El nuevo presidente de la Corte Constitucional, Jhoel Escudero, y la nueva vicepresidenta, Karla Andrade, tienen un altísimo perfil profesional, técnico y académico. Toman el mando en un momento en que el rol de la Corte se ha vuelto fundamental.
POR: Juan Camilo Escobar
La reciente renovación parcial de la Corte Constitucional concluyó al mediodía de hoy, con la elección de Jhoel Escudero como presidente y Karla Andrade como vicepresidenta, cargos que ejercerán hasta 2028. Escudero reemplaza a Alí Lozada, quien ocupó el cargo desde febrero de 2022. Andrade, por su parte, sucede a la exjueza Carmen Corral, quien dejó el organismo tras un sorteo público realizado la semana anterior.
Las designaciones se realizaron por unanimidad en la sesión extraordinaria celebrada esta misma mañana, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 191 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, informó la Corte Constitucional.
El Pleno del organismo, integrado ahora por los jueces Jorge Benavides Ordóñez, Alejandra Cárdenas Reyes, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Richard Ortiz Ortiz, Claudia Salgado Levy y José Luis Terán, respaldó por unanimidad la designación de las nuevas autoridades, añadió la institución.
Ambos ofrecieron sus primeras declaraciones públicas, comprometiéndose a mantener ‘cero corrupción’ y garantizar ‘continuidad institucional’ en la gestión, centrada en la defensa de la Constitución.
La toma de posesión de Escudero y Andrade se produjo tras la asunción de los jueces Claudia Salgado, José Terán y Jorge Benavides, quienes fueron posesionados la semana pasada por la Asamblea Nacional. Los tres magistrados habían sido seleccionados el 5 de marzo por la Comisión Calificadora, luego de un concurso de méritos y oposición. Esta renovación obedeció a la normativa vigente, que establece que un tercio de los jueces de la Corte Constitucional deben renovarse cada tres años. Los magistrados ejercen su cargo por un periodo de nueve años.
Además, el 11 de marzo anterior se realizó el sorteo para la renovación de tres jueces de la Corte Constitucional. Con la presencia de un notario público, los seis magistrados participantes escribieron sus nombres en papeles blancos. El presidente de la Corte, Alí Lozada, extrajo tres al azar. Como resultado, dejaron sus cargos los jueces Carmen Corral, Enrique Herrería y Daniela Salazar.
LO QUE VIENE
André Benavides, abogado constitucionalista, señaló que uno de los problemas más urgentes para la Corte es la agilización de los trámites procesales. «Los ciudadanos y los abogados que ejercemos el derecho constitucional esperamos que el trámite de los procesos sea más ágil. La Corte ha demorado considerablemente en sus resoluciones, lo que afecta la efectividad de la justicia constitucional», comentó Benavides. Destacó la necesidad de que se respete tanto el orden cronológico como la urgencia de los casos, sin dar preferencia injustificada a ciertos expedientes.
Por su parte, la constitucionalista Johana Romero resaltó que el respeto por el orden cronológico y la atención a la urgencia de los casos son esenciales para garantizar una justicia eficiente y oportuna. «En particular, hay temas que requieren decisiones rápidas, como aquellos que inciden directamente en la vida política del país, como las licencias durante los períodos de campaña o la vigencia de los estados de excepción», explicó Romero.
Romero también recordó que una de las principales funciones de la Corte Constitucional es servir de freno ante los excesos de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Advirtió que el Tribunal tendrá un papel crucial en el monitoreo y control de las acciones del Ejecutivo, especialmente en lo que respecta a las declaratorias de estado de excepción y las convocatorias a reformas constitucionales. «La Corte debe actuar con independencia para garantizar que los derechos fundamentales de los ciudadanos no sean vulnerados por decisiones arbitrarias», concluyó Romero.
