El juicio contra 13 acusados inició en la Corte Nacional de Justicia. La Fiscalía aseguró que, además de delincuencia organizada, en este caso se cometieron delitos como peculado, cohecho agravado y prevaricato.
POR: Hugo Constante
El juicio por el caso ‘Purga’ arrancó en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) con los alegatos de apertura de los sujetos procesales. La investigación de la Fiscalía determinó que en Guayas se armó toda una estructura delincuencial desde la esfera política para tomarse la Justicia en esa provincia, por lo que 13 personas son juzgadas por presunta delincuencia organizada.
Entre ellos el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez de esa provincia Johann Marfetán. Todos ellos en calidad de autores directos como líderes de la organización delictiva.
El tribunal que los juzgará está compuesto por los jueces nacionales Daniella Camacho (ponente), Felipe Córdova y Marco Aguire. Por parte de la Fiscalía actúa el fiscal subrogante, Wilson Toainga. Como acusadores particulares constan también la Procuraduría General del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Banco del Pacífico.
La parte acusadora
Toainga aseguró en su alegato de apertura que el caso ‘Purga’ es la evidencia de la contaminación del sistema de Justicia en Guayas y que probará que los 13 procesados son parte de una estructura criminal que se conformó a partir de la elección de Muentes como asambleísta, entre el 2022 y el 2023.
El fiscal aseguró que con la designación de Muentes se inició la operación para infiltrar, manipular y controlar la Justicia de esa provincia obtener fallos favorables, recursos económicos y alcanzar impunidad; incluso para favorecer a Alfonso Macías, alias ‘Fito’, cabecilla de la organización criminal Los Choneros. Según la Fiscalía, Muentes operó a través de Marfetán y de Gallardo y, además de delincuencia organizada, se habrían cometido otros delitos, como peculado, cohecho agravado y prevaricato. Toainga dijo que el centro de operaciones era la casa de Muentes, ubicada en la exclusiva urbanización Mocolí Golf Club. En su mansión habría mantenido reuniones con algunos de los integrantes de la banda, y fue ahí donde habría contratado a la exrelacionista pública Mayra Salazar, sentenciada en el caso ‘Metástasis’, por 2.500 dólares mensuales, que los pagaba en efectivo, para que apoyara e Gallardo en su ascenso en la Corte de Guayas.
Por su parte, Mathius Amed Fraga, abogado de la Judicatura, institución que actúa como acusadora particular, lamentó que algunos de sus exfuncionarios se hayan inmiscuido en procesos de corrupción y delincuencia organizada, no sólo en este sino en otros casos, manchando “la misión y visión de la Judicatura”. Una de las procesadas en este caso es Mercedes Villarreal Vera, exdirectora de la Judicatura en Guayas, quien está prófuga, por lo que su juicio está en suspenso.
Los acusados
Diego Chimbo, abogado de Muentes, aseguró que en el transcurso de la audiencia probará que el caso ‘Purga’ es una mentira. Y argumentó que la Fiscalía se basa en el testimonio Salazar. “Y Mayra Salazar miente”, manifestó el abogado. Agregó que probará que la exrelacionista pública, a la fecha del cometimiento de los presuntos delitos, no conocía ni a Muentes ni a Marfetán. “La casa de Muentes no era lugar de reuniones ni de acuerdos”, aseguró Chimbo.
Y añadió que está en capacidad de probar que Ricardo y Esteban Noboa, abogados del Banco Pacífico, se sentaron a negociar 500.000 con el abogado de Salazar. Y que probará que ninguno de los 13 enjuiciados gestionó algo a favor de alias ‘Fito’.
Mientras que Héctor Vanegas, abogado de Gallardo, calificó al proceso como un montaje instaurado por una “sentenciada confesa, como lo es Mayra Salazar, quien, agregó tiene una discapacidad psicosocial del 55%.
Para el abogado, no se ha respetado la presunción de inocencia de su defendida; para él ha sido juzgada por la sociedad y por los medios de comunicación. Dijo que no existen elementos para probar la existencia del delito y cuestionó que el juicio en el caso ‘Purga’ se haya iniciado en tiempo electoral.
Sin embargo, el exjuez Alberto Lino, también procesado, identificó a Muentes como líder de la banda delictiva y confirmó que sí mantenía reuniones en su casa, con lo que respaldó lo manifestado por Toainga.
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