Sin embargo, se prevé que el documento no tenga los votos para ser aprobado, ante lo cual se evidencian vacíos legales de cómo deberá proceder el Pleno en ese caso. Aparentemente, podría pasar al Pleno como un ‘informe no aprobado’.
El informe borrador sobre el juicio político al presidente, Guillermo Lasso, está listo para ser tratado mañana en la Comisión de Fiscalización, en sesión convocada a partir de las 10:00.
El informe señala que, analizadas las pruebas y comparecencias de cargo y descargo, Lasso no incurrió en el presunto delito de peculado, motivo de la solicitud de interpelación, por lo que no se recomienda el juicio político al primer mandatario.
El argumento principal de los proponentes del juicio político es un presunto perjuicio económico para el Estado por la celebración de contratos entre Flopec y Amazonas Tankers para el transporte de petróleo.
Sin embargo, la Comisión concluye que esos contratos fueron suscritos el 7 de diciembre del 2018 y el 10 de marzo del 2020, durante un periodo presidencial distinto al de Lasso.
Además, que ha quedado comprobado que ningún contrato fue suscrito en julio del 2022 (cuando ya gobernaba Lasso); contrato que para los proponentes era la principal evidencia para endosarle una responsabilidad política al primer mandatario. Inclusive, esa mención fue uno de los elementos para que la Corte Constitucional autorizara el trámite de juicio político por parte de la Asamblea.
“Por tanto, no se puede hablar de que la solicitud de juicio político, en lo que respecta a las acusaciones admitidas por la Corte Constitucional (…), tenga coherencia narrativa, por no existir la suscripción de un nuevo contrato”, consta en el informe borrador. Agrega que no se ha establecido una mínima verosimilitud de los hechos objeto de la acusación admitida a trámite por la Corte Constitucional, ni se ha logrado establecer que Lasso haya intervenido, en ninguna calidad, en el cometimiento de presunto peculado, ni siquiera como responsabilidad política.
El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (independiente), aseguró que en la elaboración de este informe dieron sus aportes los asambleístas del oficialismo Marco Troya, Ana Belén Cordero, Pedro Velasco, y él. Mientras que los asambleístas correístas Roberto Cuero, Gabriela Molina, Comps Córdova; más el socialcristiano Pablo Muentes y el independiente Bruno Segovia no presentaron “una sola línea de aportes jurídicos y técnicos para el informe de la Comisión de Fiscalización”.
Complejo panorama normativo
Para el proceso de juicio político en contra de un Presidente de la República, la Ley de la Función Legislativa establece que, vencido el plazo de actuación de prueba, la Comisión remitirá al Presidente de la Asamblea un informe motivado para conocimiento del Pleno, en el que especifique las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político del primer mandatario.
En este caso el informe no recomienda la interpelación. Por la composición de la Comisión de Fiscalización, con cinco integrantes que se han pronunciado públicamente a favor de la solicitud de los proponentes y cuatro que no ven causales para ir a un juicio político, se anticipa que no habrá los votos para que el informe sea aprobado. De darse este caso, podría presentarse un problema normativo. Contrario a los procesos de interpelación para funcionarios de menor rango, en este caso la Ley no prevé que, ante la falta de votos en la Comisión, se pueda remitir un informe de posiciones de los legisladores, para que sea el Pleno el que resuelva, ya sea el archivo o el juicio político. Tampoco hay prórroga de plazos ni menciona la posibilidad de presentar un informe de minoría.
El asambleísta Esteban Torres, del PSC, bancada que junto al correísmo impulsa el juicio político, manifestó que realizó una consulta al asesor jurídico de la Asamblea para que emita un criterio sobre cómo proceder en caso de que en la Comisión no haya los votos para aprobar el informe. “La consulta es: si existe la posibilidad de presentar un informe de minoría, lo cual no está expresamente establecido en la Ley de la Función Legislativa; o quizás, con una moción, que todo el expediente pase a conocimiento del Pleno y avance el proceso”, manifestó.
Sin embargo, Villavicencio anticipó que no aceptará el criterio que pueda remitir el asesor jurídico del Parlamento, ya que la única autoridad que puede interpretar la Ley es el Procurador General. “De no aprobarse mañana el informe, en ese estado de informe no aprobado se remitirá al presidente, Virgilio Saquicela, y una copia al presidente de la Corte Constitucional”, expresó Villavicencio. Por lo que quedará en manos del Pleno la decisión final.
Alejandro Jaramillo, asambleísta de la ID, concuerda en que deberá ser el Pleno el que defina el camino a seguir, pero considera que el juicio político “está caído”, ya que, de acuerdo con el informe borrador, los contratos señalados por los proponentes no se dieron en este Gobierno y el de julio del 2022 no existe.
Mientras que Viviana Veloz, asambleísta del correísmo que será una de las interpelantes, manifestó que el informe es una burla para el país y aseguró que fue redactado en el Palacio de Gobierno. Agregó que Villavicencio “pretende hacerle fraude a la Constitución y a la democracia porque sabe que no tiene los votos para aprobar su mamotreto”.
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