Se instalaron las primeras dos mesas, que tienen que ver con subsidios a combustibles y créditos bancarios. El inicio estuvo marcado por el rechazo de los sectores indígenas a la acusación de que el paro fue financiado por el narcotráfico.
En medio del malestar del sector indígena por las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, de que el paro de junio habría sido financiado por el narcotráfico, en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se instalaron las mesas de diálogo entre el Gobierno y los presidentes de la Fenocin, la Feine y la Conaie, con sus respectivos asesores.
Gary Espinoza, de la Fenocin, calificó de desatinada la declaración del primer mandatario y aseguró que con ella intentaría desbaratar el diálogo. Pero agregó que no caerán “en la provocación” y que seguirán en las mesas técnicas, en las que espera que el Gobierno dé soluciones al sector.
Eustaquio Tuala, de la Feine, se pronunció en igual sentido y dijo que son de palabra y se mantendrán en las mesas de diálogo. Descartó que el narcotráfico haya financiado la movilización indígena y argumentó que esa problemática no se encuentra en las comunidades, especialmente las evangélicas a las que representa, y más bien se puede encontrar en las ciudades “y hasta en el propio Gobierno”.
Leonidas Iza, presidente de la Conaie, fue más radical en sus palabras antes de que se instalaran las mesas de trabajo. Aseguró que llegan a esta cita con toda la voluntad de diálogo como instrumento válido para resolver los problemas, pero cuestionó las “descalificaciones” de Lasso en relación al paro de junio, lo que, dijo, pone en riesgo el proceso. Y lanzó su advertencia: “No podemos aceptar que se nos siga acusando de que se ha pagado ocho dólares a cada manifestante y en este caso que se ha hecho con recursos del narcotráfico. Hemos venido a ratificar nuestra decisión de avanzar en las mesas de diálogo, pero si se sigue insistiendo en las descalificaciones y en querer imponer una verdad sobre lo que no existe, nosotros nos veremos obligados a tomar una posición”, aseguró.
Solicitó a la Conferencia Episcopal que gestione ante el Gobierno para que se invite a estas mesas de diálogo al relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y que se invite a veedores de sectores sociales para evitar que la Conferencia “se incline a un solo lado”.
La voz del Gobierno
Por su parte, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, manifestó que cada uno tiene su lectura de cómo se desarrolló el paro indígena y los acontecimientos que se dieron en ese contexto. “Si bien es cierto hay razones para estar incómodos o enojados (por las mencionadas declaraciones), también hay razones para estar entusiastas y optimistas”, manifestó. Jiménez agregó que la presencia en el inicio del diálogo de varios ministros demuestra que el Ejecutivo toma con toda la seriedad del caso este proceso, al que calificó de histórico. “Estamos aquí dando la cara, poniendo nuestro contingente dispuesto a abordar con seriedad las soluciones que el país necesita”, indicó.
Las mesas técnicas
Las mesas técnicas de focalización de subsidio a combustibles, y banca pública y privada son las dos primeras que se instalaron esta mañana. Asistieron los ministros: Julio Prado, de la Producción; Bernardo Manzano, de Agricultura; Xavier Vera, de Energía; Dario Herrera, de Transporte, entre otros funcionarios del INEC, Banco Central, BanEcuador y de superintendencias.
Como aporte de la Academia, el rector de la Universidad Central, Fernando Sempértegui, actuará como facilitador de la mesa de banca pública y privada; y Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica, como facilitador de la mesa de subsidio de combustibles.
Como parte de los asesores del sector indígena se encuentran Henry Llanez, experto en temas petroleros; y Wilma Salgado, economista.
Monseñor Alfredo Espinoza, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, dijo que la meta debe ser trabajar en conjunto y lograr resultados para el bienestar del país, para construir un Ecuador de paz, justo y fraterno que tenga sensibilidad hacia los más pobres y los excluidos.
Aparte de los facilitadores, cada mesa tendrá un relator. Se informará la situación del tema solicitado por las organizaciones indígenas, se realizará el análisis, el Gobierno presentará su propuesta, que se someterá a debate para llegar a acuerdos que permitan firmar el acta de compromiso. Hasta que no se llegue a un acuerdo, el avance de las negociaciones se mantendrá en reserva, pidió Alfredo Espinoza.
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