Autoridades de Finanzas indicaron que los recursos adicionales por el incremento del IVA no constan aún en el presupuesto del Estado, por lo que no definen cómo será la asignación para seguridad.  

Con la comparecencia de funcionarios del Ministerio de Finanzas y del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea inició el tratamiento de la proforma del presupuesto general del Estado para el 2024, remitida por el Ejecutivo, por un valor de 35.536 millones de dólares. 

Daniel Falconí, viceministro de Finanzas, aclaró que la elaboración del presupuesto se dio en una escenario atípico. “La muerte cruzada cambió muchísimo el calendario fiscal. Nosotros, como Ejecutivo, enviamos la proforma el 20 de febrero, justo al cumplirse los 90 días de inicio de gestión del presidente, Daniel Noboa”, dijo el funcionario. Agregó que el Gobierno viene trabajando con presupuesto prorrogado del 2023, enfocado en mantener la gestión en estos primeros meses del 2024, hasta que se apruebe la nueva proforma, con metas específicas del actual régimen. 

Una de las inquietudes centrales de los legisladores fue la de conocer cómo se distribuirán los recursos adicionales que generará el incremento en los próximos días del IVA al 13 y 15%, según anticipó el Gobierno. Patricio Cisneros, asambleísta independiente, manifestó que era importante establecer cuántos de esos recursos iban a ser destinados al combate al terrorismo interno o cómo se verían fortaledidas las entidades de seguridad.  “La Ley preveía que iba a servir para mantener los costos de la seguridad. ¿Qué rubros va a cubrir?”, dijo el legislador.  

Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio, aclaró que el presupuesto se elabora con base en los recursos e impuestos que generan las leyes que ya están vigentes. “Lo que todavía está en trámite o en proceso no ha sido considerado”, explicó Nuñez. 

Por su parte, Falconí agregó que hay que esperar que la Ley para el enfrentar el conflicto armado se publique en el Registro Oficial para incorporar al presupuesto los nuevos ingresos, pero que se debe tomar en cuenta que la Ley no sólo contempla el incremento del IVA, sino que, al mismo tiempo, se prevé una reducción en la recaudación de ese impuesto, ya que se baja al 5% para los materiales de construcción, además de contemplar otro tipo de contribuciones. Los funcionarios indicaron que, en su momento, se deberá hacer un análisis de las nuevas recaudaciones y las necesidades de las Fuerzas Armadas, la Policía y el SNAI vayan justificando en el área de seguridad, por lo que este presupuesto que está en análisis será sujeto de una revisión permanente, pero cumpliendo los objetivos de la Ley.

Las cifras del SRI

María Caridad Carrión, del SRI, indicó que, de acuerdo con las estimaciones de ese organismo, la Ley para enfrentar el conflicto interno generará en el presente año fiscal 1.319,7 millones de dólares adicionales, de los que 744,9 corresponderán al incremento del IVA; 191,1 millones por el incremento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), 234 millones de la contribución temporal por parte de las empresas; y, 149,8 millones de la contribución temporal de bancos y cooperativas.

La asambleísta Nathaly Farinango (ADN), presidenta de la Comisión, garantizó que esos recursos adicionales que genere el incremento irán destinados para los objetivos que se plantean en la Ley, que son seguridad y fortalecimiento del sector social, especialmente salud y educación. 

Según las autoridades de Finanzas, el total de gastos de personal permanente (sueldos) asciende a 9.823,9 millones de dólares. Añadieron que 9,3 de cada 10 dólares de gastos en sueldos se concentran en cinco sectores, entre ellos educación, salud, seguridad.

El monto de la proforma contempla un crecimiento real del PIB del 0,8%; una inflación promedio de 2,1%; un precio promedio del barril de exportación de crudo a 66,7 dólares, entre otras cifras.

El tratamiento 

La Comisión de Régimen tiene 10 días de plazo para presentar un informe a consideración del Pleno de la Asamblea, para que en un sólo debate y con la mayoría absoluta de sus miembros (70 votos) lo apruebe u observe. Sin embargo, no puede realizar cambios. 

Las observaciones de la Asamblea serán sólo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma. En caso de observación el Ejecutivo, en el plazo de 10 días, podrá aceptar dicha observación y enviar una nueva propuesta o ratificarse en su propuesta original. 

La Asamblea, en los 10 días siguientes, podrá ratificar sus observaciones, en un solo debate, con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes (92 votos). De lo contrario, entrarán en vigencia la programación o proforma enviadas en segunda instancia por la Función Ejecutiva.

La asambleísta Mercedes Erbs, de Gente Buena, indicó que, aunque el informe de la Comisión no sea vinculante, es importante conocer con qué recursos cuenta el Gobierno y en qué los va a invertir. “Es importante que los ministros nos digan a dónde van esos recursos”, aseguró Erbs. 

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