La Corte Nacional se sumó a la Fiscalía y al Gobierno en el retiro de su apoyo a sus delegados en la Judicatura. El tema ha copado desde ayer las redes sociales y los noticieros; pero, ¿qué sucede y cuál fue la ‘gota que derramó el vaso’ en este ‘divorcio’? Le explicamos:
¿Se imagina usted trabajando en una organización cuya principal autoridad ha perdido la confianza de quienes propusieron su nominación? ¿Qué pasa si de esa organización depende el trámite de juicios y procesos legales de todo tipo, desde asuntos domésticos a grandes casos de corrupción del Estado?
Esa sensación de incertidumbre la enfrentan miles de jueces y funcionarios de juzgados de todo el país, después de los pronunciamientos de la Corte Nacional de Justicia, de la Fiscalía y del Gobierno, para desconocer a sus representantes ante el Consejo de la Judicatura (CJ).
Dos de estos tres cuestionamientos, de la Fiscalía y del Gobierno, son de larga data. El primero, de junio del 2019; y el segundo, de junio del 2022. A estos se sumó, este lunes 28 de agosto, la Corte Nacional de Justicia, al señalar que el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ya no representa a ese ente colegiado.
Este lunes la Fiscalía recordó su postura enfocada específicamente en Maribel Barreno, quien fuera su comisionada para ejercer como vocal de la Judicatura
“La fiscal general del Estado en funciones, Diana Salazar Méndez, resolvió —en junio del 2019— retirarle esa comisión de servicios, debido a que su trabajo nunca respondió a los objetivos planteados por la institución. Tanto así que la mencionada funcionaria decidió renunciar y quedarse en la Judicatura trabajando bajo su propia agenda”, señala un comunicado oficial de la Fiscalía.
Y hoy, martes 29 de agosto, el Gobierno de Guillermo Lasso también recordó un similar cuestionamiento a las autoridades del CJ, en particular del comisionado Xavier Muñoz. Este, señala la administración Lasso en un comunicado, fue propuesto “a última hora” por el Gobierno anterior y, por tanto, el presidente Lasso “le retiró su confianza en junio del 2022, por no sentirse representado por sus actuaciones”.
Lo legal
Estos pronunciamientos no son vinculantes; es decir, no tiene un efecto legal ni requiere cumplimiento obligatorio. A pesar de ello, el pronunciamiento de retirar la confianza a la principal autoridad judicial del país envía un mensaje claro: la gravedad de la crisis en la gestión de las principales instituciones que, en teoría, deberían garantizar un adecuado funcionamiento de la justicia en el país.
Este retiro de confianza al titular de la Judicatura también se extiende a los vocales, a quienes la CNJ les pide “dar un paso al costado”; y, además, insta al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y otras entidades nominadoras (Fiscalía General, Defensoría Pública, Ejecutivo, Asamblea Nacional) a rever su delegación.
La drástica posición institucional de la Corte se produce luego de que todo el país se escandalizara por uno de los más recientes hechos controversiales en la conducción de la Judicatura por parte de Terán.
En la sesión que se realizó el sábado 19, en la misma víspera de elecciones presidenciales adelantadas, con apenas dos de cinco votos posibles, se destituyó a un juez a cargo de un caso de corrupción en el gobierno de Lenín Moreno. Uno de esos votos fue del propio Terán y el otro de un vocal que se encontraba de vacaciones en Miami y se dio en aparente estado de ebriedad.
Terán minimiza el pedido
En respuesta a la exigencia de la Corte, lejos de acatarla, Terán lo minimizó y pidió al Pleno de la CNJ que lo reciba para exponer sus puntos de vista. “Cuando se lucha contra la corrupción estas son las respuestas”, dijo Terán, tras señalar que no se aferra al cargo, pero que no dejará la presidencia de la Judicatura.
Dicho pedido, según anticipó el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, será puesto a consideración del Pleno.
Lo dijo en la primera hora de hoy, en el marco de una entrevista televisiva, luego de recordar que, bajo la conducción de Terán, el CJ mantiene en funciones dos vocales (en alusión a Juan José Morillo y Maribel Barreno), a pesar de que son investigados y procesados penalmente por supuesto delito de tráfico de influencias y porque la institución cometió varios actos irregulares para destituir a la fiscal Salazar.
