requisito fue abolido en 2012”, comentó Pacheco.

Durante años, Asfadec ha mantenido esta exigencia de manera constante, ya sea manifestándose en protestas frente a la Presidencia de la República o realizando plantones con carteles que muestran las fotos de sus seres queridos desaparecidos. 

OBSERVACIÓN

Lo que testimonian los familiares ha sido observado en reiteradas ocasiones por organizaciones de Derechos Humanos. La asesora legal de la Fundación Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Catalina Reinoso, señaló que existen dificultades, empezando con cuestiones de estereotipos de género y etnia. Por ejemplo, dijo, si una mujer joven desaparece, es probable que a la familia que va a denunciar le digan que en 9 meses regresará con su novio, que está en otro lugar. En el caso de una persona mayor, pueden decirles a la familia que para qué la buscan si ya vivió y probablemente morirá pronto.

Según la asesora, si una denuncia es recibida por alguien que no le otorga la debida importancia desde el principio, la Fiscalía puede retrasar el inicio de las diligencias. Esto significa que no se realizan acciones cruciales el primer día, y especialmente en las primeras horas tras el reporte de desaparición, como la reconstrucción de la ruta por donde fue vista la víctima por última vez y la investigación de las últimas personas que tuvieron contacto con ella.

No es el único pedido pendiente que la Fiscalía acumula. El pasado primero de junio, la Defensoría del Pueblo emitió una exhortación formal instando a que la Fiscalía facilite a los familiares acceso, les mantenga informados sobre el avance de los casos y, sobre todo, que aplique estándares y protocolos para la búsqueda y localización de todos y cada uno de los niños y adolescentes desaparecidos en el país.

La Defensoría manifestó su preocupación ante el reporte oficial del Ministerio del Interior, que indica que el 39% de los 730 casos de desaparecidos corresponden a niños y adolescentes.

Además, la Defensoría señaló que hasta el primero de junio del año anterior había emitido 574 alertas de desapariciones de niños y adolescentes, lo que equivale aproximadamente a un tercio de las 1.777 alertas emitidas durante todo el año anterior.

Frente a esta situación, la Defensoría también realizó un pedido a todas las instituciones públicas involucradas en este tema:

Al Gobierno nacional

   – Cumplir acciones con enfoque de Derechos Humanos.

   – Generar políticas integrales en orden público y seguridad ciudadana.

A la función Judicial

   – Juzgar casos de desaparición con diligencia y respeto a los derechos.

   – Garantizar reserva, protección y asistencia a víctimas y testigos.

Al Ministerio del Interior

   – Ejecutar políticas públicas para prevención de desapariciones.

   – Proteger grupos vulnerables conforme a la ley.

A los ministerios de la Mujer y Derechos Humanos; Inclusión Económica y Social

   – Diseñar programa integral de atención para desaparecidos.

   – Apoyar a víctimas y sus familias mediante el sistema nacional.

Al  Ministerio de Educación

   – Garantizar instituciones educativas seguras y derechos de la comunidad.

   – Coordinar acciones de prevención y atención con otros entes estatales.

Al Ministerio de Salud

   – Facilitar primeros auxilios psicológicos y atención médica.

   – Apoyar a familiares de personas desaparecidas.

A los medios de comunicación

   – Manejar información con respeto y ética, desde un enfoque de Derechos Humanos.

   – Evitar la difusión de rumores que generen pánico social.

A la sociedad

   – Exigir garantías y protección de derechos por parte del Estado.

CAUSAS

Según especialistas consultados por Ecuador Chequea, las cifras representan una tendencia al alza, que responde a diversos y complejos factores sociales, agravados por el contexto actual de inseguridad y violencia criminal, en el que se ha reconocido oficialmente la existencia de un conflicto armado interno

Entre estas causas, explicaron, se destacan la operación de redes de trata de personas y de crimen organizado y la violencia de género.

El abogado especialista en Derechos Humanos Juan Pablo Albán estimó que una de las principales causas de las desapariciones en años recientes responde a la captación de niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales.

“Desafortunadamente, en el nivel de inseguridad y violencia que vivimos las redes de trata de personas están aprovechando la coyuntura para captar más gente. Las propias bandas de delincuencia organizada están captando inclusive muchachos de temprana edad, adolescentes. Y esos son de hecho muchos de los desaparecidos que tenemos”, dijo Albán.

La abogada de la Comisión Económica de Derechos Humanos, Patricia Carrión, lamentó las numerosas violaciones de Derechos Humanos que están ocurriendo en el marco de las respuestas del Estado al conflicto armado interno. Entre estas violaciones se incluyen desapariciones de personas detenidas en cárceles, con los familiares de estas personas sin recibir ninguna información sobre su ubicación.

«Hay cifras oficiales, que toman en cuenta los medios, pero también existen personas que ni siquiera han sido registradas como desaparecidas y que no figuran en los registros porque están detenidas sin un proceso judicial adecuado», señaló Carrión subrayando que este tema ha sido objeto de observaciones y llamamientos por parte de organismos internacionales de Derechos Humanos.

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