CASOS PENDIENTES
Entre los principales casos pendientes de resolución en la Corte Constitucional constan
Demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Tributaria del conflicto armado interno: la Corte Constitucional admitió a trámite demandas de inconstitucionalidad contra la Ley que, entre otros aspectos, elevó el IVA del 12% al 15%. Las acciones fueron presentadas en 2024 por el partido Unidad Popular y la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Consulta previa para la comunidad Waorani de Pastaza. La comunidad Waorani de Pastaza solicita que la Corte Constitucional resuelva una sentencia pendiente de cumplimiento desde 2020, la cual garantizaría su derecho a la consulta previa, libre e informada para la protección de su territorio en la Amazonía. Desde entonces, las comunidades han presentado cinco solicitudes para que el caso sea priorizado y se dicten medidas cautelares en defensa de más de 180.000 hectáreas de bosque, ante la proximidad de la ‘XI Ronda de licitación petrolera suroriental’.
Seguimiento al dictamen sobre la consulta popular de Yasunidos: se solicitó el seguimiento al cumplimiento del dictamen que permitió la consulta popular del colectivo Yasunidos, cuyo objetivo es dejar el petróleo del ITT bajo tierra.
Acción de protección por el caso de los helicópteros Dhruv: La Fiscalía presentó una acción de protección tras la resolución de la Corte Nacional de Justicia, que el 10 de octubre de 2023 dictó el sobreseimiento y la caducidad del caso de los helicópteros Dhruv. La Fiscalía informó que la acción busca que se revisen las decisiones de las autoridades judiciales, las cuales, según sostiene, vulneran derechos constitucionales.
Acción extraordinaria de protección contra la quema de gas: Niñas de la Amazonía presentaron una acción extraordinaria de protección para evitar la quema de gas producto de la explotación petrolera.
LAS NUEVAS AUTORIDADES
Jhoel Escudero: experto en Derecho Constitucional y Economía
Según la información disponible en la página web de la Corte Constitucional, Jhoel Escudero posee un posdoctorado en Derecho, Economía y Sociedad Plural, así como un Doctorado en Derecho (PhD) y una Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, es doctor en Jurisprudencia, abogado y licenciado en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador.
Escudero ha ocupado diversos cargos de liderazgo en instituciones académicas y gubernamentales. Fue vicerrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y la Universidad de Posgrado del Estado, entre 2019 y 2022. También se desempeñó como decano de la Escuela de Derechos y Justicia del IAEN. Además, ejerció como asesor de la Corte Constitucional (2009-2012) y fue coordinador de Investigaciones del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional (Cedec).
En el ámbito académico, es profesor invitado en diversas universidades del Ecuador, incluyendo la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad de las Américas (UDLA), la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la Universidad de Especializaciones Espíritu Santo, la Universidad San Gregorio y la Universidad del Azuay. Imparte cátedras sobre Derecho Constitucional, Argumentación Jurídica, Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Su producción académica incluye una variedad de publicaciones en revistas especializadas y libros colectivos. Entre sus temas de investigación destacan el derecho constitucional, la interpretación constitucional, la crisis bancaria, la impunidad y la verdad, el reconocimiento problemático del derecho a la verdad y la efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca).
Karla Andrade: especialista en derecho constitucional y derechos fundamentales
Karla Andrade es doctora (PhD) y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla (España), y abogada licenciada por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), según consta en la página web de la Corte Constitucional.
En el sector público, Andrade ha desempeñado diversos roles, destacándose como asesora en la Corte Constitucional y en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Su experiencia también abarca el ámbito privado, donde ha trabajado como asesora jurídica y consultora externa en derecho público y desarrollo normativo para estudios jurídicos de renombre en el país. Asimismo, ha sido litigante permanente en áreas como el Derecho Constitucional y el Derecho Ambiental.
A nivel regional, ha sido investigadora, coordinadora y asistente de proyectos relacionados con el acceso a la información y la justicia en instituciones de América Latina. Además, ocupó el cargo de secretaria arbitral en el Centro Internacional de Arbitraje y Mediación (CIAM).
Desde 2014, Karla Andrade se ha dedicado a la docencia universitaria, tanto en pregrado como en posgrado, impartiendo cátedras sobre Derecho Constitucional en universidades como la Andina Simón Bolívar, la Internacional SEK y la San Francisco de Quito (USFQ).
Su labor académica incluye varias publicaciones indexadas en temas de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales
Además, ha sido ponente y conferencista en diversos foros académicos nacionales e internacionales, enfocándose en temas de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
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