Los pacientes denunciaban la suspensión de tratamientos por una deuda estatal de 290 millones con clínicas privadas; además de desabastecimiento de insumos y posibles represalias a centros que exigen pagos. El juez consideró que los demandantes no aportaron evidencias suficientes.
POR: Juan Camilo Escobar
El juez Gustavo Gallegos rechazó al mediodía de hoy la acción de protección presentada por el Frente de Pacientes Renales, por vulneración de derechos e incumplimiento de pagos a clínicas dializadoras privadas. Esta demanda incluía una denuncia por la suspensión de tratamientos de diálisis para aproximadamente 10.000 personas, atribuida a una deuda estatal de 290 millones de dólares con casas de salud que prestan ese servicio.
La decisión se adoptó tras una audiencia pública a la que comparecieron la representante del Frente, Gabriela Álvaro; el abogado del colectivo, Alejandro Carrión; y los procuradores judiciales del Ministerio de Salud, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de la Procuraduría General.
El magistrado declaró la demanda improcedente, al considerar que los demandantes no presentaron elementos suficientes para demostrar una vulneración actual o inminente de derechos constitucionales, en particular el derecho a la salud.
En su resolución oral, Gallegos acogió los argumentos de los representantes del Estado, quienes aseguraron que existen “numerosos actos normativos y administrativos” que evidencian la prestación continua del servicio, incluyendo convenios suscritos con clínicas privadas.
Así, durante la diligencia, la defensa de las tres entidades abundó en detalles sobre una gran cantidad de artículos de la Constitución, varias leyes, acuerdos ministeriales vigentes que regulan la atención médica a pacientes con diálisis, reglamentos sobre los procedimientos que se siguen para atenderlos y, finalmente, convenios específicos con dos clínicas dializadoras que, según indicaron, atienden a 95 de los pacientes que constan como firmantes de la acción constitucional.
Señalaron, además, que para conocer la situación del resto de pacientes a escala nacional, el juez debería solicitar información mediante requerimiento judicial formal.
Gallegos enfatizó que, como juez constitucional, no le corresponde valorar la suficiencia económica o legal de los mencionados actos y convenios presentados como prueba de atención médica. Agregó que las clínicas dializadoras deberían presentar ante el Estado una “gestión de cobro” de los pagos que se les adeudan.
Tras conocer la resolución, Álvaro y Carrión lamentaron que los representantes de las tres instituciones públicas no hicieran referencia alguna a la deuda estatal —de 290 millones de dólares, 220 millones por parte del Ministerio y 70 millones por parte del IESS— con los prestadores privados, la cual —según el Frente— ha provocado una reducción e incluso interrupciones en el tratamiento de diálisis en diversos centros. Incluso algunos de esos centros han cerrado, dijeron.
También criticaron que los representantes del Ministerio de Salud, el IESS y la Procuraduría no se refirieron a la denuncia sobre la entrega limitada de medicamentos e insumos médicos.
De hecho, cuestionaron el hecho de que estos representantes no sólo no prestaran atención, sino que incluso sonrieran y se tomaran fotos mientras se proyectaban en una pantalla del juzgado varios videos de noticias y reportajes con testimonios dramáticos de pacientes afectados por la suspensión de sus tratamientos en clínicas a las que el Estado no paga por estos servicios, o por las consecuencias de no acceder a medicinas que se les dejó de entregar y que ellos no pudieron comprar por sus propios medios.
Tras la presentación de estos videos, los representantes de las tres instituciones señalaron que se debería hacer comparecer a “todos los pacientes afectados”, frente a lo cual Álvaro y Carrión respondieron que eso es prácticamente imposible por dos razones: la primera, porque por su condición de salud no pueden movilizarse con facilidad desde provincias; y la segunda, más grave aún, por las retaliaciones que reciben las clínicas dializadoras, incluso con suspensiones de los convenios, cuando se hacen públicas quejas por falta de pagos.
En cualquier caso, la resolución se tomó luego de tres horas y treinta minutos de audiencia, que se desarrolló en el tercer piso del Complejo Judicial Norte de Quito.
Previo a que se instalara esta diligencia, en los exteriores de la entidad, varios pacientes realizaron un plantón pacífico en el que denunciaron que las constantes deudas del Estado con las clínicas dializadoras, así como la falta de acceso oportuno a tratamientos, medicinas e insumos, han ocasionado en años recientes la muerte de aproximadamente 1.000 pacientes.
