Democracia
La Contraloría informó que no hay vinculación de Lasso con paraísos fiscales
diciembre 9, 2021

La Contraloría archivó el proceso contra el Presidente sobre los Pandora Papers. Y se une a la decisión de la Asamblea, este 7 de diciembre.

La página de Facebook Mundo ACR publicó que la Contraloría decidió archivar una investigación contra el presidente, Guillermo Lasso, por el caso Pandora Papers. El post explica que esto se da después de no encontrar elementos que demuestren que la inscripción de su candidatura se realizó cuando era propietario de bienes offshore. La información es cierta. La Contraloría dictaminó el archivo del proceso como resultado de un “examen especial”.

Este martes 7 de diciembre la Asamblea Nacional se instaló para debatir un informe sobre el caso Pandora Papers. La historia del debate en el Pleno la realizó Ecuador Verifica. Su veredicto: archivar el informe que sugería conmoción social y una posible destitución del mandatario. El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, responsable del documento, José Cabascango, dijo que le causó asombro el anuncio de la Contraloría.

Mientras se discutía en la Asamblea los incumplimientos a la ley por parte del mandatario, la Contraloría notificó al Presidente, a través de su abogado, el dictamen de archivar el proceso que ligaba a Lasso con paraísos fiscales.

Según señala esta entidad, en el examen realizado no se encontraron elementos que demuestren que Lasso, a las fechas de inscripción de su candidatura, haya infringido las normas de la Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular.

Según señala el Dictamen N° 001-DNA1-2021, “se establece documentalmente que el señor Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, el 23 de septiembre de 2020 y el 24 de mayo del 2021, fechas de inscripción de la candidatura (..) no era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en las empresas (…) consideradas como paraísos fiscales”.

La Secretaría General de Comunicación reaccionó al anuncio. Y señaló que la Contraloría es la única autoridad competente para analizar y juzgar si un funcionario público cumplió o no con el compromiso de no tener bienes en paraísos fiscales”.

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