En el caso de los 4 menores desaparecidos y asesinados en Guayaquil la Comisión de la Niñez de la Asamblea concluye que el Ministro de Defensa no garantizó el respeto a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.
POR: Hugo Constante
La Asamblea dejó pendiente el tratamiento del informe no vinculante sobre el proceso de fiscalización realizado por la Comisión de la Niñez al caso de la desaparición forzada y posterior asesinato de cuatro menores de edad en Guayaquil, ocurrido a finales de 2024.
El 8 de diciembre de ese año se produjo la aprehensión de Ismael y Josué Arroyo de 15 y 14 años, respectivamente; de Saúl Arboleda, de 15 años; y de Steven Medina de 11 años de edad, por parte de una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Pocos días después, los restos de los menores fueron hallados incinerados en una zona pantanosa de Taura. El caso causó conmoción nacional y, aparte de las investigaciones judiciales, la Asamblea inició su propia fiscalización.
La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz (correísmo), manifestó que el Estado tiene la responsabilidad en esta desaparición forzada. “En Ecuador nadie puede guardar un silencio cómodo mientras las familias de estos cuatro menores no obtengan justicia, mientras los culpables aún no estén sentenciados”, dijo Veloz. Agregó que el crimen no puede quedar en la impunidad.
El informe recomienda el juicio político al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo. El asambleísta Arturo Ugsha (Unidad Popular), integrante de la Comisión, argumentó que el Gobierno es responsable de la desaparición de los menores. “Los ministros que no son capaces de resolver estos problemas, no deberían esperar juicios políticos, deberían presentar la renuncia”, manifestó el legislador. Agregó que en el conflicto no sólo hubo violación de deerchos humanos, sino que se “criminalizó” a los menores, al establecer una narrativa de que formaban parte de pandillas o que estaban delinquiendo al momento de su aprehensión, lo que no ha sido comprobado, dijo el legislador, hasta el momento. “Si presumen que cometieron un acto ilícito debían entregarlos a la Policía para que los llevaran ante la jueces que son los que pueden juzgar”, dijo Ugsha.
Por su parte, el legislador de Sociedad Patriótica Lucio Gutiérrez, militar en servicio pasivo, durante el debate para la elaboración del informe manifestó su solidaridad con la familia de los menores, pero añadió que “estamos ante una falla del sistema”, ya que los militares están preparados para la guerra, no para cumplir misiones de Policía.
Se espera que el debate en el Pleno del informe no vinculante se cumpla en los próximos días. Estas son las conclusiones y recomendaciones que establece el documento.
Conclusiones:
- El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no garantizó el respeto a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Además, interfiere en el sistema de justicia al amenazar a la jueza Tanya Loor, que declaró la desaparición forzada de los cuatro menores de edad, “lo que se traduce en un hecho de autoritarismo que pretende sobreponerse a una decisión de la justicia”, según el informe.
- Según la Comisión, el caso de los cuatro menores no corresponde a uno aislado, sino que existen reiteradas violaciones a los derechos humanos producto de la inobservancia de las normas constitucionales y legales, así como de los instrumentos internacionales, tales como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes, en los cuales se encontrarían involucrados efectivos militares.
- Hay una falta de desarrollo e implementación de un Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, lo que genera ausencia de política pública estatal especializada que sea evaluable y medible.
- Existe un profundo desconocimiento normativo y de derechos de niños y adolescentes; así como un desconocimiento de protocolos de actuación frente a posibles vulneraciones y efectivas violaciones de derechos de este grupo de atención prioritaria.
- En el marco de la Ley de Actuaciones de Personas Desaparecidas y Extraviadas, se observa la ausencia de políticas públicas en la materia, que faciliten la coordinación interinstitucional por parte de quienes conforman el órgano de Gobierno y el ejecutor del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Extraviadas y Respuesta a las Víctimas Indirectas, situación que se traduce a una doble vulneración de derechos de las víctimas directas e indirectas inmersas en estos casos.
Recomendaciones
- El juicio político al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
- Que el Ministerio de Defensa garantice el respeto a los derechos humanos, en especial de los grupos vulnerables, en los que se encuentran los niños y adolescentes, en todos los operativos y acciones que realice.
- Que se fortalezca las capacidades de los militares en sus diferentes ramas, en materia de derechos humanos incluido el interés superior del niño, prevención de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros tratos crueles, degradantes e inhumanos, así como brinden capacitaciones y formación continua en normas y procedimientos de protección a la niñez y adolescencia.
- Exhortar a la Fiscalía, quien preside el Comité Directivo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que convoque a reuniones periódicas del referido órgano, en aras de formular y articular las políticas públicas dirigidas a la prevención, investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas o extraviadas.
Hasta el cierre de esta nota, ni el ministro Loffredo ni el Ministerio se han pronunciado al respecto, ni en redes sociales ni en otros espacios.
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