Si se confirma la ley aprobada hoy, el Banco Central deberá pagar obligatoriamente los recursos a prefecturas, municipios y juntas parroquiales, máximo los primeros cinco días de cada mes; caso contrario, se podría destituir a su gerente. Se prevé veto. 

El Banco Central será el responsable de transferir, automáticamente, a cada gobierno seccional el monto que legalmente le corresponde, dentro de los cinco primeros días de cada mes. El retraso generará responsabilidad política y administrativa en la máxima autoridad del ente rector de las finanzas públicas por incumplimiento de funciones o, en su caso, de la máxima autoridad del Banco Central. En caso de incumplimiento probado de retraso en las transferencias de los recursos, el gerente general de la entidad será destituido.

Esto es parte del articulado del proyecto de ‘Ley para asegurar la asignación directa y oportuna de los ingresos a los gobiernos autónomos descentralizados’, aprobado hoy en segundo debate por el Pleno de la Asamblea, con 106 votos a favor y 14 abstenciones, principalmente del oficialismo. 

El debate se desarrolló con la presencia en el salón plenario de delegados de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), y del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), algunos de ellos exasambleístas. Las autoridades seccionales acudieron a apoyar el proyecto de Ley presentado en julio de 2021 por los legisladores Henry Kronfle (hoy presidente de la Asamblea) y Johny Terán.  

Las autoridades seccionales manifestaron que los atrasos en la transferencia de recursos por parte del Gobierno central son permanentes, al punto que hoy, según sus cifras, deben a las prefecturas 571 millones de dólares; 520 millones a las alcaldías y 19 millones a las juntas parroquiales, lo que afectaría a la ejecución de obras y al pago del personal. 

Patricio Maldonado, presidente de la AME y alcalde de Nabón (Azuay), aseguró que la situación ha tocado fondo y les ha obligado a buscar alternativas. “En estas curules hay varios exprefectos, exalcaldes que saben muy bien de lo que estamos hablando”, indicó.   

Paola Pabón, prefecta de Pichincha y presidenta del Congope, dijo que es una difícil realidad producto de, entre otras causas, la constante reducción y el retraso de los recursos asignados en el presupuesto general del Estado para el financiamiento de los servicios públicos que les corresponde garantizar.   

La reforma aprobada establece un plazo no mayor a 90 días para que el Gobierno central se ponga al día, una vez que se publique la Ley en el Registro Oficial. 

¿Veto a la vista?

Todos los asambleístas que intervinieron en el debate respaldaron la necesidad de contar con esta normativa. “Se trata de evitar eso que se viene heredando, que a ese incumplimientos de los pagos se le ponga un fin y ver de aquí para adelante”, dijo Kronfle. 

El asambleísta Vicente Taiano, coordinador de bancada del PSC, indicó que el peregrinaje de las autoridades seccionales en busca de cursos debe terminar, aunque la responsabilidad no recae en el actual Gobierno, sino que el problema se arrastra desde el pasado. 

Inclusive cuestionaron, durante el debate que, a aquellos que se abstengan en la votación, cómo podrían regresar a sus territorios cuando no apoyan a sus autoridades seccionales, o cómo podrán presentarse a futuras elecciones si no apoyan mecanismos para la generación de obras que necesitan sus electores.

Al mismo tiempo, dejaron en claro que, redactada así la normativa, esperan un veto del Ejecutivo, a quien le corresponde pronunciarse sobre este proyecto una vez que fue aprobado en la Asamblea. 

“Sería indolente e irresponsable vetarla”, indicó Taiano; “No vete esta Ley, no lo haga”, exclamó la asambleísta Andrea Rivadeneira (Construye); “Hoy aprobaremos esta ley con más de 70 votos, pero esta decisión hay que sostenerla con más de 92 votos cuando venga el veto presidencial”, dijo Sofía Sánchez (Gente Buena). Inclusive el presidente del Conagopare, Pabel Cantos, adelantó esa posibilidad: “Puede ser vetado parcialmente o puede ser vetado totalmente para que no sea tratado en un año”, dijo. 

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