En la sesión del Pleno de este día se saltó de un punto a otro en el orden del día, sin llegar a tratar el pedido de la vicepresidenta, Verónica Abad, para que se fiscalice a las Ministras del Trabajo y de Relaciones Exteriores. La falta de consenso entre bancadas pesó.
POR: Hugo Constante
La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se quedó ‘huérfana’ de apoyo legislativo, a pesar del pedido que realizó a esta Función del Estado para que fiscalice las acciones tomadas en su contra por la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y por la canciller, Gabriela Sommerfeld.
A la segunda mandataria, el Ministerio de Trabajo le abrió un sumario administrativo por presunta falta grave, al no haber acatado a tiempo la disposición de la Cancillería de trasladarse de Israel a Turquía, lo que podría ser causal de destitución.
A raíz de este episodio, Abad denunció un presunto hostigamiento en su contra que respondería a la resistencia del presidente, Daniel Noboa, de dejarla como su reemplazo cuando le toque pedir licencia para participar en la campaña por la reelección presidencial. Por lo que Abad mandó un comunicado a la Asamblea en el que pide que se fiscalice a las dos ministras.
El presidente de la Legislatura, Henry Kronfle (PSC), puso el tema como cuarto punto del orden día de la sesión 963, que se desarrolló la mañana y tarde de hoy. Sin embargo, a las 13:30, aproximadamente, suspendió la sesión tras haber tratado el punto tres. A las 16:30 cuando se reinstaló el Pleno, el segundo vicepresidente, Eckenner Recalde (oficialismo), encargado de dirigir la sesión, se saltó al punto ocho, en el que se resolvió declarar al 27 de septiembre de cada año como el Día Nacional en Memoria de las Víctimas de Femicidio. Luego, regresó al punto seis, donde se conoció la renuncia de la asambleísta correísta Patricia Núñez a continuar integrando la Comisión Ocasional de la Economía Popular y Solidaria. Tratados esos puntos, Recalde suspendió la sesión, sin anunciar hasta cuándo y sin haber tratado el punto referente al pedido de Abad.
Se conoció, extraoficialmente, que el tratamiento del tema no lograba consenso entre las bancadas, ya que unos legisladores consideraban que la Asamblea no tiene potestad para intervenir en un conflicto que consideran es entre Noboa y Abad, mientras que otros legisladores estarían favor de que se llame a la dos ministras a comparecer a una de las comisiones.
Los criterios previos
La asambleísta correísta Gissela Garzón dijo que, más allá de defender a una persona, es necesario defender la paridad de género en las elecciones, ya que las mujeres tienen el derecho de formar parte del binomio presidencial. “Al afectarla a ella (Abad), están sentando un precedente nefasto para el vicepresidente o vicepresidenta que venga, ya que se vuelve un tema de género”, dijo Garzón. Agregó que el Gobierno, en el intento de separar a Abad del cargo, está manoseando el Código de Trabajo.
Para Otto Vera, del Partido Social Cristiano, el proceso de sucesión en la Presidencia de la República está claramente definido en la Constitución, y es a favor de la vicepresidenta, por lo que no hay otro camino a seguir. “Si el Gobierno está buscando alternativas para sacar o destituir a la vicepresidenta, es claro que el mecanismo que se quiere utilizar a través de los ministerios, no es el correcto”, dijo Vera.
Mientras que Lucía Posso (independiente), aseguró que la actuación del Ministerio de Trabajo y de la Cancillería demuestra desesperación del Gobierno para separar del cargo a Abad, con el objetivo de evitar que asuma en un momento dado la Presidencia de la República. Lamentó que en esta disputa se esté utilizando a las instituciones del Estado, ya que ha pasado por el Ejecutivo, por el sistema de Justicia, por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y ahora por la Asamblea, cuando es un problema interno de ADN. “Lamento que dos personas que fueron elegidas por el pueblo no hayan podido ponerse de acuerdo, mantener una conversación madura que evite que la Asamblea intente dirimir esos desacuerdos, que la Justicia intente dirimir, que luego vaya al TCE. No creo que nosotros estemos llamados a dirimir este tipo de dificultades”, dijo Posso.
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