Señalaron que, si bien el Gobierno desembolsó en 2024 unos 25 millones de dólares, esa cifra representa menos de tres meses de operación de las clínicas, y que el sistema requiere al menos 14 millones de dólares mensuales para garantizar una atención oportuna a los pacientes renales.
En este plantón, algunos pacientes mostraban pancartas para exigir una respuesta urgente por parte del Estado. En una de estas pancartas, con letras grandes y la leyenda “Los pacientes renales en peligro de muerte”, se mostraba la fotografía de un paciente conectado a una máquina dializadora desde una camilla.
Uno de los pacientes, indignado, dijo que el año pasado cerró una de las clínicas donde recibían atención unos 250 pacientes: “Cerró la clínica porque ellos salieron a reclamar los pagos. Lamentablemente, el Gobierno sancionó a esa clínica y la hizo cerrar por reclamar. Por seguridad, no podemos dar nombres”.
“La cerraron por alzar su voz de protesta, por exigir sus debidos pagos. Y muchas clínicas van a seguir cerrando sus puertas porque no hay un pago”, lamentó este paciente, luego de señalar que quienes recibían atención fueron reubicados en numerosas clínicas en lugares lejanos a sus domicilios. En su caso, aseveró, esto representa desplazamientos de más de una hora, por lo cual ha perdido el trabajo y ya no tiene recursos para comprar medicinas e insumos para continuar sus tratamientos.
Defensoría del Pueblo: la deuda compromete la atención médica
Durante la audiencia, un representante de la Defensoría del Pueblo intervino en calidad de amicus curiae (amigo de la corte) y advirtió que las deudas acumuladas del Estado con los prestadores de servicios médicos, especialmente aquellos que atienden a personas con insuficiencia renal, están comprometiendo gravemente el acceso al tratamiento de diálisis en el país.
El funcionario presentó información recopilada en reuniones de trabajo con autoridades del Ministerio y del IESS sobre esta problemática.
Según datos proporcionados por el Ministerio, en 2024 se han pagado 77 millones de dólares por servicios de salud, mientras que aún están pendientes 159 millones ya auditados, a la espera de desembolsos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. En 2023, los pagos ascendieron a 111 millones, una cifra superior a la de este año, debido a una asignación extraordinaria dispuesta por la Corte Constitucional.
El informe de la Defensoría también revela que, aunque el Ministerio afirma remitir mensualmente oficios al Ministerio de Finanzas solicitando la gestión de pagos —los cuales dependen del flujo de caja fiscal—, actualmente no existe un plan de pagos definido. La institución trabaja en la reformulación de la política pública, con el objetivo de reducir el número de pacientes que ingresan a tratamiento dialítico, estimado entre 3.000 y 4.000 nuevos casos por año. “Este plan aún está en elaboración”, indica la investigación de la Defensoría.
En cuanto a los fallecimientos por enfermedades renales, el Ministerio informó a la Defensoría que no todos obedecen a la falta de servicios, sino también a las condiciones particulares de cada paciente. En el sistema hospitalario público existen actualmente 20 unidades que prestan hemodiálisis y cinco que ofrecen diálisis peritoneal.
Respecto a la situación del IESS, la Defensoría advierte que enfrenta dificultades similares, derivadas de la normativa vigente sobre contratación pública, que clasifica medicamentos e insumos médicos dentro del mismo régimen que bienes ordinarios, como mobiliario de oficina. Esta situación ha generado observaciones por parte de la Contraloría e impedido la agilización de los procesos de adquisición, según explicó la institución.
De acuerdo con los datos recabados por la Defensoría, el IESS adeuda entre 10 y 11 meses de pagos a centros privados de diálisis, aunque en 2024 ha realizado abonos parciales y distribuidos de forma equitativa. Estas clínicas también ofrecen servicios vinculados con enfermedades catastróficas y análisis clínicos de diversos niveles.
En total, este año se han pagado 113 millones de dólares a las empresas dializadoras, lo que representa un incremento del 7,6% respecto a 2023 y del 49% en comparación con 2022. Pese a los esfuerzos por establecer un plan progresivo de pagos, el IESS enfrenta un déficit estructural. Para 2024, el presupuesto general del Estado asignó 169 millones de dólares para atención médica, mientras que el IESS estima un gasto de 500 millones.
Además, apenas el 5% del presupuesto institucional se destina al sector salud, según señala la Defensoría.
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