Tras declararse no culpable en una corte federal de Manhattan, Nicolás Maduro enfrenta una fase decisiva del proceso judicial en EE. UU., con disputas sobre pruebas, calendario y la legalidad de su captura.
Tras su primera comparecencia en una corte federal de Manhattan y su declaración de “no culpable”, el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrentará en las próximas semanas una fase decisiva del caso: la de definir elcalendario del proceso, el intercambio de evidencia y una “ronda de mociones previas” al juicio que podrían establecer qué pruebas verá un jurado y cuándo, en un proceso por narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas.
Para esa ronda de mociones la defensa de Maduro ha anticipado que buscará impugnar la jurisdicción y sostener que Maduro goza de inmunidad como jefe de Estado, argumento que choca con la posición del gobierno estadounidense, que de hecho desde el principio no lo reconoció como presidente legítimo de Venezuela.
En la primera audiencia de hoy, Maduro se declaró no culpable y calificó su captura como un secuestro, mientras su defensa anunció que buscará litigar la legalidad de cómo fue llevado a Estados Unidos.
La próxima audiencia quedó fijada para el 17 de marzo. Este tipo de audiencias, suelen servir para que el tribunal revise el estado de la causa, los pasos de la fiscalía y la defensa, y los plazos para litigios previos al juicio en un caso complejo, según reportaron agencias internacionales de prensa que cubrieron en directo la comparecencia de Maduro.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, también acusada, permanecen detenidos. Ambos estaban bajo custodia en Brooklyn tras ser capturados por fuerzas estadounidenses durante una operación en Caracas el fin de semana, un punto que la defensa ha dicho que impugnará.
Según la acusación, Maduro enfrenta cargos que incluyen narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. Los fiscales lo señalan como dirigente de una red de tráfico de cocaína que habría operado durante años y habría colaborado con organizaciones criminales violentas.
William Murillo, integrante de un bufete de abogados en Estados Unidos, dijo que el proceso judicial abierto en Estados Unidos contra Nicolás Maduro apenas comienza y podría extenderse durante años, debido a la complejidad legal del caso y a los cuestionamientos sobre la forma en que el acusado fue llevado ante la justicia estadounidense.
Murillo señaló que, en el sistema judicial estadounidense, un juicio es la fase final de un proceso extenso que incluye múltiples mociones previas, audiencias preliminares y disputas sobre la legalidad y admisibilidad de las pruebas. Así, la audiencia inicial celebrada recientemente sería solo la primera de muchas etapas antes de que el caso llegue, si es que llega, a un juicio con jurado.
Entre las acciones procesales que podrían presentarse, Murillo mencionó mociones para excluir evidencia, presentación de pruebas de descargo, declaraciones juradas de terceros (affidavits) y deposiciones, en las que tanto la defensa como la fiscalía podrían citar a testigos, incluidos funcionarios involucrados en la detención del acusado.
En estas etapas, agregó, también podría requerirse que el propio Maduro rinda su versión de los hechos. Uno de los puntos centrales de la defensa, según Murillo, sería impugnar la legalidad de las pruebas si estas fueron obtenidas de manera ilícita.
“En el derecho estadounidense no se puede cometer un delito para hacer justicia”, afirmó, al explicar que cualquier evidencia obtenida mediante violaciones al debido proceso puede ser excluida del expediente.
Murillo puso énfasis en la controversia jurídica que, en su opinión, rodea la forma en que Maduro fue llevado a Estados Unidos. A diferencia de otros casos de narcotráfico de alto perfil, como el de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que fueron resultado de procesos de extradición o capturas con cooperación internacional, Murillo sostuvo que en este caso la defensa podría alegar un secuestro, lo que abriría un debate sobre soberanía, derecho internacional y jurisdicción.
Según Murillo, la defensa podría exigir a la fiscalía que identifique de manera explícita la base legal, en leyes locales, estatales o federales, que autorizaría a agentes estadounidenses a capturar a una persona en otro país y trasladarla a Estados Unidos para enfrentar cargos. “Si no existe un fundamento jurídico claro, ese vacío será explotado por la defensa”, advirtió.
El abogado consideró que el caso pondrá a prueba a la estructura judicial estadounidense. Aunque anticipó que las cortes intentarán evitar que el proceso colapse para no afectar la imagen del sistema de justicia, sostuvo que los cuestionamientos planteados tendrían dificultades para sostenerse en tribunales internacionales.
Murillo añadió que los recursos económicos y el peso político que aún conserva el entorno de Maduro podrían traducirse en una estrategia legal prolongada y agresiva. “Esto recién empieza”, dijo, al subrayar que, incluso antes de un eventual juicio, el proceso estará marcado por intensas batallas legales en torno a la admisibilidad de pruebas y la legalidad de la detención.
