Los abogados de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, aseguran que el TCE debería aclarar si la suspensión de derechos políticos le impide o no ejercer el cargo. Daniel Noboa la dio por destituida. 

POR: Hugo Constante

Los abogados de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, pedirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la aclaración y ampliación a la sentencia de última instancia con la que este organismo ratificó el lunes la suspensión de los derechos políticos por dos años de la segunda mandataria. 

El recurso no cambiará el fondo de la sentencia, pero Dominique Dávila, parte del equipo jurídico de Abad, aseguró que es necesario que el Tribunal explique si la suspensión de los derechos políticos le impide ejercer el cargo. Esto, debido a que en un párrafo de la sentencia asegura que no se le está destituyendo ni removiendo del cargo —lo que es potestad de la Asamblea, a través de juicio político—, sino que se le sanciona por el cometimiento de una infracción electoral muy grave, contemplada en el Código de la Democracia. A Abad le sancionaron por violencia política de género en contra de la canciller, Gabriela Sommerfeld, quien fue la que puso la denuncia. 

Dávila agregó que les interesa conocer el alcance de la sentencia, ya que el Ejecutivo lo ha interpretado como una destitución. El presidente, Daniel Noboa, durante un acto de campaña en Guayaquil, calificó de traidora a Abad y aseguró que ya está destituida. “Si el TCE nos responde que no es un impedimento para ejercer el cargo, sigue siendo Vicepresidenta. Y si nos dicen que sí, se están metiendo en facultades que sólo le competen a la Asamblea; estarían sacando mandatarios de elección popular y, cuando un juez hace eso, está dando un golpe de Estado”, comenta Dávila. Otro mecanismo que se analizará es interponer ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección, pero como vía para denunciar la vulneración de derechos a través de acciones emitidas por un juez, pero tampoco suspende los efectos de la sentencia.

El delicado tema de la campaña por la reelección 

Interpuesto el pedido de aclaración, el Tribunal tendrá dos días hábiles para contestar y la sentencia quedará ejecutoriada, es decir, producirá efecto. Mientras tanto, desde el domingo se desarrolla la campaña presidencial para la segunda vuelta del 13 de abril, que enfrentará en las urnas al candidato presidente que busca la reelección, Daniel Noboa (ADN), con la candidata correísta Luisa González. 

La constitucionalista Gabriela León considera que Noboa debería haber pedido licencia para realizar la campaña, con lo cual operaría automáticamente la subrogación a favor de Abad sin necesidad de Decreto alguno. “Hay una vicepresidenta elegida en las urnas como su binomio, le guste o no le guste al Presidente. Si él se ausenta le subroga automáticamente su Vicepresidenta”, dijo León. 

Sin embargo, Noboa, durante el mitin político en Guayaquil, descartó que vaya a pedir licencia y, menos aún, la posibilidad de encargar la Presidencia a Abad. Por el contrario, en un oficio dirigido a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, le informó que para ejercer sus derechos políticos en igualdad de condiciones frente a González, y para no caer en situaciones susceptibles de ser interpretadas como infracción electoral, iba a realizar actividades proselitistas entre las 08:00 y las 20:00 de ayer, sin usar recursos públicos. Noboa justifica su negativa de solicitar licencia con el argumento de que una sentencia de la Corte Constitucional señala que en el caso de que las autoridades de elección popular sean elegidas para completar un periodo, no se considera computable como reelección. Para León, el panorama es diferente: “Tenemos inconstitucionalmente un Presidente candidato, eso es lo que tenemos ahora”, dijo. 

En la página de la Presidencia de la República constan siete decretos firmados por Noboa entre el martes y ayer. Además, desde que inició la campaña, Noboa ha cumplido actividades como un conversatorio con estudiantes de la Ecotec y presentó el programa de valorización docente. 

Para el analista político Pablo Medina, democracia no sólo es ganar las elecciones, sino que implica respetar las leyes, la Constitución y que la sentencia de la Corte Constitucional se relaciona a otro tema, específicamente a los efectos de una “muerte cruzada” en un periodo presidencial. Para Medina, aún con la presumible existencia de vacíos legales que le permitan al Presidente no pedir licencia, el fondo del asunto es que una autoridad en funciones  tiene capacidad de gasto, poder de decisión, es una autoridad administrativa, lo que en definitiva le da ventaja sobre otros candidato que no tiene ese conjunto de atribuciones al no ser autoridades y por lo tanto no puede usar el aparataje estatal. “Más allá de que exista o no el vacío legal, el principio democrático de igualdad de armas, de cancha nivelada, de elecciones justas se vulnera en el momento en el que uno de los candidatos tiene potestad de autoridad pública”, dijo el analista.   

Te puede interesar:

. Los daños de la catástrofe ambiental de Esmeraldas se extenderán por años

. Es falso que Trump haya dicho que Luisa González no tendrá apoyo de EE.UU.

. Es inverificable si José Cabrera dijo que Atamaint está amenazada por ADN