Varias instituciones unirán esfuerzos para impulsar reformas que permitan combatir la inseguridad que vive el país. Esto, como parte de los diálogos entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En la Asamblea se cumplió la reunión previa para instalar la segunda mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo; esta vez para debatir sobre la seguridad, un tema que, según coincidieron los asistentes, es crítica en el país. El propósito es identificar las reformas que se necesitan en varias normativas con el objetivo de adecuar las leyes a la nueva realidad marcada por la violencia, constatar cómo se da el funcionamiento de las instituciones, la operatividad del sistema de justicia y evitar el abuso del hábeas corpus, entre otras.
En la primera mesa se abordó el tema de inversiones, donde se lograron consensos mínimos para entregar un anteproyecto al Ejecutivo para que lo revise, lo devuelva a la Asamblea para su tratamiento y evitar así que la normativa se quede estancada. Un proceso similar esperan representantes de la Asamblea, del Ejecutivo y de otras instituciones: que las reformas fluyan.
Para presentar esta segunda mesa asistieron el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente); el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; el Defensor Público, Ángel Torres Machuca; los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, jefes de bancada; el presidente de la Comisión de Seguridad Integral, Ramiro Narváez. Sin embargo, no estuvieron delegados de la Presidencia de la República, a pesar de estar convocado su secretario jurídico Fabián Pozo. Mientras que la Policía, Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Fiscalía y Defensoría del Pueblo mandaron delegados, lo que fue cuestionado por varios legisladores.
Los criterios
La representante de la Fiscalía informó que Diana Salazar se encontraba en una audiencia indelegable (caso Las Torres), mientras que el ministro del Interior, Juan Zapata, envió un comunicado en el que informó que no asistió ya que se encontraba atendiendo los motines que estos tres días se dieron en cárceles de Latacunga y Guayaquil.
El jefe de bancada de Pachakutik, Salvador Quishpe, reprochó la inasistencia de ministros de Estado relacionados con la seguridad y dijo se debe contar con autoridades con poder de decisión sobre un tema como es la inseguridad que “nos tiene sicoseados a los 18 millones de ecuatorianos”.
Para Narváez, este tipo de reuniones y el trabajo que se realice en esta mesa es fundamental para articular acciones entre las instituciones, por lo que es necesario que el Gobierno participe de manera activa en su calidad de colegislador y unificar criterios e información sobre determinados temas. “Cuando le preguntamos a la Policía sobre un tema específico nos da un criterio; cuando le consultamos al Ministerio de Gobierno, nos da otro criterio; y cuando le consultamos al Ministro del Interior, nos da otro criterio y los tres pertenecen al Ejecutivo. Y no se diga cuando le consultamos al Secretario Jurídico de la Presidencia, nos da otro criterio totalmente diferente, por lo que es fundamental formar un equipo multidisciplinario”, manifestó.
Para el Presidente de la Asamblea, la seguridad es un tema de Estado que requiere un trabajo interinstitucional. “El diálogo es el único camino para resolver los problemas del Ecuador. Se ha convocado a esta mesa sumamente importante en momento complicados para el país, complicados por la inseguridad”, dijo Virgilio Saquicela.
El jefe de bancada del oficialismo, Juan Fernando Flores, habló en nombre del Gobierno y dijo que tienen toda la voluntad para construir juntos a través de esta mesas las políticas que les permita enfrentar un problema tan delicado como es la inseguridad y las consecuencias que tiene en los ciudadanos porque es un mal que afecta a todos por igual.
Las propuestas
La primera reunión de los equipos técnicos se cumplirá la próxima semana, en una fecha aún por definir. Sin embargo, ya se adelantan varios aspectos que deberían ser revisados. El Presidente de la Corte Nacional de Justicia manifestó que apoyarán todo el proceso, pero que es importante aclarar que la Asamblea hace las leyes y los jueces aplican esas normativas, por lo que sería un gran error que exista una separación entre la Legislatura y los jueces. Anticipó que están preparando un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero desde la experiencia de los jueces del país que en el ejercicio diario pueden determinar vacíos y contradicciones en la aplicación de las leyes.
El jefe de la bancada socialcristiana, Esteban Torres, considera que es necesario revisar la inimputabilidad de los menores de edad, “actualmente reclutados por ciertas bancadas para actuar como sicarios”. En lo administrativo dijo que es necesario impulsar una reforma para permitir que la Policía y las Fuerzas Armadas cuenten con mayores herramientas para una necesaria autodepuración, abordar el tema carcelario pero sobre todo debatir el alcance del porte y tenencia de armas cuyas regulaciones a nivel interministerial han conculcado ese derecho.
Narváez dijo que el tema no puede reducirse al porte y tenencia de armas ya que el tema de la inseguridad va más allá y no se reduce a una sola ley. Agregó que se requiere de la elaboración de una política criminal e informó que su Comisión trabaja en 23 proyectos de Ley relacionados a la seguridad, por lo que es importante la presencia de las instituciones relacionadas con el Ejecutivo.
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