Hasta el 26 de abril, la Comisión de Fiscalización analizará 159 pruebas documentales y 51 comparecencias, a las que se sumarán las de los cuatro proponentes, más la del Presidente de la República.
Con 159 pruebas documentales y 51 comparecencias se desarrollará la segunda fase de la sustanciación del juicio político al presidente, Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado, que se desarrolla en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
De las pruebas calificadas, 109 son de oficio (pedidas por los miembros de la Comisión), 13 de cargo (proponentes) y 37 de descargo (interpelado).
El plazo para presentar las pruebas venció ayer, a la medianoche. Desde hoy y hasta el 26 de abril corren los 10 días que tiene la Mesa legislativa para analizar la documentación y escuchar a las personas que serán llamadas a comparecer. Vencido ese plazo, hay hasta 10 días más para preparar el informe no vinculante recomendando o no el juicio político a Lasso, para que sea tratado por el Pleno de la Asamblea.
Las primeras cuatro comparecencias se cumplirán mañana en la tarde. Están convocados Luis Verdezoto, exsecretario nacional Anticorrupción; Hugo Aguiar, exgerente de Petroecuador; Anderson Boscán, periodista de La Posta; y Fabián Pozo, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República.
Otros convocados en el transcurso de estos 10 días son constitucionalistas como Ramiro García, Rafael Oyarte, Ismael Quintana, Emilio Suárez, Pablo Santillán. Entre los funcionarios y exfuncionarios están: Fernando Santos Alvite, Ministro de Energía; Xavier Vera y Juan Carlos Bermeo, exministros de Energía; Iván Correa, exsecretario de Administración Pública; Oswaldo Rosero, Jhonny Estupiñán y Omar Panchí, exgerentes de Flopec. También consta Hernán Luque, expresidente del directorio de EMCO, a quien se le relaciona con una presunta red de corrupción.
También constan en la lista la fiscal general del Estado, Diana Salazar (cuya comparecencia será reservada); Carlos Riofríos, contralor del Estado; y Juan Carlos Larrea, procurador. Además de varios asambleístas.
A estas 51 comparecencias se suman los cuatro legisladores proponentes del juicio político: Mireya Pazmiño, separada de la bancada de Pachakutik; Viviana Veloz, del correísmo; Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano; y Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática. Ellos están convocados a dar sus argumentos el 25 de abril, según el calendario que maneja la Comisión. Un día después está citado Lasso, para que ejerza su derecho a la defensa, quien en esta fase puede acudir personalmente o a través de su abogado Édgar Neira Orellana.
Los criterios
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, manifestó que hay comparecencias solicitadas tanto por los proponentes, como por Lasso. Sin embargo, criticó que los proponentes no hayan señalado expresamente el motivo por el que requieren la presencia de determinada persona. “Al parecer, los proponentes intentan armar un conflicto. Pedí a todos los legisladores y al Presidente que remitan los motivos por los que convocamos a un compareciente. Por ejemplo, a la Fiscal del Estado, cuál es la razón y el motivo de su comparecencia. De lo contrario, ella llegará a la Asamblea y si le preguntan un tema para el que no vino preparada va a decir ‘no puedo responder’. Sin embargo, los proponentes enviaron un oficio diciendo que se resisten y se niegan a remitir los motivos, no así el Presidente de la República”, dijo Villavicencio. Por esta razón, agregó, se les está convocando a los comparecientes solicitados por los proponentes para que se refieran exclusivamente a las pruebas de cargo en el presunto delito de peculado en los contratos de Amazonas Tankers con Flopec.
Por su parte, el asambleísta Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista, manifestó que en la Comisión los legisladores pueden exponer los argumentos que consideren necesarios, ya que es parte de su libertad de expresión. “Lo que no se puede es que en el informe final se incluya algún elemento que no esté establecido en el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional”, manifestó.
Mientras que Gissela Garzón, de la bancada correísta, criticó a Villavicencio por comportarse, dijo, como abogado de Lasso, por lo que pidió transparencia en el proceso de sustanciación del juicio político y que se cumplan los tiempos contemplados en la Ley de la Función Legislativa ya que se “trata de una posible sucesión presidencial en medio de una crisis que sigue sin estar atendida”.
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