La oposición legislativa y Guadalupe Llori se están estancado por la propuesta de crear una comisión multipartidista de evaluación. Los días siguen pasando y no hay visos de una posible solución.
El domingo se cumplirán dos meses de crisis legislativa, que se inició por la intención de la oposición de evaluar la gestión de Guadalupe Llori (PK), presidenta de la Asamblea, a través de una comisión multipartidista. Sin embargo, no se ha logrado consensuar una vía que le permita salir del enredo jurídico político en que se encuentra y que ha entorpecido las sesiones del Pleno.
Durante este lapso, la oposición —UNES, PSC y rebeldes de PK, principalmente— ha tratado de impulsar la integración de la comisión, por lo que ha recurrido a mociones de cambio del orden del día en sesiones en el Pleno y el Consejo de Administración Legislativa (CAL); así como a la apelación de la Presidencia de Llori y a denuncias administrativas en su contra.
Llori ha respondido con sesiones suspendidas, videos institucionales en los que acusa a la oposición de intentos de desestabilización. La Presidenta se sostiene gracias al apoyo de la bancada oficialista y de la tradicional de PK, y ha recurrido también a medidas judiciales para bloquear todo intento de integrar la comisión que la puede orillar a su remoción.
El último capítulo de esta ‘telenovela legislativa’ es la demanda de acción de protección que interpuso en contra de los cinco miembros del CAL que calificaron la denuncia del asambleísta Esteban Torres en su contra, por presunto incumplimiento de funciones.
El escrito está firmado por Santiago Salazar, procurador judicial de Llori y, a la vez, coordinador jurídico de la Asamblea. En el documento se asegura que se ha violentado el debido proceso y la seguridad jurídica, por lo que solicita a los jueces que suspendan todo los efectos de la resolución del CAL del 11 de abril, en la que se calificó la denuncia y se dispuso que se convoque a sesión del Pleno para integrar la comisión.
Sin embargo, la jueza a cargo del proceso, Raquel Herrera, dispuso que complete la demanda especificando si la interpone como Presidenta de la Asamblea o como asambleísta; y a Salazar si firma en representación de la Asamblea como cuerpo colegiado o como representante de Llori. Además, que señalen de manera clara y concreta los supuestos derechos vulnerados.
Varios legisladores han cuestionado a Salazar por actuar como abogado de Llori cuando se debe a la Asamblea en su conjunto. Sin embargo, el coordinador jurídico aseguró que no hay conflicto de intereses al representar tanto a Llori como a la Asamblea, ya que el reglamento de Ley de la Función Legislativa señala que la Coordinación Jurídica es parte de la Presidencia de la Asamblea.
¿Cómo salir de la crisis?
Nadie se pone de acuerdo. La asambleísta Johanna Moreira (ID) reconoce que están bloqueados, por lo que espera que la Justicia no otorgue la acción de protección, porque la considera una intromisión de funciones. Agregó que Llori debe darse cuenta de que ni el Pleno ni el CAL pueden funcionar si ella sigue al frente y si no lo hace, dice, presentarán otra denuncia en su contra, que podría llevar incluso a su destitución como asambleísta. “Sería la única forma de poder sanear en algo esta Asamblea”, dijo.
La bancada de Pachakutik se sumó a las críticas por la acción de protección presentada, pero considera que el camino para superar la crisis es el diálogo, por lo que esperan mantener una reunión con Llori. El jefe de esta bancada, Rafael Lucero, manifestó que la evaluación no debe centrarse únicamente en Llori, sino extenderse a todos los miembros del CAL. Según Lucero, la intención de sacar de la Presidencia a Llori proviene del bloque de UNES, para poder integrar una comisión de la verdad, que analizaría la situación de los correístas que han sido procesados y sentenciados por corrupción.
Intención que niega Marcela Holguín, jefa de la bancada correísta. Aseguró que no han dialogado con ninguna bancada con ese propósito y que la propuesta de integrar la comisión de la verdad la hicieron pública a través de los medios de comunicación al presidente de la República, Guillermo Lasso, desde que asumió el mandato. Para Holguín, lo mencionado por Lucero sólo busca distraer la atención de la gestión de la Presidenta de la Asamblea y evitar que se integre la comisión evaluadora. “Ahora pretende usar la Justicia para coartar el derecho y las atribuciones que tenemos como asambleístas”, dijo. Agregó que si la solución es la autoconvocatoria, insistirán en ese mecanismo.
En cambio Virgilio Saquicela (ex BAN), primer vicepresidente, considera que primero hay que esperar la decisión de la jueza sobre la acción de protección para luego ver qué alternativa pueden tomar.
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