“No puede un CJ en estas condiciones ser el órgano de Gobierno del Poder Judicial. Hoy más que nunca los ciudadanos no sólo exigen, sino que hay un clamor, de que la justicia sea diferente y un órgano como el CJ que respete el ordenamiento jurídico. A todas luces se ha hecho todo lo contrario”, declaró Saquicela.
¿Cómo llegó el país a esta crisis judicial?
El expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, y la abogada penalista Paulina Abad señalaron que el retiro de confianza sobre Terán es extemporáneo y, sobre todo, la Corte no reconoce la propia responsabilidad que tuvo en la designación de su delegado.
Ambos también calificaron como insostenible la permanencia de Terán y los actuales comisionados del CJ, tal como lo han expresado gremios de abogados, que han exigido su inmediata renuncia. García dijo que, no sólo hay un claro “sesgo político en las actuaciones” de Terán, sino también que “ha demostrado un desconocimiento notorio de las normas que regulan la administración de justicia”.
Tanto García como Abad señalaron que este reciente capítulo de controversias y pugnas entre la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, de manera inevitable afecta el funcionamiento de todo el sistema de justicia. Esto, dijo García, debido a la falta de certeza de la gente e incluso de los propios funcionarios judiciales en los trámites que se realizan en el interior de los juzgados y demás dependencias judiciales del país.
Contraataque y salidas
Terán no acepta las exigencias de dimisión y ha iniciado una campaña de defensa de gestión a través de las cuentas en redes sociales del CJ.
Entre estos contenidos promocionales de la Judicatura, consta uno que señala, por ejemplo, que el organismo ha superado el 60% del presupuesto para mantener la infraestructura judicial en el país.
Además de esta campaña, Terán pasó de la defensa al contraataque, con publicaciones en su cuenta en la red social X, en las que acusa de corrupción a quienes le cuestionan.
“Los corruptos, quienes persiguen personas más que a delitos, los carentes de honradez, atacan por temor. Mi conciencia y mis manos están limpias”, señala Terán.
Consultada por Teleamazonas sobre esta negativa a dimitir, la exfiscal Mariana Yepez sugirió que “el juicio político es la única salida”. Esta posible solución, sin embargo, dependería de la instalación de la próxima Asamblea Nacional.
Yépez sostuvo que el pronunciamiento de la Corte Nacional “agrava la crisis de la Función Judicial y demuestra que existe una separación de los órganos que la integran”. “Prácticamente, se ha separado el órgano administrativo del órgano de control, pero no tiene ningún efecto”, dijo la exfiscal en la entrevista.
También opinó que, “lo constitucional, es que el órgano de control administrativo de la Función Judicial guarde independencia de los demás, aunque el origen del nombramiento son las ternas enviadas por el Gobierno y el Presidente de la Corte Nacional de Justicia”.
Gremio de abogados se pronuncia
Para el Colegio de Abogados de Pichincha, la renuncia de los vocales permitiría enfrentar la crisis institucional en la justicia del país. Así lo expresó el gremio en un comunicado oficial publicado tras el pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia.
El gremio asegura que, bajo la conducción de Terán, no se ha mejorado ni modernizado el sistema judicial. Argumentan con dos ejemplos: la implementación del «expediente electrónico» y la ejecución “antitécnica” de presupuestos, cuyo resultado, para el gremio «es la penuria y la mendicidad de la función judicial que carece de todo, hasta de una hoja de papel para sacar una copia».
¿Cómo se elige a los vocales del CJ?
La designación de los 5 vocales del CJ la realiza el Consejo de Participación Ciudadana, a partir de ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Asamblea Nacional y el Gobierno.
Este procedimiento lo establece el artículo 179 de la Constitución:
Por las facultades y funciones que deben desempeñar sus vocales, a la Judicatura se la conoce, entre otros términos que se han popularizado, como “el órgano rector de la justicia”, “el ente de gobierno de la justicia” o “máxima institución judicial”. Así, el artículo 181 establece que las autoridades de la Judicatura son responsables, no sólo de la selección de jueces y funcionarios judiciales, sino de presupuesto, modernización y otras áreas sensibles y estratégicas de la justicia:
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